Profundizan la investigación por supuesta evasión y enriquecimiento al exgobernador Colombi
La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de la defensa de un exfuncionario y su esposa sospechados de ser testaferros del exgobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, en el marco de una causa por presuntos enriquecimiento y evasión tributaria, informaron fuentes judiciales.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, rechazó este miércoles, al declarar inadmisible, un recurso de la defensa del exdirector del Pami en Corrientes, Marcelo Hernán Laslo y de su esposa, María Elena Haddad, que intentaron revocar la investigación que había sido cerrada en 2018 pero reabierta este año por denuncias de enriquecimiento y evasión.
Se investiga una maniobra en la que el matrimonio, a través de dos escribanas -una de las cuales está condenada en esta causa- traspasó a Colombi dos casas ubicadas en el casco céntrico de la capital de Corrientes.
De esa operación se desprendió una investigación por evasión y enriquecimiento ilícito tanto para el exmandatario provincial, como para Hadad y Laslo, quien, a su vez, atesoraba fondos en una casa financiera fraudulenta, la cooperativa Pyramis, no habilitada por el Banco Central de la República Argentina y que este año fue cerrada con una condena de la Justicia federal.
Concretamente, la medida dictada por la Casación ratifica que están revocados tres puntos de la resolución dictada en 2018 por el Juzgado Federal de Paso de los Libres al sobreseer a Colombi, Laslo y Hadad, tanto como a las escribanas involucradas y negar la conexidad con la causa por el banco clandestino Pyramis.
En esos marcos es que actualmente la causa es orientada por el Juzgado Federal 2 de la capital, a cargo del juez Juan Carlos Vallejos.
Esto es así dado que el fiscal General de la órbita federal en Corrientes, Carlos Schaefer apeló los sobreseimientos hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia dela Nación, que el 12 de julio de 2022 declaró procedente el recurso extraordinario del Ministerio Público Fiscal, dejó sin efecto la resolución que alivió las situaciones del exgobernador y los supuestos testaferros y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento.
