La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sanciona un conjunto de normativas para frenar el sobreendeudamiento familiar
El martes, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio su visto bueno a un conjunto de cuatro iniciativas legislativas para abordar el sobreendeudamiento de los hogares, obligando a las entidades a exponer de forma nítida los términos de los créditos, venciendo el acoso en los procesos de cobro y estableciendo instrumentos para renegociar y reestructurar deudas tanto en la esfera administrativa como en la judicial.
Las normas incorporan la figura del sobreendeudamiento al marco de la ley de defensa del consumidor, regulan la difusión publicitaria de los préstamos y créditos concedidos a través de monederos virtuales y plataformas digitales, facultan la revisión de los términos crediticios ante variaciones en la situación económica del deudor y otorgan a la Defensoría del Pueblo un papel central en el acompañamiento de las familias endeudadas.
La sesión se vio retrasada por negociaciones de última hora sobre los detalles de los textos; ahora las propuestas deberán ser examinadas en el Senado, que tiene prevista una sesión el 6 de octubre.
El paquete nace de la consolidación de más de una decena de expedientes presentados por legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. En un primer momento, los diputados que trabajaron en comisiones intentaron aglutinarlos en una “mega ley”, pero en un plenario de las comisiones de Legislación General, presidida por Rubén Eslaiman, y de Derechos del Usuario y el Consumidor, a cargo de Diego Nanni, se decidió dividirlo en cuatro normas, que luego fueron tramitadas por Asuntos Constitucionales y Justicia y por Presupuesto e Impuestos.
Información transparente, crédito digital y difusión publicitaria
El primer texto reúne los proyectos de Ana Luz Balor, Noelia Saavedra, Ariel Archanco y Juan Martín Malpeli, todos pertenecientes a Fuerza Patria, y modifica la Ley 13.133, el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, a partir de tres ejes: la protección en la contratación y ejecución de créditos, la regulación de la publicidad y la prevención del sobreendeudamiento mediante información y educación financiera.
La normativa exige a las entidades presentar de manera clara y precisa las condiciones de financiamiento, las tasas y las consecuencias de contratar un crédito. Asimismo, incorpora los cambios originados por la expansión de los monederos virtuales y las plataformas digitales: las decisiones automatizadas para otorgar créditos deberán ser explícitas y el usuario podrá solicitar su revisión por una persona.
También faculta la revisión de los términos crediticios cuando la situación económica del deudor o el contexto macroeconómico cambien de forma significativa, mediante mecanismos de diálogo con las entidades y la intervención de la autoridad de aplicación.
En materia de publicidad, busca evitar promociones que ofrezcan dinero inmediato sin aclarar que se trata de un crédito, o que destaquen únicamente la cuota o la facilidad de acceso sin informar las condiciones generales del financiamiento. El tercer eje se orienta a la educación financiera, para que los consumidores conozcan sus derechos al contratar un crédito y sepan cómo ejercerlos.
Durante el debate, Saavedra sostuvo que «las familias se endeudan con bancos, con aplicaciones, con plataformas para comer, para vivir, para cubrir los tarifazos del mil por ciento y por eso debemos ofrecer soluciones» y resaltó que la iniciativa persigue «que esas entidades brinden información clara sobre los términos en que otorgan los créditos y que no existan cláusulas abusivas ni prácticas usureras».
«También buscamos que la publicidad sobre los préstamos sea transparente y libre de engaños. En los monederos virtuales la información resulta confusa. Además, apunta a prevenir el sobreendeudamiento mediante la educación. Es necesario actuar antes de que la familia se ahogue en deudas», señaló, añadiendo que «de ninguna manera se debe culpar a la gente por no llegar a fin de mes».
En su intervención, Archanco opinó que «estas leyes –que constituyen un paliativo ante la crisis– protegen a los sectores más vulnerables y atienden a quienes están endeudados fuera del circuito bancario» y aclaró: «No se trata de una medida contra los acreedores, sino de evitar prácticas abusivas».
Prohibición del hostigamiento en cobranzas y régimen judicial
El segundo proyecto aglutina iniciativas de Balor y de Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, y prohíbe el hostigamiento y el trato indigno en los reclamos extrajudiciales de deuda, además de establecer medidas de protección para las personas sobreendeudadas.
En ese marco, Balor subrayó en la sesión que «esto no resuelve el problema macro, pero brinda un cierto alivio», poniendo de relieve la necesidad de la educación, pues «las familias no son ingenuas, pero existen tantas trampas que muchos caen en créditos usureros».
Añadió que «la gente no llega al día 15, no dispone de recursos para cubrir gastos corrientes: 21 millones de argentinos están endeudados para pagar comida, medicamentos, alquiler y no para adquirir televisores para ver el Mundial, como señaló Milei», y completó que «seis millones de ellos ya están en mora; tras 90 días no pudieron afrontar esas obligaciones. Muchos se han convertido en deudores incobrables. A nadie le agrada estar endeudado, no debemos minimizar la gravedad».
«El proyecto pretende frenar la avalancha de llamadas intimidatorias y también los débitos automáticos de cuentas bancarias donde se cobran salarios, jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares». No es un conflicto entre privados, Milei, la caída de ingresos y el congelamiento de las jubilaciones, ni los tarifazos o el cierre de 30 mil empresas y la pérdida de 300 mil puestos de trabajo», concluyó.
El tercer proyecto, impulsado por los oficialistas Leonardo Moreno y Malpeli, también modifica la Ley 13.133 para crear un régimen general de protección de los intereses económicos de los consumidores sobreendeudados y un marco judicial de reestructuración de deudas de consumo.
Al respecto, Malpeli manifestó en el debate que «me cuesta creer que La Libertad Avanza no comprenda que, con salarios de pobreza, aumento del desempleo, cierre de pymes y comercios, los préstamos incobrables van a crecer», criticó que «el presidente afirme que vino a destruir el Estado y a reducir salarios» y lamentó que «se diga que ‘nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse’».
«Me satisface poder atender los problemas de los vecinos. Los datos profundizan esta problemática y es positivo que en este debate quede claro quién está del lado de cada propuesta y qué plantea cada espacio político», concluyó.
La Defensoría, al frente de la renegociación
El cuarto proyecto, presentado por el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, crea el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, elaborado junto al Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino. La intención es que la Defensoría acompañe a las personas sobreendeudadas y analice su situación económica de manera integral, en lugar de negociar cada deuda por separado, para evitar que un acuerdo con un acreedor imposibilite el cumplimiento de los demás.
El proyecto también persigue preservar el acceso al crédito, prevenir prácticas abusivas en la concesión y el cobro, reducir la judicialización y garantizar condiciones de cobro dignas y transparentes.
Fue el texto que generó mayor controversia en la previa. En el plenario de comisiones, los diputados alineados con el gobernador Axel Kicillof se abstuvieron. Balor explicó que su sector tenía diferencias con la autoridad de aplicación y sostuvo que la protección debía canalizarse a través de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor y la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor.
El debate se desarrolla en un contexto de marcado deterioro de la capacidad de pago de los hogares. Según el Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Friedrich Ebert con datos del Banco Central, en mayo había 1,84 millones de bonaerenses en mora, con una deuda impaga de $6,49 billones. La tasa de morosidad provincial era del 20,17% y alcanzaba el 46,17% entre los menores de 25 años.
Otras posturas
Durante la sesión, la diputada de Unión por la Patria Sofía Vanelli afirmó que «más de 6 millones de hogares bonaerenses poseen una deuda activa», subrayó que «el crédito se ha convertido en una herramienta de supervivencia» y puntualizó que la situación de mora se agrava en los hogares monoparentales. Asimismo, enfatizó que «esto no es un problema individual, sino colectivo, por lo que el Estado debe ofrecer respuestas» y celebró el avance de las normas.
Posteriormente, el justicialista Alejandro Acerbo atribuyó el endeudamiento a «la reducción de salarios y los tarifazos, que asfixian a la gente» y su compañero de bancada Leandro Moreno destacó: «Esta realidad afecta a más de 5 millones de personas y es nuestra responsabilidad proteger a nuestros vecinos endeudados y garantizar que no haya más angustia».
Por su parte, el presidente del bloque UCR‑Cambio Federal, Diego Garciarena, reconoció que hay «toma de deuda motivada por los bajos salarios» y que la gente se endeuda para alimentarse. En ese sentido, aludió a «los ingresos disponibles que les quedan a las familias tras pagar los servicios» y sostuvo que se trata de «un problema entre particulares que se ha convertido en una cuestión de incidencia colectiva» y al que «el Estado debe prestar atención».
Sin embargo, advirtió que los proyectos avanzan sobre materias que son competencia del Gobierno nacional, por lo que «no podemos regular contenidos de fondo». «Sé que debemos hacer algo, porque la gente está sobreendeudada y pasando dificultades, pero muchas cuestiones podrían ser declaradas nulas por la Justicia», concluyó.
Fuente: Ambito.com
