Corte Suprema avala la reforma electoral de Salta y transfiere la de Tucumán al ámbito nacional
En las provincias del norte el debate sobre las elecciones de 2027 trasciende los partidos y las encuestas, extendiéndose también a los tribunales. En días diferentes, dos de los gobernantes más relevantes del NOA recibieron resoluciones judiciales que afectan las normas bajo las cuales pretenden competir en las próximas votaciones. En Salta, la Corte de Justicia provincial allanó el camino para la nueva normativa electoral propuesta por Gustavo Sáenz; mientras que en Tucumán la Corte Suprema de la Nación dio inicio formal a la causa que busca impedir que Osvaldo Jaldo se postule nuevamente.
La Corte de Justicia de Salta, por unanimidad, desestimó las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley 8.535, aprobada por la Legislatura el 30 de abril bajo la denominación oficial de Ley de Participación Democrática. En los corredores legislativos y entre la oposición se la conoce como una Ley de Lemas encubierta.
El pronunciamiento resolvió simultáneamente tres expedientes. Uno de ellos fue presentado por Carlos Zapata y Lourdes Ríos Ayllón (de La Libertad Avanza), otro por el dirigente de izquierda Claudio Del Plá, y el tercero por Alejandro Patrón Costas (Partido de la Reconquista). Los recursos cuestionaban los pilares de la norma: el sistema de acumulación de votos dentro de cada frente, la exigencia de presentar candidaturas en al menos quince de los veintitrés departamentos para optar al gobierno provincial y la obligación de que cada frente electoral integre como mínimo a dos partidos.
El modelo altera la lógica competitiva, pues ya no se enfrentan candidatos individualmente, sino frentes completos. En consecuencia, los votos obtenidos por todas las listas de un mismo bloque se suman, y dentro del frente ganador se impone quien haya alcanzado la mayor cantidad de votos personales. De este modo, un candidato puede resultar electo aunque otro aspirante de un bloque distinto haya recibido más sufragios de manera aislada, lo cual es el punto que la oposición critica.
Los magistrados rechazaron esos argumentos al sostener que las provincias gozan de plena autonomía para definir su propio régimen electoral, conforme a la Constitución Nacional, y que la Carta Magna salteña delega esa materia a la legislación, otorgando amplias competencias a la Asamblea. Según el tribunal, la elección de un sistema electoral constituye una decisión política de oportunidad y conveniencia que no corresponde ser revisada por la Justicia. Asimismo, consideraron que el mecanismo de asignación de cargos respeta la elección directa, pues los ganadores emergen del voto popular sin intermediarios institucionales.
Respecto a la exigencia de los quince departamentos, el fallo la calificó como razonable, ya que busca que quien aspire a la gobernación posea presencia y organización en todo el territorio provincial. Con el mismo criterio, se validó el requisito de un mínimo de dos partidos por frente, argumentando que garantiza una mayor representatividad. No se identificó vulneración del principio de igualdad, pues la norma diferencia entre partidos y alianzas, que son figuras distintas.
La reforma incorpora además otras modificaciones, como la ampliación de los plazos para la inscripción de frentes y la presentación de candidaturas, y la obligación de abrir todas las mesas de votación para efectuar un recuento manual de los comprobantes impresos del voto electrónico, bajo la supervisión de fiscales de todas las fuerzas.
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Desde sus inicios, figuras como el exgobernador Juan Manuel Urtubey y representantes de La Libertad Avanza denunciaron la norma por considerarla restrictiva para las fuerzas menores y por favorecer al oficialismo estructurado, que podrá gestionar sus internas dentro del mismo bloque sin fraccionar los votos. El bloque oficialista la defendió como una modernización del sistema y negó que se tratara de un retroceso a los lemas. Subyacente a la discusión está el hecho de que Sáenz está cumpliendo su segundo mandato y que, en la provincia, persiste el debate político y judicial sobre la posibilidad de que vuelva a postularse. Todo ello ocurre en un tribunal que el propio gobernador amplió a nueve miembros y al que este año se incorporaron dos jueces propuestos por el Poder Ejecutivo.
Un abogado salteño vinculado a la Casa de Gobierno provincial, consultado por Ámbito, precisó que no conviene extrapolar el fallo más allá de lo expresamente señalado. En efecto, la Corte de Salta se limitó a analizar la compatibilidad de la nueva ley electoral con las constituciones provincial y nacional, sin pronunciarse sobre los requisitos de elegibilidad ni sobre los límites a la reelección. Según el jurista, el propio tribunal aclaró que las condiciones personales para acceder al cargo continúan definidas por la Carta Magna provincial. Por ello, la decisión no habilita ni impide una eventual nueva postulación de Sáenz. Hasta la fecha no se ha presentado una candidatura oficial ni una acción judicial al respecto, y tampoco existe una sentencia definitiva. Si el gobernador decidiera presentarse, esa cuestión tendría su propio trámite, con argumentos diferentes y en otro momento.
Tucumán: la Corte Suprema consulta a Casal
Mientras la normativa salteña quedó asentada, en Tucumán la controversia judicial apenas se inicia, pues la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema solicitó a la Procuración General que emita un dictamen sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la oposición contra el artículo 90 de la Constitución provincial. El informe será elaborado por el procurador interino Eduardo Casal y carecerá de carácter vinculante.
La consulta posee un alcance limitado, ya que Casal deberá pronunciarse sobre la competencia originaria del tribunal para conocer la demanda. No se abordará, al menos por el momento, el fondo del asunto, es decir, si Jaldo está habilitado para competir. En caso de que la Corte se declare competente, el proceso será remitido a la provincia, que dispondrá de 60 días para responder.
La acción fue interpuesta el 26 de octubre por el diputado nacional Mariano Campero, de Cambia Tucumán, con el apoyo de Fuerza Republicana, el PRO y CREO. Los demandantes sostienen que el artículo 90 permite encadenar mandatos entre la vicegobernación y la gobernación, hasta alcanzar dieciséis años consecutivos al frente del Ejecutivo, lo que vulneraría el principio republicano de alternancia que deben respetar las provincias. En su caso, Jaldo fue vicegobernador entre 2015 y 2023, estuvo a cargo del Ejecutivo mientras Juan Manzur ejercía como jefe de Gabinete de la Nación y asumió como gobernador en 2023.
El Ejecutivo tucumano respondió en dos frentes: por una parte, la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls defendió la validez del artículo invocando la autonomía provincial, afirmó que la cláusula no admite interpretaciones alternativas y cuestionó que los opositores hayan acudido directamente a la Corte nacional sin agotar la vía judicial local. Por otro lado, rechazó la analogía con el caso del exgobernador Juan Manzur en 2023, quien intentó volver a ser vicepresidente para lograr un quinto mandato consecutivo. Jaldo, inicialmente, calificó la demanda como una maniobra política destinada a excluirlo de la contienda; días después moderó su tono, declaró que acatará la decisión judicial, que no está aferrado al poder y que se siente preparado para ejercer la gobernación durante otros cuatro años.
El factor temporal resulta crucial, pues Tucumán ha dividido sus elecciones y votará el 9 de mayo de 2027, de modo que las candidaturas deberán oficializarse al menos un mes antes. Los precedentes son relevantes: en 2023 una medida cautelar del máximo tribunal impidió la postulación de Manzur y la causa quedó en suspenso cuando él se retiró, sin que la Corte se pronunciara sobre el fondo del artículo 90. Ese mismo año, Casal dictaminó que el sanjuanino Sergio Uñac no podía ser candidato, pese a que inicialmente había sostenido que la Corte no debía intervenir en elecciones provinciales; el tribunal se declaró competente de igual forma. En diciembre de 2024, la Corte declaró inconstitucional la reelección indefinida en Formosa.
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En los juzgados circulan distintas interpretaciones. Algunos sostienen que la Corte no desea convertirse en árbitro anticipado de la política y que solo intervendría una vez que la candidatura esté oficializada. Otros advierten que el desenlace dependerá de la solidez de los argumentos presentados por la oposición. En el plano político, la causa también generó controversia dentro del antikirchnerismo, pues el libertario Lisandro Catalán, candidato a gobernador en Tucumán y miembro del directorio de YPF, criticó a los sectores que impulsaron la acción.
En ambos escenarios, Salta y Tucumán, la cuestión esencial es idéntica: ¿hasta dónde llega la autonomía provincial para establecer sus propias reglas y cuándo la Justicia decide imponer un límite? A menos de seis meses del cierre de listas, la respuesta pesa tanto como cualquier encuesta.
Fuente: Ambito.com
