Colombia: «Falta que Uribe responda por los falsos positivos y los desaparecidos»
Desde Medellín
A diez meses de las elecciones presidenciales en Colombia, la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez caldea el ya polarizado panorama político del país y suscita reacciones tanto de júbilo como de rechazo, empezando por la del condenado que, al cierre de su juicio el pasado viernes, señaló que no sería un feliz fin de semana y que se había sentido tratado “de la peor manera”, exigiendo además a la jueza distancia con su familia.
Este aspecto, el familiar, resultó uno de los más polémicos en medio de la histórica sentencia, pues los hijos del máximo líder de la derecha colombiana, ampliamente cuestionados por su rápido enriquecimiento durante los ochos años de presidencia de su padre, atacaron a la jueza Sandra Heredia en sus redes sociales y declaraciones en medios de comunicación.
Según la magistrada, los hijos de Uribe, cuyas voces se destacaron por descalificarla vehemente en los últimos días, tendrían responsabilidad en la filtración de la condena a los medios. “Señor Uribe, en ningún momento me he metido con su familia y nunca lo haré, tranquilo. Siempre lo he respetado como persona y por los honores que ha tenido por estar al frente de esta patria”, aclaró la letrada.
“Si te contáramos lo que se siente que se metan con los hijos de uno”, respondieron en X las Madres de Soacha (MAFAPO) que agremian a familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el gobierno de Uribe Vélez. Según la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), tales crímenes serían 6.402, documentados por esa Jurisdicción creada por el Acuerdo de Paz y reconocidos por mandos medios del Ejército que comparecen ante la JEP en el Macrocaso dedicado a los también llamados “falsos positivos” -el Ejército engañó y ejecutó a jóvenes inocentes para hacerlos pasar como bajas guerrilleras en combate-.
Los falsos positivos ocurrieron en mayor proporción en el departamento de Antioquia en cuya capital, Medellín, existe una fosa común urbana conocida como La Escombrera donde se están hallando restos humanos desde diciembre pasado, en una capa de tierra que corresponde, según los forenses y peritos judiciales, a enterramientos realizados durante los años de presidencia de Uribe.
De allí, que otro de los aspectos que causa polémica tras el fallo sean los asuntos que el condenado aún tiene pendientes con la justicia en el marco de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante sus dos periodos presidenciales, y sus supuestos vínculos con paramilitares, siendo estos últimos los que justamente derivan en el caso del senador Iván Cepeda vs. Álvaro Uribe que termina en la condena de 12 años de prisión domiciliaria, la cual podrá ser negada o revocada por el Tribunal Superior de Bogotá.
«Falta que responda por los falsos positivos y los desaparecidos en La Escombrera”, anota Luz Elena Galeano del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, quien busca a su esposo desaparecido tras la Operación Orión, un operativo ejecutado por agentes del Estado bajo la dirección de paramilitares de los Bloques Cacique Nutibara y Orión según las declaraciones de alias Don Berna, líder para, extraditado por Uribe a Estados Unidos.
“Este es el comienzo. Aquí hay muchas más cosas qué esclarecer: Lo que pasó con las masacres paramilitares de El Aro y La Granja (en Antioquia y que han sido relacionadas con Uribe quien era el gobernador de la provincia para el momento de los hechos), así como los señalados vínculos con el narcotráfico cuando fue alcalde de Medellín. Si las investigaciones se profundizan nos vamos a dar cuenta del historial criminal de Álvaro Uribe Vélez”, opina el senador antioqueño Léon Fredy Muñoz.
Por su parte, los defensores de Uribe incluyendo su propio partido, el Centro Democrático, se enfocan en desvirtuar la idoneidad de la jueza y descalificar el acervo probatorio y en análisis de más de mil páginas, con precisión de los hechos y pruebas que fueron declaradas como legales, para desprestigiar la condena. En el sitio web del CD aparecen numerosos videos y comunicados donde señalan la supuesta falta de garantías en el caso que duró más de 13 años desde su apertura. Las versiones de la derecha cuentan con los altavoces de medios de comunicación masivos como El Colombiano, cuya directora editorializa señalando que no existe una prueba reina, enfatizando de manera completamente parcializada que “por Dios, si el expresidente Uribe ha demostrado ser fiel a la justicia, no ha fallado”.
En otros casos, los medios tradicionales comerciales con mayor alcance en el país han guardado silencio tras el fallo el pasado viernes, pese a que se trata del acontecimiento político y judicial más relevante en la historia reciente del país. Después de transmitir la audiencia, la cadena Caracol dedicó su análisis de viernes en la franja Hora 20 a repasar la historia del jean en la cultura y luego procedió a su análisis deportivo.
En la Revista Semana, por su parte, el hijo de Uribe tiene tribuna abierta para columnas como la que publicó al día siguiente de la orden de arresto domiciliario a su padre: “Álvaro Uribe es un preso político del narco-régimen de izquierda radical de FARC y Gustavo Petro”, tituló Tomás Uribe antes de una diatriba de relaciones rebuscadas entre el gobierno y el fallo: “las supuestas víctimas del caso son el actual ministro de Justicia y el principal senador y candidato presidencial del partido de gobierno, ambos artífices del acuerdo de paz con las FARC que otorgó amnistía total”.
Acá lo importante, destaca del senador Muñoz, es saber» que estamos ante el comienzo del camino de la verdad y que este fallo nos demuestra que nadie está por encima de la ley por más poderoso que crea que es”. En octubre próximo se vence el plazo del Tribunal Superior para resolver la apelación, absolver o no pronunciarse al respecto dejando sin validez el fallo de la jueza Heredia, cuyo papel, por demás, puso en el debate el asunto de género y la importancia de abrir y garantizar cargos de poder en las distintas ramas del poder público para las mujeres.
