La Cámara de Diputados se aprestaba a otorgarle media sanción al proyecto

En su primera sesión del año, la Cámara de Diputados había aprobado, en un extenso debate, la suspensión de las PASO y la ley de reiterancia. Al cierre de esta edición, debatían el tercer y último proyecto que denominó como Juicio en Ausencia. La iniciativa busca castigar delitos graves que están incluidos en el Estatuto de Roma y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Para el oficialismo y sus aliados, el proyecto tiene como objetivo acusar y condenar a los iraníes que consideran responsables del atentado a la sede de la AMIA en 1994.  

La encargada de abrir el debate de este proyecto fue la macrista Laura Rodríguez Machado. La legisladora oriunda de Córdoba consideró que el proyecto representa «el fin de la impunidad». Aseguró que se modifican el Código Procesal Penal de la Nación y el federal y advirtió que «no se toca la Constitución ni anula el derecho a la defensa». La legisladora recordó que hay muchos países donde se aplica este tipo de juicios. A modo de ejemplo puso el caso de Francia cuando en ese país se juzgó y condenó en ausencia al represor Alfredo Astiz. 

Rodríguez Machado evitó decir que ese juicio se realizó cuando en la Argentina estaban vigentes las leyes de impunidad que, cuando se derogaron, se juzgó y condenó al exmarino hoy preso. También tuvo problemas para pronunciar el apellido Astiz, lo tenía que leer. 

La todavía diputada del PRO destacó que los casos que se juzgarán son los que están «plasmados en el Estatuto de Roma y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Lo dijo sin saber que minutos después sería desmentida.

El siguiente en hablar fue el diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, quien se encargó de desmontar las supuestas razones que hay detrás de este proyecto. 

Por un lado dijo que «esta iniciativa la viste como algo legal y racional, pero en verdad estamos frente a un instituto que vulnera el bloque constitucional de la garantía del proceso penal». Explicó que no existe la defensa real y efectiva en el proyecto. Es por eso que lo calificó como «una ficción». 

Pero Tailhade destacó sobre todo que «en términos técnicos, estos delitos que serán parte de los posibles juicios en ausencia solo abarcan los que incluye el Estatuto de Roma que, dicho sea de paso, no admite el juicio en ausencia».

Por último, el diputado de UxP afirmó que el otro impedimento que existe para que este proyecto tuviese éxito es que «carecemos de una justicia independiente y que busque la verdad». Es más, advirtió que «no es el caso de la mafia de Comodoro Py y tampoco de los que están en el cuarto piso de la calle Talcahuano (en referencia a la Corte Suprema) que tienen la investigación desde 1992 del atentado a la Embajada de Israel con cero resultado». 

Mientras se desarrollaba el debate, en los palcos seguían las alternativas las autoridades de la DAIA y la exesposa del fiscal Alberto Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La macrista Sabrina Ajmechet resaltó lo que definió la «valentía» del presidente Milei al impulsar este proyecto que, afirmó, permite combatir al terrorismo.

A su turno, la diputada del FIT-Partido Obrero, Vanina Biasi, destacó que parte de los familiares de las víctimas de la AMIA «consideran que algunos sectores buscan ponerle un punto final a la causa». Es más, señaló que se trata de «una causa embarrada que ahora la presenta un gobierno que tiene funcionarios que han participado directamente en el encubrimiento de la causa AMIA y esto es siniestro». En ese sentido recordó que uno de los impulsores del proyecto es el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y que «estuvo implicado directamente en la investigación de la causa, estuvo preso por robarse un video, fue parte de lo que fue la acción política para embarrar la cancha en la causa y fue uno de los responsables de que 30 años después no haya respuesta sobre lo que ocurrió».