Tierra del Fuego anticipó que irá a la Justicia contra la intervención del puerto de Ushuaia
El gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur anticipó que irá a la Justicia en contra de la intervención del puerto de Ushuaia decretada este miércoles por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). «Hay un avasallamiento importante sobre la autonomía de la provincia», indicaron en la gestión de Gustavo Melella.
Fuentes de la administración fueguina anticiparon a Ámbito que trabajan en una «estrategia netamente legal» y que por estas horas delinean «la mejor estrategia legal para que la Dirección Provincial de Puertos vuelva a tener autonomía real y concreta». «Vamos a ir a la Justicia», confirmaron en diálogo con este medio.
La pulseada por el puerto de Ushuaia
Este miércoles, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur amaneció con la noticia de que ANPYN se hará cargo de las operaciones en la principal terminal portuaria de la Isla por un año con asistencia de la Prefectura Naval Argentina. La medida llegó en plena temporada estival, cuando un importante número de cruceros atraca en la capital austral con miles de turistas provenientes de distintas partes del mundo.
Concretamente, el organismo se excusó en que halló falencias en las inspecciones que realizaron. Entre ellas, enumeraron algunas: faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas gastadas, problemas con el tablestacado, y deficiencias en la carpeta asfáltica, así como «serios compromisos en la gestión administrativa, financiera y de condiciones básicas de seguridad operativa son algunas de las que enumeraron».
El puerto de Ushuaia espera cerca de 600 recaladas en la temporada estival.
La Agencia, además, adujo que falta un registro de ingresos y egresos de dinero y compras que la administración provincial «tercerizó en una empresa que figura como habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas. También que el gobierno provincial usó un «33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados».
Fuentes de la provincia comentaron a este medio que «no hay una razón lógica u objetiva que amerite una intervención. El puerto no tiene mayores complicaciones de las que puede llegar a tener cualquier institución de esas características. Obviamente, pueden faltar cuestiones y se pueden mejorar otras, pero de ahí a hacer una intervención…», plantearon.
Por otra parte, cargaron las tintas sobre el momento en el que se tomó la medida: «Es un puerto que va a ser el que más recaladas tenga entre Argentina y Chile (cerca de 600) que está operativo en 100% y que es la puerta de entrada a la Antártida». Deslizaron, también, que «hay otras cuestiones de fondo que no tienen nada que ver con esa situación» y remarcaron que todavía «los plazos administrativos no están vencidos ni nada por estilo».
Si bien en despachos gubernamentales intuían que la intervención estaba a la vuelta de la esquina, fuentes isleñas confiaron a Ámbito que la noticia «cayó como una bomba» en la provincia y dieron cuenta de que se trata de una pulseada millonaria. Aunque el puerto de Ushuaia es una importante terminal para el turismo -sobre todo para los cruceros- también es una de las principales terminales hacia la Antártida, por donde circula buena parte del tráfico marítimo rumbo al continente blanco.
En los días previos, tal vez intuyendo lo que se avecinaba, el gobierno fueguino dio a conocer datos sobre el funcionamiento de la terminal. Entre ellos, destacó que la temporada 2025–2026 «avanza con resultados excepcionales, proyectando superar los números récord de la temporada 2023–2024, en la que se recibieron más de 173.000 pasajeros de cruceros». «Este crecimiento año a año refleja el fortalecimiento de la infraestructura portuaria, el posicionamiento internacional de Ushuaia como destino privilegiado y el impacto directo y positivo en la comunidad», subrayaron.
Desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos estamos trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina.
Por su parte, el gobernador Gustavo Melella llevó la voz cantante luego de oficializada la intervención, a la que consideró como «un avance del Gobierno» y anticipó que no comparte ni la mediada ni sus fundamentos, ya que cree que «no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud». Reveló, además, que mantiene diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, al respecto.
Este último punto sorprendió, ya que Melella es uno de los cuatro mandatarios vetados en la Casa Rosada, junto a Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), todos pertenecientes a la órbita peronista. El mandatario austral puso el acento en que las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios, algo que se refleja en la cantidad de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país».
En el plano político, se trata de un nuevo capítulo de la maltrecha relación entre Melella y la gestión de Javier Milei, que tuvo su punto más álgido con la visita fallida visita que el Presidente realizó a la provincia durante la campaña legislativa del 2025, cuando debió suspender una caminata por Ushuaia debido a las protestas que lo asediaron. La suerte fue distinta en las urnas, porque La Libertad Avanza (LLA) ganó las elecciones en Tierra del Fuego y le arrebató un senador a Fuerza Patria, que quedó segundo.
La tensión entre el gobierno provincial y el nacional volvió a escalar la semana pasada con la aplicación de aranceles cero a la importación de celulares. La medida tendrá impacto directo sobre la industria tecnológica fueguina, que funciona bajo el amparo del Subrégimen de Promoción Industrial.
En una entrevista con Ámbito, Alejandra Man, secretaria de Industria fueguina, advirtió que Milei intenta llevar adelante un «modelo que no tiene que ver con la industria nacional» y que en esa búsqueda de la competitividad «hay un golpe muy grande a la industria, porque cambiaron las reglas en términos de costos asociados a la manufactura». «Eso incide en la competitividad frente a la fabricación de productos importados chinos, con los que es muy difícil competir», reflexionó.
