Berlín adopta una postura izquierdista: Die Linke anuncia la expropiación de más de 200.000 viviendas
La escasez de vivienda en la capital alemana ha desencadenado repercusiones políticas. El colectivo de izquierda Die Linke logró, por primera vez, la victoria en unas consultas regionales en Alemania, centrando su campaña en la política de vivienda ante el descontento generado por el alza de los alquileres. En ese contexto, planteó la expropiación de 200 000 pisos pertenecientes a grandes inmobiliarias para atacar la problemática.
En apenas tres años, el partido pasó del 13 % de los sufragios en 2023 al 25 %, relegando a la CDU al segundo puesto con un 18 %. Ahora cuenta con la posibilidad de dirigir la administración de la capital, también por primera vez.
Nacionalización, el eje de la propuesta
La campaña de Die Linke giró en torno al tema habitacional, con una medida extrema: confiscar más de 200 000 viviendas en manos de grandes grupos inmobiliarios o, en su defecto, que la autoridad pública asuma el control de dichas compañías. “Si Die Linke llega al poder en Berlín, procederemos a la nacionalización”, declaró la candidata Elif Eralp la misma noche del triunfo. Eralp portaba un collar con la inscripción Mietendeckel, que se traduce como “tope del alquiler”.
Según cifras del Gobierno federal, el precio del alquiler de un piso en la capital aumentó un 69 % entre 2016 y 2026. Paralelamente, la oficina de estadística municipal informa que el ingreso per cápita creció un 33 % entre 2015 y 2025. La situación se agrava al considerar que el 83 % de los berlineses depende del alquiler para su vivienda.
Berlín ya impone topes: la renovación de un contrato de tres años no puede elevarse más del 15 % y solo si no supera la media del barrio, mientras que los contratos nuevos no pueden sobrepasar en más de un 10 % esa media. Para Die Linke esas normas resultan insuficientes, pues existen múltiples vías para eludir los límites.
Un trayecto con trabas políticas y jurídicas
Para ejercer el gobierno, la formación necesitará el apoyo de Los Verdes y del SPD. Los Verdes se muestran dispuestos a negociar y sus propuestas en materia de vivienda no difieren mucho. En cambio, el SPD mantiene una posición bastante alejada del programa de Die Linke.
Adicionalmente, el canciller Friedrich Merz reiteró que el Ejecutivo federal recurrirá a la vía judicial para impedir cualquier proceso de expropiación o nacionalización. La Constitución alemana contempla la posibilidad de adoptar esas medidas tanto a nivel federal como estatal, aunque nunca se han puesto en práctica.
El impacto fiscal
La CDU y el SPD centran su crítica en el coste financiero. El Tribunal de Cuentas de Berlín estimó que el Estado tendría que desembolsar cerca de 40 000 millones de euros para indemnizar o nacionalizar a las empresas afectadas. Esa cifra resulta desproporcionada frente a un presupuesto de 2026 de 46 000 millones de euros y una deuda acumulada de 68 000 millones.
En el punto de mira están, principalmente, el conglomerado alemán Vonovia y su filial Deutsche Wohnen, que gestionan más de 138 000 viviendas en la ciudad y poseen activos valorados en más de 30 000 millones de euros según sus propios balances. También podrían verse implicados Adler Group (Alemania), Grand City Properties (Luxemburgo) y Heimstaden (Suecia).
Los estudios académicos llegan a conclusiones contrapuestas. Uno publicado el 25 de septiembre por la Fundación Hans Böckler, vinculada al sindicato DGB, sostiene que las expropiaciones contribuirían de forma clara a contener los precios del alquiler. Otro elaborado por el instituto Empirica estima que solo el 12 % de la población se beneficiaría. Ambos coinciden en que la gran incógnita radica en la forma de financiar la operación.
Fuente: Ambito.com
