Vía libre para otro juicio contra Cristina Kirchner

Tal como adelantaron los medios alineados con el macrismo durante todo el fin de semana, la Corte Suprema decidió no meterse en la causa Hotesur – Los Sauces y, por lo tanto, dejó en firme el fallo de Casación que indicó que el caso debe ir a juicio. La resolución le viene muy bien a la Casa Rosada, desbordada por el feroz enfrentamiento entre Javier Milei y Victoria Villarruel. El expediente está relacionado con los hoteles y oficinas, propiedad de los Kirchner, que fueron alquilados a empresarios vinculados a la obra pública. El delito por el que se imputa principalmente a Cristina Fernández de Kirchner es el de lavado de dinero de la obra pública, pese a que esos alquileres fueron siempre en blanco, pagados con cheques y declarados ante la AFIP. La hipótesis es que en esos alquileres venía incluida una coima por la obra pública, pero -según argumentó siempre la defensa- los valores de los contratos de alquiler estuvieron siempre en línea con los precios de mercado, es decir que no involucraban coima alguna.

La mayoría automática del máximo tribunal -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda- resolvió que no correspondía meterse en el expediente Hotesur – Los Sauces porque, tras el fallo de Casación, los recursos no cuestionan una decisión equiparable a una sentencia definitiva. Es lo que en Tribunales se conoce como «artículo 280», cuando la Corte no interviene, en este caso con un argumento: que los recursos no estaban suficientemente fundamentados y que el máximo tribunal sólo se mete cuando se trata de una resolución que causa un daño irreparable. En este caso, como mandan que se haga un juicio, la Corte se expedirá sobre el fondo del asunto después que se haga el juicio, que pase por la Casación y que vuelva a llegar al cuarto piso del Palacio de Tribunales. Tal vez dentro de cinco años o más. Ricardo Lorenzetti, el otro integrante de la Corte, también aplicó el artículo 280, pero sin dar explicaciones.

La base de la causa Hotesur – Los Sauces es el alquiler de hoteles, oficinas y departamentos, propiedad de la familia Kirchner a varios empresarios, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. En el caso de Hotesur, la propiedad principal fue el hotel Alto Calafate, alquilado a Báez, mientras que en Los Sauces, se trató principalmente de un par de departamentos en Puerto Madero.

En verdad, el punto central de este expediente está en debate en el mundo entero: qué sucede con las propiedades de los presidentes durante sus mandatos. Está planteado, por ejemplo, con Donald Trump en Estados Unidos y hubo una causa con Sebastián Piñera en Chile. Trump le alquiló al estado norteamericano, en numerosas oportunidades, habitaciones en el complejo Mar-a-Lago y en el Hotel Trump de Washington. Lo mismo con decenas de empresas contratistas del estado que hicieron repetidas convenciones en varios de los resorts del ex y futuro presidente republicano. Lo curioso es que Trump hasta justificó que le cobraba más caro al Estado que a un turista común. El aparato judicial argentino no utilizó la misma vara para medir a Mauricio Macri. El ex presidente aumentó los peajes en autopistas de las que era accionista. Las acciones de esas empresas, por el aumento de peajes, pasaron de dos pesos a 90. Tampoco avanza a paso regular un pase de manos con parques eólicos, adjudicados a empresas propias y luego, sin objeción del gobierno macrista, traspasados a una empresa china, quedándose el grupo Macri con un beneficio de decenas de millones de dólares. El agregado es que buena parte de las operaciones se hicieron con sociedades en paraísos fiscales. La frutilla del postre fue el insólito blanqueo que hizo la familia Macri, su hermano y su madre, además de la sociedades que aparecieron en los Panamá Papers. 

En la causa Hotesur-Los Sauces, tanto la defensa de Cristina, Máximo y Florencia -ella finalmente fue absuelta y no irá a juicio- como la de los empresarios argumentaron que en esos alquileres no podía haber lavado de dinero de la obra pública por varias razones:

*Porque el lavado consiste en blanquear dinero negro y la obra pública se paga -y fue así siempre- con dinero en blanco, órdenes de pago del Estado. Además, los alquileres también fueron en blanco, con pagos con cheque, depósitos bancarios y contratos registrados en la AFIP. En ningún momento hubo dinero negro de por medio.

*Porque los valores de los alquileres siempre fueron a precios de mercado o incluso por debajo de esos valores. Cristóbal López y De Sousa presentaron un largo análisis comparando lo que pagaron por alquilar las unidades que alquilaron, con otras propiedades similares. Siempre el valor por metro cuadrado fue inferior al de mercado. 

*Una gran polvareda se produjo con el Hotel Alto Calafate que, según la acusación, los Kirchner le alquilaron a Báez pese a que -supuestamente- no había ocupación plena de las habitaciones. La defensa de Báez sostuvo que la empresa Valle Mitre, propiedad del santacruceño, pagó apenas 130 pesos por noche y por habitación, un valor incluso por debajo de los mayoristas de turismo. Además, los Kirchner no alquilaban habitaciones sino todo el complejo, que incluía salones y un restaurante. Otro cuestionamiento fue que algunas de las habitaciones estaban alquiladas a Aerolíneas Argentinas para alojamiento de las tripulaciones que llegaban a Calafate. El contrato fue suscripto cuando Aerolíneas estaba en manos españolas y eso fue antes de que los Kirchner compraran el hotel. Lo insólito es que en el gobierno de Macri se volvió a hacer una licitación y volvió a ganar el Alto Calafate, pero la administración de Aerolíneas no permitió que se firme el contrato.

En síntesis, las defensas -encabezadas por Carlos Beraldi- sostienen que los precios de los alquileres indican que no había ninguna coima escondida y que el origen de los fondos y las operaciones de alquiler fueron siempre en blanco. Un dato a tener en cuenta es que Báez se adjudicó obras por 21.000 millones de pesos y el alquiler del Alto Calafate fue de apenas 10 millones de pesos, con lo cual sostienen que no existe proporción alguna entre ambos valores. Los alquileres apenas son el 0,04 por ciento de la obra pública que obtuvo Báez.

Todo el proceso de las causas Hotesur-Los Sauces fue escandaloso. El fallecido juez Claudio Bonadío fue apartado del expediente Hotesur por la Cámara Federal. Entonces se armó una causa paralela, Los Sauces, que incluía bienes de Hotesur. Esa colectora quedó en manos de Bonadío. O sea, el magistrado se metió por la ventana. Después procesó a Cristina y, de inmediato, se declaró incompetente. La Cámara Federal M (por macrista) permitió semejantes maniobras. 

Sea como fuere, en el último mes, la Corte Suprema puso en marcha dos juicios contra Cristina, por Hotesur-Los Sauces y por el Memorándum de Entendimiento con Irán. La lógica indica que esos juicios se iniciarán, tal vez, en 2026. A esto se suma que en noviembre de 2025 arrancará el juicio de la causa conocida como «Cuadernos». Una ofensiva judicial con pocos precedentes.