Aumento del gasto de viaje: la red de peajes amplía su cobertura con 27 tramos de rutas nacionales
El Ejecutivo nacional extendió la Red Federal de Concesiones, mecanismo mediante el cual se transfiere al sector privado la gestión, conservación y renovación de las vías nacionales a cambio del cobro de peajes.
Esta medida se formalizó mediante el Decreto 1358/2026, publicado el pasado viernes en el Diario Oficial y suscrito por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La disposición permite que carreteras actualmente bajo gestión estatal se incorporen al régimen de concesión establecido por la Ley 17.520. En conjunto, se contemplan 27 secciones susceptibles de licitación.
La provincia de Buenos Aires aglutina la mayor parte de los tramos. Se incluyen la ruta 3, en el segmento que comparte con Chubut y Santa Cruz; la 22, en la zona de La Pampa; la 33; la 35, que también atraviesa La Pampa y Córdoba; la 228 y el acceso A0017. Asimismo, la ruta 9 se incorpora en sus recorridos por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
En el Litoral y el NEA se incorporan la 11, que cruza Santa Fe, Chaco y Formosa; la 12, en Entre Ríos; la 14, entre Corrientes y Misiones; y la 16, en los tramos de Santiago del Estero, Chaco y Salta. A ello se suman las rutas 81 y 86 en Formosa, las 120, 121 y 122 en Corrientes, y la 89, entre Chaco y Santiago del Estero.
En la Patagonia aparecen las rutas 25 y 26, ambas ubicadas en Chubut, y la 237 en Neuquén. El listado se completa con la 34, entre Jujuy y Salta; la 38, en Córdoba y La Rioja; la 50, en Salta; las 60 y 158, en Córdoba; y las 151 y 152, en La Pampa.
Cada carretera podrá incorporarse total o parcialmente a los futuros corredores, siempre que dichos sectores no estén ya bajo régimen concesional. La única excepción corresponde a las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, que habían sido incluidas en fases anteriores del programa.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, asumirá la tarea de definir los nuevos tramos a partir del anexo del decreto, con un informe técnico previo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La cartera de Caputo redactará los pliegos, convocará licitaciones tanto nacionales como internacionales, evaluará las propuestas y suscribirá los contratos. El plazo establecido para las convocatorias es de 12 meses contados a partir de la entrada en vigor del decreto.
Las empresas adjudicatarias podrán ejecutar, operar, reparar, ampliar y mantener los corredores, así como desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales al peaje. La supervisión de dichos contratos quedará a cargo de la DNV, que actuará como autoridad de aplicación.
Según el Ejecutivo, la participación del sector privado posibilitará financiar obras y su mantenimiento, optimizar la fluidez del tráfico, reforzar la seguridad vial y reducir los costos logísticos, sin comprometer recursos del Estado ni el equilibrio de las cuentas públicas.
El programa se sustenta en la Ley Bases, que amplió las competencias del Poder Ejecutivo para otorgar concesiones y declaró sujeta a privatización a Corredores Viales S.A.. Conforme a los antecedentes citados en el decreto, las fases I, II, II‑B y III ya fueron licitadas y adjudicadas, abarcando corredores como el Oriental, el Atlántico, el Mediterráneo, el Litoral y el Mesopotámico, entre otros.
Fuente: Ambito.com
