Abogados bonaerenses exigen la inmediata ocupación de las vacantes en la Corte Suprema
El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que manifestó la imperiosa necesidad de cubrir las vacantes existentes tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el máximo tribunal provincial.
“La Corte Suprema funciona actualmente con tres de sus cinco miembros y la Suprema Corte provincial, con apenas tres de sus siete integrantes, en una desintegración sin precedentes en su historia, lo que compromete seriamente el servicio de Justicia”, señaló la entidad en su comunicado.
El pedido de los abogados bonaerenses
Para el Colegio, lo que debió ser tratado como una emergencia institucional atendida sin dilación se ha convertido en un “estado de cosas tolerado y peligrosamente naturalizado”. En ese sentido, subrayó que este debilitamiento deliberado y sostenido de los órganos que encabezan el Poder Judicial afecta directamente la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la confianza de la ciudadanía en la Justicia.
Los letrados recordaron que el artículo 146 de la Constitución provincial otorga al Poder Ejecutivo quince días, a partir de la generación de una vacante, para presentar los candidatos que la cubrirán. Sin embargo, varios cargos permanecen sin nombramiento desde hace años y aún se desconoce quiénes podrían ocuparlos. “La cobertura de las vacantes de ambos tribunales no es una facultad discrecional; constituye un deber constitucional que no puede quedar relegado a estrategias políticas o conveniencias partidarias”, concluyó el Colegio.
El reclamo se suma a lo planteado a fines de abril por la propia Suprema Corte de Justicia Bonaerense, cuando su presidente, Sergio Torres, presentó un proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económico‑financiera para el Poder Judicial, remitido a la Legislatura bonaerense, y aprovechó la ocasión para instar al Ejecutivo y al Senado a cubrir de manera urgente las cuatro vacantes del tribunal.
«Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando deberíamos ser siete. Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado», afirmó Torres ante magistrados, funcionarios, representantes gremiales y universitarios. A su lado estaban el vicepresidente Daniel Soria y la jueza Hilda Kogan –los únicos tres integrantes activos del máximo tribunal–, junto al procurador general Julio Conte Grand, jueces del Tribunal de Casación Penal, camaristas y representantes de la Asociación Judicial Bonaerense.
Sergio Torres, juez de la Suprema Corte bonaerense.
Torres precisó el estado de la situación: la primera vacante surgió tras el fallecimiento del juez Héctor Negri en 2020; le siguieron la muerte de Eduardo De Lázzari en 2021, la jubilación de Eduardo Pettigiani y, más recientemente, la renuncia de Luis Genoud.
“Han transcurrido 2 292 días desde la primera vacante y casi 800 desde la desintegración del tribunal”, indicó, añadiendo que ese mandato constitucional “ha sido desoído sistemáticamente, acumulándose 152 incumplimientos”. Sobre las consecuencias de operar con una corte incompleta, sostuvo: “Una corte incompleta limita la capacidad de conducción; una corte integrada fortalece la institucionalidad. Postergar las designaciones debilita el sistema; avanzar en ellas fortalece el Estado de Derecho”.
El proyecto de autarquía presentado por Torres contó con el respaldo de la Procuración General, el Colegio de Magistrados, la Asociación Judicial Bonaerense y los colegios de abogados de toda la provincia, además del aval de la Junta Federal de Cortes y los poderes judiciales de más de quince provincias.
Consultado sobre el reclamo por las vacantes, el gobernador Axel Kicillof, el 8 de abril, al inaugurar el Polo Judicial en Olavarría, manifestó: “Para ello necesitamos los votos en la Legislatura; ya vieron lo que nos costó aprobar el presupuesto, la situación con fuerzas de oposición cambiantes y dispersas. Estamos trabajando para lograr consensos; si no se consiguen las voluntades, no se puede avanzar”.
En la misma línea, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, señaló que el envío de los pliegos al Senado “es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo definirá de acuerdo a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”.
El Senado bonaerense completó la integración del Consejo de la Magistratura.
El planteamiento de los abogados llega, además, en medio de avances parciales en otro frente de la justicia bonaerense: el Senado provincial concluyó recientemente la integración del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de designar y ejercer control disciplinario sobre jueces y fiscales, al cubrir la vacante pendiente de la oposición con la designación de la marplatense María Cecilia Martínez, de La Libertad Avanza, como consejera suplente, tras varias semanas de disputa con el PRO por ese puesto.
Por el oficialismo, por el contrario, aún restan por cubrir un segundo consejero titular y su suplente, ya que Fuerza Patria no cuenta con un cuarto abogado en su bancada del Senado, requisito excluyente para integrar el Consejo.
Ese avance en la Magistratura, sin embargo, no ha tenido correlato en la Corte: la negociación por los cuatro sillones vacantes del máximo tribunal sigue estancada, en un contexto en el que el Poder Judicial bonaerense arrastra alrededor de 300 vacantes sin cubrir en juzgados y fiscalías de todo el territorio provincial.
