El gobierno de Javier Milei otorgó un anticipo de $100.000 millones a Santa Cruz
El Gobierno nacional dispuso un anticipo financiero de hasta $100.000 millones a la Provincia de Santa Cruz, con el objetivo de atender compromisos urgentes. La medida se formalizó mediante el Decreto 161/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La asistencia será canalizada a través de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía, y se efectivizará durante marzo. Según se detalla en los considerandos, la provincia “se ve impedida, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes”, por lo que el Ejecutivo resolvió avanzar con este mecanismo previsto en la legislación vigente.
Cómo será la devolución
El decreto -firmado por el presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo– establece que el anticipo deberá ser reintegrado dentro del mismo ejercicio fiscal, en línea con lo dispuesto por la Ley 11.672 y el régimen de coparticipación federal.
La asistencia también es impulsada por el Ministerio de Economía.
Además, los fondos devengarán intereses calculados a una tasa fija nominal anual del 15%, desde su desembolso hasta su cancelación total.
Para garantizar el repago, la provincia deberá afectar su participación en la coparticipación federal y autorizar a la Secretaría de Hacienda a retener automáticamente los recursos necesarios hasta cubrir el monto otorgado más los intereses.
El rol del Ministerio de Economía
El esquema aplicado se encuentra contemplado en la normativa que habilita al Ministerio de Economía a otorgar anticipos a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cuenta de impuestos coparticipables.
Asimismo, se prevé que la devolución pueda extenderse, en caso de ser necesario, aunque sin exceder el ejercicio fiscal en el que se otorga la asistencia.
En paralelo, la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación deberán registrar la operación como un anticipo de fondos, imputado a la provincia beneficiaria.
El objetivo oficial es subsanar tensiones financieras de corto plazo en el distrito, en el marco de su participación en el régimen de distribución de recursos nacionales.
