Historias de vida detrás de los despidos en Capital Humano

El peor escenario posible para los trabajadores del ministerio de Capital Humano finalmente se concretó, y 800 empleados de planta permanente finalmente quedaron en la calle tras un nuevo recorte. El desprecio por sus conocimientos y el maltrato ante los reclamos para ser reubicados marcó todo el proceso. La Asociación de Trabajadores del Estado apuesta a un amparo judicial y reactivará un proyecto de ley para revertir los despidos. 

Paulina Rojo trabajó 15 años para el ministerio de Desarrollo Social, en La Rioja. En 2022 rindió el examen para ingresar a la planta permanente del Estado, que aprobó. En 2023 debió revalidar el ingreso con un nuevo examen, que volvió a aprobar. Pero este febrero, Capital Humano le comunicó, mediante un mail, que quedaba en disponibilidad. Siguieron seis meses de pedidos para ser reubicada y de presentaciones judiciales, todo en la pura incertidumbre. La única respuesta fue el silencio: así hasta la semana pasada, cuando, sin haber sido contactada nunca por el gobierno, se convirtió en una de las 800 despedidas de la planta permanente del ministerio. En su mayoría mujeres, todas con relación de dependencia y estabilidad en el empleo. Todas echadas sin una explicación.

Nadie sabe cómo va a afectarle un despido. En su caso, el mail abrió un tiempo de noches sin dormir, de ataques de pánico, de rumiar si vale la pena seguir peleándola. El futuro se le volvió oscuro: Paulina es sobreviviente de un cáncer, y dentro de dos meses se quedará sin obra social. Se trata de una situación horrible, en la que más la afecta, asegura, es sentir que se ha vuelto invisible. Porque los 800 despidos ocurrieron casi sin prensa y sin mayor repercusión, como si nadie quisiera enterarse.

Andrea Villegas, de Córdoba, es otra de las despedidas de Desarrollo Social. Está embarazada. Dos veces intentó plantear su estado de gravidez en la sede central del ministerio, el edificio de la 9 de Julio y Moreno, y las dos veces no la dejaron entrar. Su nombre había sido puesto en una lista negra. Por teléfono, le dijeron que iban a incorporar el dato del embarazo a su expediente, pero cuando más tarde pidió una copia de la carpeta encontró que su último documento era el mail con el pase a disponibilidad. 

“Nunca me había sentido tan desplazada ni tan angustiada como ahora”, sostiene.

Los 800 despedidos de Desarrollo Social son la primera tanda de trabajadores echados del Ministerio a pesar de pertenecer a la planta permanente del Estado. Tal posibilidad le fue habilitada al gobierno de Milei por la Ley Bases, con la que pudo suspender, de manera excepcional, la estabilidad en el empleo público. El gobierno prometió que intentaría ubicar a los afectados en otros puestos de trabajo, pero esa promesa fue cumplida en una proporción ínfima. 

En la Asociación de Trabajadores del Estado la expectativa está puesta en los pedidos de amparo presentados ante la justicia -en el fuero contencioso administrativo- que podría revertir los despidos por un período de tres meses, mientras se resuelve la cuestión de fondo. “También estamos reeimpulsando en el Congreso un proyecto de ley que dejaría sin efecto los pases a disponibilidad”, indicó Ingrid Manfred, la titular de ATE en el ex ministerio de Desarrollo Social.

El impacto que están teniendo los despidos sobre los trabajadores y trabajadoras del Estado no puede medirse sin tener en cuenta el maltrato que acompañó todo el proceso. “La ministra Pettovello nos trató de ñoquis, Federico Sturzenegger de vagos”, recuerda Paulina Rojo, que fue despedida del Centro de Referencia de La Rioja Capital junto a otros ocho trabajadores contratados y ocho de la planta permanente. “Hicimos todo el camino (de los reclamos para ser reincorporados) sintiendo que nos trataban como leprosos”.

En el caso de Andrea Villegas, pasó por dos entrevistas en las que pareció que iba a ser reubicada en el Senasa. “Se abrió un expediente que pasó al ministerio de Modernización, pero luego los responsables del área en Córdoba y Buenos Aires terminaron renunciando. Nunca llegaron a firmarlo y volví a quedar en el aire”.

Si bien a los prescindidos les indicaron «mantenerse accesibles en su horario laboral», los seis meses previsto para su reubicación transcurrieron sin que los convocaran a formarse para cumplir otras funciones ni les dieran nuevos puestos.

 “La Ley Bases le habilitó al gobierno hacer esto, con el argumento de que para optimizar el recurso humano, los trabajadores podrían ser reubicados. Pero no hubo tal optimización”, señala la delegada Manfred.

Las indemnizaciones son otro aspecto negro de estos despidos. Y es que no les será reconocida su antigüedad real, sino la que llevan en la planta permanente. Advierte Manfred que «por lo tanto, hay gente con 25 años de antigüedad a la que le van a pagar solamente un año, porque pudieron concursar en el 2022 o 2023. Antes, desde el 2014 al 2022 no se hicieron concursos en el ministerio».