Carteles contra un representante reavivan el escándalo por la salida de juvenil de River
Aparecieron carteles en la Ciudad de Buenos Aires contra Martín Guastadisegno por la salida de Luca Scarlato de River, un caso que expuso el uso de la patria potestad para transferencias internacionales y reavivó el debate sobre los derechos de los juveniles y el rol de los clubes formadores en el fútbol argentino reciente.
En los carteles se leía: “Martín Guastadisegno ladrón y vaciador de clubes”, una consigna que trasladó a la vía pública el fuerte malestar que generó la partida de un juvenil de River Plate en condiciones que, dentro del ambiente, fueron consideradas difíciles de explicar.
Martín Guastadisegno, polémico representante.
El caso Luca Scarlato
El caso Luca Scarlato se transformó en uno de los episodios más sensibles del último tiempo por el choque entre el derecho legal de las familias y el reclamo histórico de los clubes que forman futbolistas. Nacido en 2009, Scarlato era una de las principales proyecciones de la séptima división de River y un nombre frecuente en convocatorias a selecciones juveniles.
A fines de 2025, cuando el club buscaba asegurar su continuidad mediante la firma del primer contrato profesional, el jugador resolvió no rubricarlo. La decisión fue acompañada por su familia y por su representante, Martín Guastadisegno, quien gestionó la transferencia al Parma de Italia en enero de 2026.
La salida se concretó a través de la figura legal de la patria potestad, que habilita a los padres de un menor a modificar su residencia y su actividad deportiva. En la práctica, este mecanismo permite que el futbolista emigre con el pase en su poder, dejando sin efecto los acuerdos formativos previos y evitando una compensación inmediata para el club que lo desarrolló.
Lucas Scarlato dejó River por la patria potestad.
Desde River Plate la reacción fue de profundo malestar institucional. La dirigencia entendió que se vulneró el espíritu del trabajo realizado durante años y señaló que el accionar del representante responde a una metodología reiterada: captar juveniles, aprovechar vacíos reglamentarios y concretar salidas sin diálogo ni resarcimiento para las instituciones formadoras. Con ese argumento, el club presentó una denuncia ante la FIFA y no descartó acciones legales contra el Parma.
La controversia escaló rápidamente y tomó dimensión pública. Los carteles contra Guastadisegno, con consignas duras, aparecieron en distintos puntos del Área Metropolitana y reflejaron el repudio de una parte del ambiente futbolero. Más allá de los métodos utilizados, el episodio volvió a poner en discusión hasta qué punto la normativa vigente protege a los menores de edad y a los clubes frente a intereses económicos cada vez más tempranos.
La decisión de la AFA sobre la patria potestad
En paralelo, la Asociación del Fútbol Argentino adoptó una medida de fuerte impacto: resolvió que los juveniles que salgan del país amparados en la patria potestad y sin dejar resarcimiento a su club no serán convocados a las selecciones juveniles. La decisión buscó desalentar este tipo de transferencias, aunque también abrió un debate sobre los derechos individuales de los futbolistas jóvenes.
El cierre del conflicto llegó lejos de los flashes. Para evitar un litigio prolongado ante la FIFA, el Parma acordó con River Plate el pago de un porcentaje de una futura venta del jugador, como forma de reconocimiento al trabajo formativo del club argentino. El pase ya estaba consumado, pero el entendimiento permitió cerrar la disputa económica.
El caso Scarlato dejó una señal incómoda para todos los actores del sistema: la urgencia de actualizar reglas, equilibrar derechos y responsabilidades y proteger a los juveniles sin limitar su libertad. Entre la ley, el negocio y la formación, el fútbol argentino volvió a quedar frente a su propio espejo.
