Sigue el juicio político a los miembros de la Corte, pero sin la presencia de Marchi
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará el miércoles las audiencias por el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema con una nueva tanda de testigos por las irregularidades en la obra social de los trabajadores judiciales y postergará para la semana próxima la citación a Héctor Marchi, el exadministrador del máximo tribunal, quien avisó que no podrá concurrir porque debe declarar ese mismo día ante el juez Ariel Lijo por la misma causa.
Marchi declarará como testigo en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial desde el año 2020 en adelante y fue convocado por Lijo, luego de presentar un escrito ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, donde se había puesto a disposición para declarar como testigo para «ofrecer prueba» en el expediente «respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación».
Por eso, el exadministrador del máximo tribunal pidió postergar su declaración en torno a la situación del máximo tribunal y el manejo de la obra social de los trabajadores judiciales, que presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema.
En esta nueva audiencia, convocada para el miércoles a las 15, fueron citados nuevamente el extitular de la obra social, Aldo Tonón; el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quien ya había sido convocado en la última audiencia y no concurrió; el contador Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la obra social; el Director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi; una secretaria de Juan Carlos Maqueda y un damnificado por la obra social.
Se trata de la decimosegunda reunión de la comisión de juicio político desde que se inició el trabajo de ese cuerpo parlamentario, el 26 de enero pasado, para determinar si los jueces del máximo tribunal incurrieron en mal desempeño de sus funciones.
La presidenta de la comisión de Juicio Político de la cámara baja, Carolina Gaillard, confirmó a Télam que Marchi «avisó que no va venir porque tiene que ir a declarar ante Lijo pero lo vamos a volver a citar el martes 9 de mayo porque él se comprometió en la última audiencia a volver» para ampliar su testimonio.
En la última audiencia de la comisión, y tras el polémico desplazamiento de su cargo, Marchi denunció ante los legisladores una «sanción encubierta» y «amenazas» contra funcionarios de los Tribunales.
De todos modos, la diputada nacional del FDT confirmó que la comisión recibirá una nueva tanda de testigos, entre ellos, volverá a citar al ex extitular de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), Aldo Tonón, y si no concurre nuevamente anticipó que se votará una resolución donde, dijo, «le comunicamos al juez la incomparecencia y le pedimos que lo tragan por la fuerza pública».
Tonón ya se ausentó en dos oportunidades y en los últimos días se le cursó una tercera citación bajo advertencia de tramitar su presencia por la fuerza pública a partir de la correspondiente vía judicial.
Marchi, por su parte, en el primer tramo de sus declaraciones ante los diputados que estudian la conducta de los cuatro integrantes del alto tribunal, fue muy crítico de Juan Carlos Maqueda, de quien dependía la obra social, y planteó que «no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles».
En su exposición, Marchi leyó un informe previo a las preguntas de los legisladores, donde aseguró que «nuestro traslado fue una sanción encubierta, que incluyó a todas las personas que trabajamos en la auditoría de la obra social», sobre la cual hubo denuncias de presuntas irregularidades.
En ese sentido, el funcionario judicial dijo que «en este tiempo, luego de que esta situación tomó estado público, se han producido un montón de hechos que tienen que ver con mi persona».
Tras esa declaración, Gaillard le envió un escrito al ministro de Justicia, Martín Soria, donde le transcribe párrafos completos de lo dicho por Marchi ante la comisión, con el objetivo de que se «arbitren los medios que resulten conducentes para preservar y garantizar la seguridad laboral e integridad física del testigo y de los trabajadores, quienes serían pasibles de hostigamiento, conforme lo mencionado por el testigo»:
«El testimonio de Marchi resulta relevante para la comisión dada su extensa trayectoria -durante 20 años- en el cargo de secretario general de Administración. En su declaración realizó graves y preocupantes manifestaciones, revelando haber sido objeto de amenazas y seguimientos, a partir de su desplazamiento», cuenta la diputada Gaillard en la nota a Soria.
De esta manera, el cuerpo parlamentario continúa con el tratamiento del pedido de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.
En las primeras audiencias, la comisión inició la investigación con la presencia de testigos para analizar en primer término el controvertido caso del 2×1 conocido como «fallo Muiña», en el cual el máximo tribunal en mayo de 2017 aplicó el régimen de dos días de cárcel computados por cada día de prisión efectiva a un autor de delitos de lesa humanidad y se analizó un eventual un acuerdo entre el gobierno del expresidente Mauricio Macri y los jueces de la Corte para beneficiar a represores.
Tras la investigación por las irregularidades en la obra social de los judiciales, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
Por esa causa, la comisión tiene previsto citar más adelante a los gobernadores que firmaron el proyecto de juicio político -impulsado por el presidente Alberto Fernández- al ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para brindar precisiones sobre el litigio entre Nación y Ciudad de Buenos Aires.
