No quieren que Cristina vote

La ofensiva de Comodoro Py contra Cristina Kirchner no sabe de pausas ni se deja condicionar por un resultado electoral adverso a los intereses de sus operadores. Mientras la expresidenta mantiene una actividad política acotada por el arresto domiciliario, dos representantes del Ministerio Público Fiscal impulsaron ayer medidas para que vuelva a ser noticia como imputada y no como líder del principal espacio opositor: el fiscal Ramiro González pidió excluirla del padrón para que no pueda votar en la elección del 26 de octubre; su par ante Casación, Mario Villar, ratificó un pedido de decomiso de bienes por un valor astronómico.
La ofensiva de Comodoro Py contra Cristina Kirchner no sabe de pausas ni se deja condicionar por un resultado electoral adverso a los intereses de sus operadores. Mientras la expresidenta mantiene una actividad política acotada por el arresto domiciliario, dos representantes del Ministerio Público Fiscal impulsaron ayer medidas para que vuelva a ser noticia como imputada y no como líder del principal espacio opositor: el fiscal Ramiro González pidió excluirla del padrón para que no pueda votar en la elección del 26 de octubre; su par ante Casación, Mario Villar, ratificó un pedido de decomiso de bienes por un valor astronómico.
La disputa judicial de CFK por su derecho al voto llegó a una instancia decisiva. En julio pasado la jueza federal Mariel Borruto, subrogante en Río Gallegos, ordenó que se la mantuviera como electora activa en su distrito “con el único propósito de que pueda ejercer su sufragio”. “Privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal, ello sin perder de vista que las normas cuestionadas no superan los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad, exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, resolvió. El fiscal nacional electoral, Ramiro González, pidió en cambio excluirla del padrón por la inhabilitación perpetua que pesa sobre ella en la causa Vialidad. El Código Penal establece que la inhabilitación incluye “la privación del derecho electoral”, mientras el Código Nacional Electoral deja fuera del padrón a “los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena”.