El temor a la maldición de las segundas partes

«El que se quema con leche ve una vaca y llora». La frase de un dirigente radical sintetiza el escepticismo con el que la oposición se prepara para debatir en el Congreso, una vez más, el proyecto de ley ómnibus de Javier Milei. O al menos lo que quedó tras el desguace, con sus emergencias, facultades delegadas, privatización de 13 empresas públicas, blanqueo laboral y reforma del Estado. Los diputados están en guardia: la mayoría no le cree al Presidente sus nuevas veleidades dialoguistas –prestan más atención al hecho que no se haya dejado ver por la reunión con gobernadores– y advierten que los errores que ya habían hecho caer el proyecto de ley ómnibus están a la vuelta de la esquina. Las objeciones son las mismas e, insisten, no habrá obediencia debida. Mientras tanto, su contracara, el mega DNU, continúa pendiendo de un hilo: la oposición amigable quiere tiempo para definir qué hacer, pero el peronismo continúa trabajando para forzar una sesión que, de llevarse a cabo, podría cambiar el escenario político.

En la reunión del viernes en Casa Rosada, los gobernadores exigieron fondos para sus provincias y Guillermo Francos y Nicolás Posse les ofrecieron, en cambio, la restitución de la cuarta categoría de Ganancias y una nueva versión del frustrado proyecto ómnibus. La reimposición de Ganancias para trabajadores, por un lado, no tuvo quórum: no la acompañarán ni los gobernadores patagónicos –que representan las provincias con ingresos más altos y, por lo tanto, los que se verían más perjudicados– ni tampoco el cordobés Martín Llaryora ni Axel Kicillof (ni varios otros gobernadores peronistas). «Nos dicen que si queremos plata el costo político tiene que ser nuestro», se quejó un dirigente cordobés que estuvo al mando de las negociaciones durante el debate del proyecto de ley ómnibus y observa, hoy, que el gobierno vuelve a encarar la estrategia legislativa con torpeza. Porque mientras Francos y varios gobernadores cambiemitas celebraban la reapertura del diálogo, la mayoría de los legisladores opositores –radicales, pichettistas, peronistas– masticaban bronca por la última tanda de insultos presidenciales. 

No cayó bien la negativa de Milei de pasarse a saludar a los gobernadores, ni tampoco cayó bien el comentario escuchado en la Expoagro de que los iba a «mear» si no obedecían, tal como lo develó Página/12. Pero fundamentalmente no cayó bien la marcha atrás en el aumento de las dietas de los legisladores, no solo por el perjuicio económico sino por la demonización sobre sus ingresos que tuvo aparejada. Ahí estaban todos furiosos, pero ninguno más que Miguel Ángel Pichetto. El malestar, frente a estas actitudes, se acumula y no son pocos los que amenazan con materializar este descontento cuando llegue el momento de votar. No por nada, Victoria Villarruel no retrotrajo, como Martín Menem, el incremento que le había dado a los senadores. «Si firmás eso perdés el Senado», le advirtieron a la vice en la Cámara alta. 

Ley ómnibus 2.0

En este escenario de desconfianza y resentimiento es que el Gobierno nacional se prepara para ir por su revancha con el proyecto de ley ómnibus. Será una nueva versión, más acotada que el mamotreto original de 630 artículos que la oposición le desguazó durante el debate en la Cámara de Diputados. Contiene, sin embargo, el corazón del proyecto original. Es decir esos mismos tres capítulos que, cuando comenzaron a caerse durante la votación en particular de hace un mes, arrastraron todo el proyecto al fracaso. Esto es: las emergencias, las privatizaciones y la reforma del Estado. 

En el caso de las privatizaciones, que Milei considera clave para su plan dolarizador, el listado de empresas públicas a privatizar se terminó reduciendo de 41 a 13.  Quedaron: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo S.A.U, Nucleoeléctrica, Banco Nación, Arsat, AYSA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Ferrocarriles Argentinos. El oficialismo pretende aprobar este capítulo sin modificaciones, pero desde el radicalismo ya advierten que eso será imposible. Vuelven a resurgir, así, las propuestas que le habían elevado al oficialismo durante las horas previas al derrumbe de la ley en febrero, como la posibilidad de tratar cada privatización por separado o de incluir un capítulo de transparencia sobre todo el proceso privatizador.

Una discusión similar se anticipa sobre los otros dos capítulos. En el caso de emergencias, también hubo una drástica disminución: solo quedaron la declaración de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética. En este punto, sin embargo, volverán a escucharse varias voces críticas a la posibilidad de cederle al Presidente la facultad de modificar o eliminar los fondos fiduciarios (el famoso inciso que, durante la votación en particular, terminó haciendo caer el resto de la ley). Lo mismo sucederá en el capítulo de Reforma del Estado, que le da facultades al presidente a eliminar o suspender organismos públicos descentralizados –como el INADI– así como también a meter la mano en los fideicomisos y fondos fiduciarios.

«El gobierno ya sabe ahora dónde está la línea roja, saben dónde no están los votos. Pero si cree que apretando a los gobernadores va a poder manejar el Congreso la va a chocar de nuevo», advirtió un diputado de Hacemos Coalición Federal (HCF), haciendo hincapié en un punto que destacan varios dirigentes opositores: en la Cámara de Diputados, los legisladores que responden a los gobernadores son una minoría. No alcanza con negociar con los gobernadores, al menos no en la Cámara baja: allí son varios los diputados que son opositores en sus territorios o que, incluso, no deben obediencia debida a sus mandatarios. En diálogo con Página/12, por ejemplo, al menos dos diputados advirtieron que, pese a lo que sus gobernadores manden, no están dispuestos a acompañar las emergencias. 

El escenario no es el mismo que hace un mes, insisten. «Milei perdió oxígeno. Ya no me importa que me puteé por Twitter», deslizó uno de los diputados que el presidente había señalado como responsable del fracaso del proyecto ómnibus. Es por eso que varios ya comenzaron a impulsar una agenda fiscal alternativa, de modo de presionar al oficialismo para avanzar en temas que afectan directamente a las provincias. HCF ya convocó a dos sesiones, una para modificar la fórmula de actualización jubilatoria y otra para aprobar la prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). La UCR, mientras tanto, presenta proyectos para compensar la pérdida que generó la motosierra sobre el financiamiento de las provincias: en uno el jujeño Jorge «Colo» Rizzotti reclama crear un fondo compensador para el transporte automotor del interior, en otro Julio Cobos pide también para prorrogar el FONID.

«Basta de dilaciones», sostienen desde los bloques de la oposición amigable, en donde miran con atención lo que sucede en el Senado. Allí se espera que la semana que viene Villarruel convoque a una sesión que modifica la ley de lavado de dinero –un requerimiento de organismos internacionales que ya había tenido media sanción durante el gobierno de Alberto Fernández– y el peronismo está atento a la posibilidad de incluir el DNU en el temario. De conseguir el número –hay una discusión técnica respecto a si se necesitan o no los dos tercios– el DNU se trataría y, afirman, hay posibilidades de rechazarlo, generando un terremoto en la dinámica de negociación del gobierno libertario.