El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprueba la modificada «Ley Ema» y remite el proyecto a la Cámara de Diputados

En la cuarta sesión ordinaria celebrada este martes, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó, con modificaciones, la propuesta conocida como «Ley Ema», cuyo objetivo es asegurar a los alumnos del sistema educativo provincial el derecho a una convivencia digital segura. Tras los ajustes incorporados, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, donde había alcanzado la mitad de la sanción a finales de agosto.

El texto original cuenta con el aval de los diputados Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Soledad Alonso, Marcela Basualdo, Micaela Olivetto y Margarita Recalde.

La versión votada emergió de un plenario conjunto de las comisiones de Educación y de Legislación General de la cámara alta, que el jueves precedente fusionó la iniciativa de Mendoza con la propuesta de la legisladora Laura Clark, ambas integrantes de Fuerza Patria. El dictamen de la senadora ya había sido aprobado por unanimidad en la comisión de Educación. Del proyecto de Mendoza se conservaron los lineamientos de convivencia digital segura, la incorporación de la ciudadanía digital a la Ley de Educación, la capacitación docente y la actualización de protocolos. La aportación de Clark consistió en la creación del Programa EMA.

La norma lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024 después de que imágenes íntimas suyas se difundieran sin su consentimiento entre sus compañeros. El articulado se elaboró en colaboración con su madre, Laura Sánchez, y con las organizaciones Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.

El cuerpo normativo establece el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Entornos Educativos, conocido como «Programa EMA». El alcance incluye a estudiantes, docentes, personal no docente, equipos directivos y familias de todas las instituciones educativas bonaerenses, tanto públicas como privadas.

La ley delimita la violencia digital dirigida a menores, incorporando en la definición la captura y difusión sin autorización de material íntimo, real o generado mediante inteligencia artificial, así como la distribución de contenido de abuso sexual infantil. También se incluyen discursos de odio misóginos, acoso, amenazas, extorsión digital, espionaje de la actividad virtual, acceso no autorizado a dispositivos o cuentas y la divulgación no consentida de datos personales.

En el ámbito curricular, la normativa ordena la inserción, en todos los niveles y modalidades, de contenidos relativos al consentimiento, la privacidad, los derechos y la ciudadanía digital. Además, se suman la prevención de violencias en entornos virtuales, alineándose con la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley Olimpia, y se incorpora el uso responsable y crítico de la inteligencia artificial y la prevención de delitos digitales. Asimismo, se añade a la Ley Provincial de Educación 13.688 un inciso que establece como objetivo la formación integral en ciudadanía digital.

La autoridad encargada de la aplicación, que será designada por el Poder Ejecutivo, deberá garantizar una capacitación obligatoria y continua para todo el personal del sistema educativo, orientada a la detección precoz de estos casos. Asimismo, tendrá que actualizar los protocolos escolares para asegurar una intervención oportuna, la preservación de pruebas digitales, la escucha de los estudiantes afectados sin revictimización y el acompañamiento prioritario de los Equipos de Orientación Escolar.

El proyecto también contempla medidas reparadoras que eviten enfoques exclusivamente sancionatorios. Se prevén talleres y campañas sobre ciberacoso, grooming y difusión no consentida de imágenes, y se busca que los centros de estudiantes actúen como agentes preventivos.

En lo referente a la puesta en marcha, el programa deberá integrarse a los instrumentos vigentes en materia de convivencia escolar, grooming y educación sexual integral, sin crear estructuras duplicadas. Su financiamiento provendrá de partidas presupuestarias existentes, sin la creación de nuevos organismos permanentes. La autoridad de aplicación tendrá la obligación de remitir un informe anual al Congreso, y el Poder Ejecutivo dispondrá de 90 días para reglamentar la norma.

Durante la sesión, Clark enfatizó que «se trata de una política pública específica para abordar la violencia digital en el ámbito educativo» y subrayó que «no podemos olvidar que Ema fue víctima de violencia digital de género por la difusión de imágenes íntimas; su historia nos interpela como sociedad porque ni la escuela, ni el Estado, ni su familia contaban con herramientas para acompañarla».

«Este trabajo lo debemos a su madre, Laura Sánchez, quien hoy nos acompaña», afirmó, resaltando la colaboración con numerosas instituciones y ONG en la confección de la norma.

Cuando la iniciativa fue sometida a votación en la Cámara de Diputados, Mendoza resumió su propósito: «Buscamos proteger a nuestras infancias». La legisladora, intendenta de Quilmes bajo licencia, advirtió que «lo virtual termina repercutiendo en la realidad» y recordó que Ema «no encontró a un adulto responsable que la guiara ante el miedo, la vergüenza y el sentimiento de ser juzgada».

En esa misma sesión, Mendoza señaló la oposición de La Libertad Avanza, cuyos integrantes votaron en contra del dictamen en la Comisión de Educación. «Resulta lamentable que algunos contraten granjas de trolls para promover y reforzar esta grave problemática que afecta a todos y a todas: la violencia digital», sostuvo.

El avance de la iniciativa se inscribe en un acuerdo entre el peronismo y los bloques opositores de ambas cámaras para acelerar el trámite de los proyectos que ya cuentan con media sanción. Este entendimiento surgió tras una reunión convocada por el jefe del bloque peronista del Senado, Sergio Berni.

Cambios en la composición de las bancas

Durante la sesión, el cuerpo aprobó la licencia del senador Guillermo Montenegro, quien regresa a la intendencia de General Pueyrredón. En su lugar, tomó posesión María Luján Fiego, representante de La Libertad Avanza.

Este relevo modifica la configuración de los bloques. El PRO, liderado por Pablo Petrecca, pierde un respaldo y queda con cuatro integrantes. La Libertad Avanza, encabezada por Carlos Curestis, incorpora una diputada más y alcanza los 11 miembros.

Paralelamente, se aprobó una iniciativa para incorporar la educación emocional en todos los niveles educativos; otra para que la Provincia ceda a la Municipalidad de Villa Gesell inmuebles que se destinarán a parques naturales para actividades sociales; y una que declaró el 2027 como el «Año del centenario del nacimiento del presidente Raúl Alfonsín». Además, se sancionó la adhesión a la Ley nacional 27.716 de Diagnóstico Humanizado.

En contraste, no se trataron los dos proyectos de Salud remitidos por el Ejecutivo: el de integración del sistema sanitario y el de creación de un laboratorio estatal de medicamentos.

Fuente: Ambito.com