Giro inédito en el negocio Telco: por qué el ENACOM se puso el traje de inversor y «gatilló» $10.000 millones

El Ente Nacional de Comunicaciones cerró la adquisición del 80% de una emisión de obligaciones negociables por parte de una Pyme del sector

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) marcó un hito en la política de telecomunicaciones y el mercado de capitales al ingresar, por primera vez, como inversor institucional. Esta acción se concretó mediante la adquisición del 80% de una emisión de obligaciones negociables (ON) PYME CNV de la empresa Sion S.A., por un monto que alcanza los $10.000 millones.

Esta operación no es solo un movimiento financiero, sino que simboliza una redefinición de la función del Fondo de Servicio Universal (FSU), pasando de un esquema tradicional de Aportes No Reembolsables (ANR) —esencialmente subsidios— a un modelo de financiamiento con repago y un control estatal sobre la ejecución de los proyectos.

La estructura financiera de la colocación de las obligaciones negociables fue diseñada para ofrecer estabilidad a largo plazo e indexación. Las ON se estructuraron en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), asegurando la preservación del capital invertido frente a la inflación.

Adicionalmente, se fijó un interés nominal cero, un plazo de diez años y un período de gracia de dos años, condiciones favorables para proyectos de infraestructura que requieren largos períodos de maduración. Dada la solidez del esquema, la emisión fue calificada con grado de inversión, un indicador de bajo riesgo para el mercado.

• Inversión dirigida a infraestructura crítica: Los $10.000 millones aportados por el Enacom, sumados a los $2.700 millones que invertirá Sion S.A., componen un proyecto de inversión total de $12.700 millones. El destino primario es la expansión y modernización de redes en regiones con déficit de conectividad, abarcando provincias como Santa Cruz, Chubut, Río Negro y el vasto interior bonaerense.
• Mecanismo rotatorio y sostenibilidad financiera: Juan Martín Ozores, interventor del Enacom, subrayó el cambio de paradigma al destacar la naturaleza rotatoria y auto-sostenible del nuevo mecanismo. «Es dinero que se presta y vuelve al Fondo de Servicio Universal», explicó Ozores. Este enfoque asegura que los fondos recuperados se reinviertan, permitiendo «medir el impacto» de cada proyecto y que «el dinero retorna al Fondo para desarrollar nuevos proyectos» de manera continua.
• Respuesta a la demanda del sector TIC: La adopción de este instrumento de deuda con condiciones blandas responde a un requerimiento planteado por el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que necesita «apalancamiento con condiciones de financiamiento a largo plazo» para poder afrontar el masivo y costoso despliegue de infraestructura necesario para cerrar la brecha digital, según afirmó Ozores.
• Impacto concreto de Sion: Luis Quinelli, fundador y director general ejecutivo de Sion, detalló que la inyección de capital habilitará a la compañía a incrementar su cobertura nacional en un 10%. Pese a que la licitación despertó interés y «demanda privada», Quinelli remarcó que el Enacom resultó ser «el mejor postor», lo que subraya la firme decisión estatal de garantizar el financiamiento en condiciones ventajosas.

Sion es una empresa argentina con casi 30 años en telecomunicaciones, fundada por Quinelli en 1996 como uno de los primeros proveedores de servicios de Internet (ISP, sigla en inglés) del país. Inició durante el auge de Internet en la Argentina, evolucionando desde servicios Dial Up hasta ser uno de los integradores del mercado TIC. La compañía ofrece servicios de fibra óptica para hogares y empresas, invirtiendo en infraestructura, especialmente fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

Reforma estructural del Fondo de Servicio Universal (FSU)

La nueva política de inversión es la culminación de una reconfiguración del FSU, impulsada por el Gobierno nacional a principios de 2025 y orientada a modernizar y transparentar la administración de los recursos destinados a la conectividad.

• Administración directa y centralizada: El Decreto 6/2025 significó la disolución del antiguo Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), un cambio clave que trasladó la gestión de los recursos directamente al ámbito del Enacom. Esta centralización puso bajo control directo del ente regulador una caja disponible de aproximadamente $200.000 millones.
• Transparencia y monitoreo: El nuevo Reglamento General del Servicio Universal establece lineamientos de gestión más estrictos y orientados a la rendición de cuentas. Se exige, de forma mandatoria, la presentación de diagnósticos de necesidad previos, informes detallados de impacto social y económico, auditorías técnicas constantes y la certificación de hitos físicos del proyecto como condición indispensable para la progresiva liberación de fondos.
• Financiamiento basado en el repago y la viabilidad: El concepto fundamental que guía la reforma es la sustitución de los ANR (subsidios sin retorno) por un sistema de préstamos que deben ser repagados. Para garantizar la solidez y minimizar el riesgo de default, cada emisión de deuda financiada por el FSU debe contar previamente con una calificación crediticia de grado de inversión y someterse a un análisis ex ante de solvencia y viabilidad técnica y económica del prestatario.
• Ampliación del alcance de inversión: El espectro de proyectos elegibles para el financiamiento del FSU se amplió significativamente. Ahora el Fondo no solo puede financiar redes troncales, sino también redes de última milla, despliegues en zonas no cubiertas (zonas blancas), refuerzos críticos de infraestructura móvil, construcción de centros de datos esenciales para la soberanía de datos y proyectos de vanguardia relacionados con inteligencia artificial y el desarrollo de ecosistemas digitales.
• Compensación de obligaciones con inversión validada: Se introdujo una herramienta innovadora: el Certificado de Crédito de Aporte al Servicio Universal. Este mecanismo permite a los licenciatarios TIC compensar parte de sus obligaciones financieras con el Estado mediante inversiones de capital que sean validadas y certificadas como pertinentes para los objetivos del FSU.

Desafíos y oportunidades que impone el nuevo modelo

La irrupción del Estado como un inversor de largo plazo, dispuesto a asumir riesgos en proyectos que el capital privado suele eludir (especialmente en regiones remotas o de baja densidad poblacional), ofrece una vía para acelerar la conectividad. No obstante, el nuevo modelo genera interrogantes clave que deberán ser gestionados.

• Riesgo de desplazamiento del capital privado: La elevada participación estatal, manifestada en el 80% de la primera emisión, plantea la posibilidad de un «crowding out», es decir, que el capital estatal desplace o desincentive la participación del inversor privado, o que distorsione las tasas de interés de mercado. Será fundamental definir si esta proporción es una excepción inicial justificada o si se convertirá en una herramienta recurrente que requiera un manejo delicado.
• Selección equitativa de beneficiarios: El Enacom, en su rol de regulador e inversor, tiene la responsabilidad de establecer criterios técnicos, objetivos y equitativos. Esto es crucial para garantizar que el acceso a este financiamiento en condiciones preferenciales beneficie de manera proporcional a pymes, cooperativas y operadores regionales, evitando una concentración excesiva de los recursos en los grandes prestadores que ya poseen mayor capacidad de apalancamiento.
• Sostenibilidad y transparencia en la gestión del riesgo: El FSU debe evitar la concentración de riesgos crediticios o la asignación de recursos en un grupo reducido de actores. Para evaluar el éxito del modelo en su objetivo de cerrar brechas digitales y fomentar la inversión privada genuina, la publicación sistemática de certificados de avance de obra, informes de auditoría técnica e informes de impacto será una práctica esencial.

El contexto actual de las TIC, caracterizado por una presión inflacionaria sobre los costos, ingresos reales a la baja y una necesidad de inversiones millonarias, hace que este mecanismo de financiamiento sea vital. Quinelli estimó que, solo para el interior del país, la necesidad de inversión supera los 1.000 millones de dólares. Este escenario de inversión también hace prever, como consecuencia natural, un proceso acelerado de concentración de actores en el mercado.