El triunfo demócrata en EE. UU. desafía el futuro de los centros de datos
Los comicios de mitad de mandato celebrados el 3 de noviembre no solo otorgaron a los demócratas la mayoría absoluta del Congreso estadounidense y representaron un duro revés para la dirigencia del presidente Donald Trump, sino que también pusieron de relieve una tendencia que inquieta a las grandes corporaciones tecnológicas: la oposición ciudadana a la creación de centros de datos y al despliegue de la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un elemento decisivo en la boleta electoral.
Este nuevo panorama abre la posibilidad de una regulación más estricta de dicha infraestructura, que podría abarcar desde limitaciones a la autorización de nuevos emplazamientos hasta mayores obligaciones para las compañías y la incorporación de mecanismos de participación de las comunidades locales. Con los republicanos aún al mando del Poder Ejecutivo, el país se dirige hacia un entorno de marcada polarización política.
La fricción generada por los centros de datos tras la victoria demócrata
La inquietud respecto a los centros de datos, piezas fundamentales para el desarrollo y la operatividad de los sistemas y modelos de IA, se posicionó como una de las principales preocupaciones en las urnas de varios estados. Una encuesta de salida de urna realizada por NBC reveló que más de la mitad de los electores considera que la inteligencia artificial producirá más perjuicios que ventajas.
Archivo. La infraestructura esencial para la IA se enfrenta a reclamos sociales en EE. UU.
Asimismo, cerca del 80 % se opuso a la instalación de centros de datos en sus vecindarios y aproximadamente el 60 % afirmó que estas instalaciones influyeron de manera decisiva en su voto.
Los defensores de la expansión de esta infraestructura argumentan que Estados Unidos debe conservar su ventaja tecnológica y militar frente a China. No obstante, el debate – que se ha intensificado tras los resultados electorales – parece orientarse a determinar quiénes se beneficiarán con estos proyectos y qué segmentos sociales deberán asumir los efectos colaterales.
En diversos estados, los votantes manifestaron su rechazo al desarrollo de la inteligencia artificial, pese a los cientos de millones de dólares que los super PAC vinculados al sector tecnológico destinaron a intentar influir en los resultados.
Ohio se erigió como uno de los territorios donde la resistencia tuvo mayor repercusión. Allí, OpenAI tiene previsto un proyecto de centros de datos valorado en US$500 000 millones, con más de US$100 000 millones en financiación respaldada por Nvidia.
Simultáneamente, un condado del mismo estado donde Meta planificaba erigir una instalación de 700 000 pies cuadrados aprobó una prohibición para este tipo de desarrollos. En otras localidades, las propuestas para habilitar nuevas instalaciones fueron también rechazadas de forma contundente.
Los analistas de Morgan Stanley advierten que Amy Acton, gobernadora electa demócrata de Ohio, podría representar un obstáculo significativo para la ampliación de dichos proyectos. La tendencia se replicó en otras regiones: candidatos de Texas, Maine, Michigan, Nevada, Georgia y Carolina del Sur lograron escaños después de posicionarse contra el crecimiento acelerado de los centros de datos.
Entre las medidas que podrían ganar terreno con la nueva configuración del Congreso – y el posible cambio de signo político en algunas gobernaciones – se encuentran las moratorias a nuevas construcciones y la exigencia de que las propias compañías sufragan las mejoras necesarias en la red eléctrica. El objetivo sería impedir que los costos de ampliar la infraestructura energética se trasladen a los usuarios y a las comunidades circundantes. En esa línea, Goldman Sachs anticipa posibles retrasos en proyectos de centros de datos en estados como Georgia y Texas, a raíz del avance electoral demócrata.
Propuestas legislativas que podrían prosperar en el Congreso estadounidense
El nuevo equilibrio parlamentario también podría favorecer la aprobación de iniciativas ya presentadas en el Congreso. Una de ellas es el proyecto impulsado a principios de este año por el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio‑Cortez, que propone establecer una moratoria nacional para la construcción de nuevos centros de datos.
Esta propuesta plantea suspender cualquier nueva obra hasta que el Congreso defina salvaguardas que aseguren que dichos desarrollos no encarezcan las tarifas eléctricas, no generen daños ambientales y cuenten con la aceptación de las comunidades afectadas. No obstante, incluso si avanzara en el Congreso, la iniciativa podría enfrentarse a un veto presidencial.
Otra legislación que podría ganar impulso es la Ley de Ahorro de la Red Eléctrica, presentada por el senador de Nuevo México Martin Heinrich. Su finalidad es evitar que los costos de la infraestructura eléctrica necesaria para abastecer a los grandes centros de datos de IA recaigan sobre las poblaciones locales.
El impacto ambiental también figura entre las principales preocupaciones. Los casos de Memphis, donde opera el centro de datos de xAI, y de Virginia, considerada la capital mundial de estas instalaciones, suscitaron cuestionamientos por el uso de turbinas de gas para generar electricidad.
En Texas, tanto la flamante ganadora, Gina Hinojosa, como el gobernador saliente, Greg Abbott, defendieron la implementación de ciertas restricciones. Sin embargo, la gobernadora electa convirtió su oposición a estas instalaciones en uno de los ejes de campaña, una postura especialmente relevante en Texas, donde la red eléctrica mostró vulnerabilidades durante la última década.
El enfrentamiento entre las grandes tecnológicas y las comunidades locales
Durante el último mes, las inquietudes expresadas por residentes de distintas localidades se centraron en el impacto ambiental de estas instalaciones y, sobre todo, en la escasa participación en las decisiones sobre su edificación.
El caso de Amazon en Gilroy, California, ilustra la situación. La empresa erigió allí un centro de datos sin que gran parte de los habitantes estuviera al tanto del proyecto, aprovechando una normativa de zonificación aprobada hace 45 años. Las regulaciones ambiguas o desactualizadas y los acuerdos de confidencialidad que impiden a funcionarios locales hablar públicamente sobre determinados desarrollos profundizaron el malestar.
A ello se suman los beneficios fiscales concedidos a las compañías tecnológicas, que acumularon miles de millones de dólares en exenciones impositivas. Aunque las empresas resaltaron los beneficios económicos de sus proyectos, entre ellos la generación de empleo y los programas comunitarios, esos argumentos no lograron convencer a una parte importante de los residentes.
El reclamo social que se intensifica en EE. UU. apunta, en última instancia, a recuperar la capacidad de decisión sobre lo que ocurre en sus propios barrios. Asimismo, persiste el temor de que el crecimiento de la inteligencia artificial concentre aún más riqueza en un reducido número de empresas y empresarios, mientras las comunidades asumen los costos ambientales y energéticos y enfrentan un aumento del costo de vida.
Fuente: Ambito.com
