Denuncian que la ‘patota de Joe Lewis’ cercó y amenazó a manifestantes en Lago Escondido
Un grupo conformado por integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que se encuentra en Lago Escondido para reclamar la recuperación de esas tierras «como parte del territorio nacional» denunció haber recibido «amenazas verbales y amedrentamiento» por parte de personas encapuchadas que trabajan Joe Lewis, el magnate inglés que posee tierras en ese lugar y que mantiene un litigio con la Justicia.
Voceros de los manifestantes del MTE, que lidera el dirigente Juan Grabois, aseguraron que fueron cercados por personal de Lewis que les impidieron salir del lugar cuando intentaban retirarse.
«Todos los integrantes estaban bien, aunque durante el día sufrieron distintos tipos de hostilidades por parte de las patotas de Lewis. Amenazas verbales y amedrentamiento de personas encapuchadas, movilización de patoteros a caballo y con perros escoltados por la policía de Río Negro y cercamiento de terreno para impedir la salida de un grupo que debió abandonar el lugar por razones de fuerza mayor. Son algunas de las prácticas que tensionaron el ejercicio de la soberanía y acceso público al Lago», indicaron desde el MTE a través de un comunicado.
«Amenazas verbales y amedrentamiento de personas encapuchadas, movilización de patoteros a caballo y con perros escoltados por la policía de Río Negro y cercamiento de terreno para impedir la salida de un grupo que debió abandonar el lugar por razones de fuerza mayor»
La delegación, que ingresó al lago por el camino de sirga, está encabezada por Grabois; el diputado nacional Federico Fagioli; abogados, trabajadores de prensa y representantes de organizaciones sociales.
Los militantes indicaron que se quedarán en Lago Escondido «por tiempo indeterminado» en señal de protesta y pidieron «la presencia de fuerzas federales para garantizar la seguridad de quienes están defendiendo nuestra soberanía, frente al amedrentamiento de las patotas de Lewis».
Desde el MTE denunciaron que desde el martes por la noche «no tienen comunicación con la delegación en Lago Escondido» ya que sospechan que las señales de sus teléfonos «fueron inhibidas como forma de amedrentamiento».
«Por la noche la delegación iba a acampar a orillas del Lago al que todos deberíamos tener acceso. Repetimos que a causa de la inhabilitación de la comunicación por parte de la estancia Hidden Lake no tenemos contacto con ellos desde las 18 horas del día 27», expresaron.
Finalmente, indicaron que el objeto de la permanencia frente a las costas del lago es «que los gobernantes nacionales, provinciales y locales se comprometan a cumplir con el fallo judicial que obliga a abrir el camino público al Lago».
«Para que deje de ser la sede del Estado Paralelo donde solo llegan algunos serviles al poder real para hacer negociados espurios contra nuestra soberanía, y se convierta en un lugar de libre acceso para el pueblo», concluyeron.
Un magnate con las leyes
Lewis posee cerca de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, un paraje ubicado en la zona cordillerana de Río Negro, y desde 2005, el magnate se encuentra en conflicto con las leyes argentinas.
La Cámara de Bariloche le ordenó este año a la provincia de Río Negro que, en un plazo de tres meses, garantice a la población el tránsito por un camino de acceso al Lago Escondido, lindante con la propiedad de Lewis.
Sin embargo, el Gobierno de Arabela Carreras decidió apelar ese fallo ante el superior Tribunal de Justicia de la provincia.
La Justicia de Bariloche ratificó de esta forma un fallo de 2013 que ordenó habilitar ese sendero cordillerano, en una causa que se inició 17 años atrás.
Según el Código Civil de la República Argentina, los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2.340), mientras que la Constitución de la provincia de Río Negro «asegura» el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).
En abril pasado, la Inspección General de Justicia (IGJ) requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake S.A., propiedad de Lewis, por considerarla una «pantalla jurídica» para «frenar la aspiración» de cualquier persona a acceder a Lago Escondido.
