La justicia le da la espalda a la agenda de lesa humanidad

La Justicia también le da la espalda a la agenda judicial de lesa humanidad, a la que parece haber abandonado al punto muerto. Si bien febrero comienza con 13 juicios orales y públicos que suspendieron su ritmo en diciembre pasado por el receso de verano, no hay hasta el momento pautadas fechas de inicio de ningún debate vinculado a las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura cívico militar para los próximos meses. 

Esta semana comienza con audiencias programadas en siete de los 13 juicios de lesa humanidad cuyo ritmo fue suspendido por las vacaciones de verano. El lunes las querellas particulares continuarán ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca sus alegatos en el debate por los crímenes de lesa humanidad cometidos dentro de las fronteras de lo que fue la Zona V del Ejército. Allí son juzgados una treintena de militares y policías retirados por secuestros, torturas, homicidios, abusos sexuales, asociación ilícita y robo de bebés cometidos contra 321 personas.

El jueves reanudarán curso los dos juicios de lesa humanidad que tiene al Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata al frente. Ambos, el que repasa crímenes sucedidos en los centros clandestinos “1 y 60” y Comisaría 8va y el que vuelve a hacerlo en relación a los que tuvieron lugar en la Comisaría 5ta, transitan etapa de testimonios. 

El viernes, en tanto, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata retomará los alegatos de las defensas en el juicio por los crímenes del centro clandestino “La Huerta”, que funcionó en Tandil y de otros campos de concentración que la dictadura instaló en el centro de la provincia de Buenos Aires, y luego los testimonios en el tercer tramo del juicio por los crímenes de la Subzona 15, con epicentro en la ciudad balnearia. El mismo día, el Tribunal Oral Federal número 6 de la Ciudad de Buenos Aires seguirá oyendo los alegatos de las defensas en el juicio por una decena de homicidios por los que fueron responsabilizados en instrucción policías federales que actuaron en la Superintendencia de Seguridad Federal, el cuartel principal en territorio porteño de esa fuerza. En Mendoza, el Tribunal Federal local retomará los testimonios en el juicio por los crímenes del D2 que, según prevén las partes acusadoras, podría comenzar en marzo la etapa de alegatos. 

Recién la segunda semana del mes retomarán ritmo los dos juicios que están en curso en los tribunales federales de San Martín: el que repasa crímenes cometidos en el Área 400 y el resto de la jurisdicción militar que estuvo bajo control de Campo de Mayo y el que revisa responsabilidades en delitos de lesa humanidad de integrantes de la delegación de la Fuerza Aérea que estuvo al frente de la Zona Oeste, con centros clandestinos como Mansión Seré y la Regional de Inteligencia Buenos Aires a cargo–. También el juicio de lesa humanidad por la masacre de Pabellón Séptimo y los que dirigen tribunales de Rosario: Acindar/Villazo y Saint Amant IV. 

Agenda libre de nuevos juicios

Según indicó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en su más reciente informe –que data de diciembre de 2024–, de 668 causas que investigaron e investigan el accionar criminal con el que el Estado dictatorial, sus fuerzas de militares y seguridad, sus servicios de Inteligencia y una gran cantidad de instituciones civiles y sectores de la sociedad afines exterminaron a una parte importante de la población argentina, unas 65 están en condiciones de ser revisadas en juicio oral y público. A éstas debe sumársele, por lo menos, una más luego de que la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger enviara a debate al suboficial mayor retirado de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco Gabino Manader, acusado por la desaparición forzada del militante de la Juventud Peronista Humberto Aníbal “Cacho” Muñoz que sucedió en noviembre de 1976. De momento, ninguna de ellas tiene fecha pautada para 2025. 

La causa que más cerca está de un debate oral y público es la que investigó y procesó a exdirectivos del Ingenio azucarero La Fronterita por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En diciembre de 2021 y por insistencia de querellas y de la Fiscalía, la justicia federal de Tucumán elevó a juicio oral el expediente contra Alberto Figueroa Minetti, quien era administrador de la empresa, Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, a quienes halló responsables de los delitos violación de domicilio, secuestro, torturas, abuso sexual, violación y homicidio contra 68 personas, en su mayoría trabajadores del ingenio y referentes sindicales. Recién tres años y dos meses después, el 17 de febrero está fijada la fecha para la audiencia preliminar de ese debate que tendrá dos acusados menos en el banquillo. El debate debe, aún, sortear un obstáculo más: la Corte Suprema ordenó a Casación que revise los procesamientos. 

Los juicios de lesa humanidad contra el exgerente de Mercedes Benz Juan Ronaldo Tasselkraut, y contra Alberto Lemos, quien fue administrador del Ingenio Ledesma durante la última dictadura, siguen acumulando demoras. Ambos están acusados de participar en los crímenes de lesa humanidad que sufrieron trabajadores de las respectivas compañías. Carlos Blaquier, dueño del ingenio azucarero y empresas más poderosas del país, murió impune.

En Ciudad de Buenos Aires, que de momento solo tiene un juicio de lesa humanidad en curso, debía comenzar el 12 de febrero próximo un debate contra los militares retirados Eduardo Puricelli y Carlos Salaris por su actuación en los denominados “Consejos de Guerra Especial Estables”, instituciones castrenses creadas para intervenir en el juzgamiento de los delitos de militantes secuestrades y torturades e impedir la actuación de la Justicia penal en los expedientes en los que constaba el fusilamiento de las víctimas. La causa la instruyó el juez federal Daniel Rafecas y la elevó a juicio en 2016. El debate, que no será frente a un tribunal oral sino ante el juez federal Ariel Lijo, no comenzará pues la defensa de Salaris sostuvo que el acusado está incapacitado para afrontar el proceso. 

Los tribunales de Comodoro Py tampoco pusieron fecha para el comienzo de los juicios por la Masacre de la calle Corro, en donde deberán rendir cuentas por su accionar represivo integrantes de lo que fue el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 de Ciudadela; y el que debe respasar responsabilidades del genocida de la ESMA Jorge Rádice y de su hermana en el robo de bienes de detenides desaparecides. 

En Santa Fe hay dos juicios que aguardan con marcada demora el comienzo de sus respectivos debates. Por un lado, el segundo tramo de la causa “Laguna Paiva”, en donde un grupo de represores deberá responder por crímenes de lesa humanidad cometidos contra niños y niñas que presenciaron el secuestro de sus mapadres o fueron secuestrades con elles. Por otro, la causa “Slattery”, que tuvo fecha de inicio para diciembre pasado, pero fue pospuetso sin nueva fecha.