Escándalo en Azul: funcionario del Concejo Deliberante enfrenta imputaciones por estafas
Rodrigo David Santamaría Martini (38 años), líder del partido GEN en Azul y prosecretario legislativo del Concejo Deliberante de esa jurisdicción, presentó su renuncia el pasado viernes a ambos cargos tras ser acusado penalmente por presuntas estafas relacionadas con una supuesta gestión financiera informal en dólares.
La dimisión del Concejo se envió por correo electrónico y fue aceptada el mismo día mediante el Decreto 1.007, suscrito por el presidente del cuerpo, el libertario Juan Ignacio Furiasse, quedando vigente a partir del 9 de octubre bajo la causal de “motivos personales”.
El caso trasciende el ámbito privado. Santamaría Martini no era un ciudadano corriente: dirigía un partido con representación en la Cámara y ocupaba un puesto jerárquico dentro del organismo deliberativo. Según la documentación judicial consultada por Ámbito, los denunciantes lo identificaron precisamente por esa posición, y sus primeras víctimas fueron amistades y conocidos que depositaron su confianza en él.
La causa quedó bajo la competencia de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Azul, liderada por el fiscal David Carballo. Se dio inicio a la investigación con denuncias presentadas en la Comisaría Primera de Azul la noche del 7 de octubre, cuando cuatro personas declararon haber entregado, en conjunto, más de US$ 86.000.
En los días siguientes se incorporaron otras dos denuncias a la Fiscalía, por lo que ya se contabilizan seis afectados y el total de los montos asciende a aproximadamente US$ 100.000, según confirmó Carballo a Ámbito. Una de las denunciantes indicó que, según sus cálculos, la deuda superaba los US$ 100.000.
Modo de operación de la supuesta “financiera”
El primer denunciante, Abel, de 67 años, explicó que hace cerca de diez meses se enteró por un familiar de que Santamaría Martini gestionaba una “financiera personal”: recibía fondos y, mensualmente, entregaba los rendimientos.
En una entrevista directa, el ahora exfuncionario señaló que el ingreso mínimo era de US$ 1.000 y que el capital podía incrementarse progresivamente. Abel aportó US$ 5.000 en enero, luego US$ 10.000 a final de mes y, al percibir los intereses “puntualmente”, fue incrementando su inversión hasta alcanzar US$ 31.000.
Otra denunciante, Claudia, de 55 años, afirmó haberlo conocido como amigo de su hija hace aproximadamente un año y medio y haberle entregado US$ 20.000. Según su relato, Santamaría Martini le prometía un 10 % de interés mensual y aseguraba que su “garantía” provenía de una consignataria de hacienda.
Durante varios meses percibió alrededor de US$ 2.500 mensuales. Su hijo, Tomás, de 21 años, declaró que comenzó en marzo con US$ 1.650 y que el denunciado le garantizaba entre un 18 % y un 20 % de rentabilidad mensual. Al reinvertir los beneficios, acumuló US$ 10.450.
Un cuarto perjudicado, Alessandro, de 32 años, quien se describió como amigo cercano del denunciado, relató que desde octubre de 2025 le había entregado US$ 25.000 y que nunca retiró los beneficios porque siempre le ofrecían nuevas oportunidades de inversión.
Todos coincidieron en un punto: las transacciones se realizaban en efectivo, sin recibos ni documentación formal, quedando constancia únicamente en conversaciones de WhatsApp, que fueron incorporadas al expediente. En esos mensajes se observan los acuerdos de pagos y renovaciones “a 30 días”.
En uno de esos chats, el propio Santamaría Martini detalla las condiciones: por US$ 5.000, pagaba 900 de ganancia a los 30 días o 1.800 si el capital permanecía 60 días. En otro mensaje, de finales de agosto, justificaba una demora en el pago alegando que la consignataria había cerrado “por duelo”. En otro, del 15 de septiembre, se excusaba ante un ahorrista diciendo que estaba “en la sesión de Cachari”.
Los inconvenientes surgieron el 20 de septiembre, fecha en la que debía abonarse el interés. Primero solicitó una prórroga; luego dejó de responder llamadas y mensajes. Uno de los afectados fue a la residencia de la pareja de Santamaría Martini, quien le informó que el día anterior él había dicho que tenían que abandonar la ciudad porque “había cometido un error grave” y debía “una suma considerable”, y que desconocía su ubicación.
El parte policial también consignó que la mujer habría indicado que él debía salir de la ciudad por haber defraudado a varias personas. Otros dos denunciantes reprodujeron en sus testimonios el mensaje que el exfuncionario habría dejado a su pareja: “Metí la pata en grande, no tengo con qué devolver el dinero, me voy, salgan de la ciudad”. Hasta ese momento, no se conocía públicamente ninguna relación del denunciado con el mundo de las inversiones.
“Abusó de la confianza otorgada”
En entrevista con Ámbito, el fiscal Carballo explicó que, inicialmente, el caso se investiga como estafa por abuso reiterado de confianza. “Se aprovecha de personas conocidas, explota esa confianza y lleva a cabo una maniobra que perjudica a las víctimas”, puntualizó. Según su exposición, todos los denunciantes describen la misma dinámica: “Ofrecía un porcentaje de interés. En algunos casos, los montos eran menores y luego los incrementaba. Finalmente, dejó de entregar cualquier pago”.
El fiscal confirmó que, aunque existen más perjudicados, hasta la fecha se presentaron seis personas, todas ellas conocidas o amistades del denunciado. Respecto al vínculo con su cargo institucional, precisó que, si bien algunos lo conocían desde hace años, al menos una víctima lo contactó por su función en el Concejo y en el partido. “Actuó siempre a título personal, pero su cargo en el Concejo y en el partido generaba confianza en la gente”, afirmó.
Santamaría Martini aún no ha sido formalmente imputado. “Nos encontramos en la fase de recopilación de pruebas para determinar cuántas víctimas hay y cuál es el monto total. En caso de que surjan elementos suficientes, se procederá a formalizar la imputación y a citarlo a declarar”, indicó Carballo. Por el momento, no se han dictado medidas como órdenes de captura o allanamientos: “El caso es reciente. No contamos con fundamentos para solicitar esas medidas”.
Su paradero sigue siendo desconocido. “No se encuentra en su domicilio. Circulan rumores, pero ninguno confirmado. Estamos trabajando para localizarlo”, señaló el fiscal.
La pesquisa también pretende esclarecer si se trató de un esquema piramidal, en el que los intereses se pagaban con los aportes de nuevos participantes, y si actuó de manera individual o con el apoyo de terceros. “Aún no lo hemos confirmado. Estamos solicitando informes para determinar si corresponde a una modalidad piramidal”, explicó. La pareja del exfuncionario, quien según los denunciantes habría recibido el mensaje sobre su intención de abandonar la ciudad, no ha sido citada a declarar.
Carballo hizo un llamado a cualquier persona que considere haber sido perjudicada a presentarse en la Comisaría Primera de Azul o en la Fiscalía N° 2, donde se tramita el expediente, para añadir sus denuncias.
“Ocupar un cargo institucional abre muchas puertas”
El secretario de Gobierno de Azul, Xavier Cabrera, centró su intervención en el impacto institucional del caso. “Hay que comprender que el hecho de ser funcionario público generaba confianza en las víctimas. Esto repercute directamente en el Concejo Deliberante. Rodrigo desempeñaba un rol que hacía que muchas personas depositaran su confianza en él”, afirmó en entrevista con Ámbito.
“Existe la posibilidad de una estafa. Ocupar un cargo institucional abre muchas puertas; hay que respetar los cargos que se ocupan. Son muchas las personas afectadas y no podemos eludir la cuestión con la seriedad que corresponde”, añadió. Luego preguntó: “¿Qué ocurriría si el responsable fuera un peronista?”.
El cruce de fuerzas en el Concejo
El Concejo Deliberante de Azul cuenta con 18 asientos: seis pertenecen a Fuerza Patria, seis a La Libertad Avanza, tres a Somos Buenos Aires y una a cada uno de UCR, PRO y GEN. Tras las elecciones del año pasado, la oposición, encabezada por los libertarios, logró conformar una mayoría y asumir la presidencia del cuerpo.
En esa configuración, LLA, el GEN y el radicalismo repartieron los cargos de autoridad, y al tomar posesión en diciembre, el presidente del Concejo, el libertario Furiasse, designó a Santamaría Martini como prosecretario legislativo.
Al conocerse las denuncias, el bloque de Fuerza Patria solicitó a Furiasse que decretara “de manera inmediata” la destitución del funcionario. “Esta situación vulnera profundamente la confianza de la comunidad en las instituciones democráticas”, manifestó el texto del peronismo.
El comunicado también incluía un párrafo dirigido a los integrantes del cuerpo, quienes responden ante los mismos espacios que integraba el denunciado: “No debe haber duda alguna de que la investigación de las denuncias esté libre de cualquier influencia política”. Además, el bloque propuso reabrir el debate sobre la supresión de las prosecretarías.
La respuesta llegó mediante una declaración conjunta de LLA, la UCR, Somos Buenos Aires, el GEN y el PRO. Sin embargo, el texto no aludió a las denuncias ni a los perjudicados; se limitó a rechazar la solicitud del peronismo por considerar que se trataba de “una utilización política de una situación extremadamente particular”. Los bloques aseguraron que el asunto ya estaba resuelto, pues la renuncia había sido presentada y el decreto firmado, y acusaron a Fuerza Patria de carecer de “autoridad moral alguna” para cuestionar responsabilidades institucionales, calificándola como “símbolo de desmanes y corrupción”.
Por su parte, el GEN aceptó la renuncia de su presidente, quien invocó motivos personales, y designó en su lugar a la vicepresidenta, Andrea Benavente. En un comunicado, el partido precisó que “corresponderá a la justicia dilucidar los hechos imputados y determinar las posibles responsabilidades”.
Santamaría Martini había asumido la presidencia del GEN Azul el 29 de mayo de este año.
Fuente: Ambito.com
