Degenerados previsionales

El miércoles pasado, el gobierno logró que la Cámara de Diputados mantuviera el veto del presidente Milei sobre la ley que mejoraba las jubilaciones y el bono. El argumento para vetar la norma fue que ponía en jaque el superávit fiscal. Aunque incluía un conjunto de fuentes de financiamiento, el Presidente acusó a los legisladores que promovieron la ley de “degenerados fiscales”. Es decir, si la fuente de financiamiento no es del agrado de Milei, entonces “marche preso”.

El argumento muestra aún más arbitrariedad si se considera que el propio gobierno no mostró la misma preocupación frente a la reducción de derechos de exportación de granos o minería ni frente al incremento de los fondos de la ex SIDE. Y peor aún, si se tiene en cuenta que fue el propio gobierno que boicoteó su propia propuesta de presupuesto para poder administrar a gusto y piacere los recursos recaudados ¿Cuándo y en relación a que referencia se cumple o se incumple la exigencia de financiamiento?

El segundo veto

La política previsional adoptada, desde diciembre 2023, ha constado de diversas aristas, todas con carácter regresivo, con pérdida de poder adquisitivo tras la aceleración inflacionaria desde la devaluación originaria, su consolidación a través del DNU 274/2024, la licuación de los bonos a las jubilaciones mínimas, la eliminación de la moratoria y el fin de la cobertura de medicamentos de PAMI. Esto se vio reflejado que uno de cada cinco pesos del ajuste del gasto de 2024 lo explicó el recorte de las jubilaciones y pensiones. Parece que la casta tiene PAMI.

En concreto, Milei modificó la fórmula previsional por DNU 274/24, atando los haberes a la inflación, y derogó la Ley 27.609 vigente desde 2021. En concreto, a contramano de los dichos de Milei, los jubilados no le ganaron a la inflación: en el trimestre julio-septiembre de 2025, el poder de compra de las jubilaciones que no perciben bono se ubica 1,3% por debajo del trimestre septiembre-noviembre 2023, mientras que las jubilaciones con bono se encuentran 15,2% por debajo. La comparación trimestral es la adecuada metodológicamente dada la dinámica de actualización de la fórmula anterior.

Además, si bien la fórmula atada a IPC permitió recuperar parte del terreno perdido en el primer trimestre de 2024, a esta altura podemos concluir que la fórmula anterior, sostenida en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras vinculadas a la temporalidad de su ampliación. En septiembre de 2025, con el aumento de 1,9% (IPC de julio 2025) la jubilación mínima (sin bono) se ubicará en $320.277, mientras que de haber continuado la fórmula anterior alcanzaría los $413.520 (+29,1%).

Paralelamente, desde marzo de 2024, el bono compensatorio, que recibía dos de cada tres jubilados, fue congelado en $70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo 2024 y septiembre 2025 en el orden de 138%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 91%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debería ser, en septiembre de 2025, de $166.755, es decir, más del doble (+$96.755) del valor actual. El bono continuará congelado durante lo que resta de 2025 (que implicará, a diciembre de 2025, negarles a los jubilados $105.750 adicionales por mes).

Frente a este escenario, la ley sancionada por el Congreso y vetada (por segunda vez) por el Ejecutivo intentaba recomponer los haberes ¿Por qué? Porque, tal como mencioné oportunamente, desde el momento en que se atan las jubilaciones al IPC se congela la escena y los jubilados sólo pueden aspirar a no perder poder adquisitivo (con una inflación cuestionada en su forma de medición), pero nunca a recuperar parte de lo perdido. La ley aprobada incluía un aumento excepcional de 7,2% que completaba la inflación de enero 2024 y la actualización del bono previsional a $110.000 con ajuste posterior por inflación, entre otras cuestiones.

La película de los noventa

Sumando a las contradicciones del argumento oficial, llama la atención la escasa preocupación del gobierno respecto del derrotero del financiamiento estructural del sistema previsional ¿De dónde provienen los fondos destinados al sistema? ¿Qué hizo Milei con esas fuentes de financiamiento?

El sistema previsional funciona con solidaridad intergeneracional, es decir, los trabajadores activos “pagan” la jubilación de los pasivos actuales. Esto, que aparenta ser básico, concentra la esencia del sistema, porque pone al trabajo como el factor relevante. De allí deriva que las principales fuentes de financiamiento resultan ser el empleo, los salarios, la registración y calidad del trabajo y los aportes y contribuciones. Repasemos cada uno de ellos.

1. Puestos de trabajo: entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, la destrucción de 223.537 puestos de trabajo registrados, según datos de la SRT, condiciona las arcas previsionales. La recuperación de la actividad, que Milei festeja, no se refleja en la cantidad de trabajadores porque las actividades que se recuperan generan escaso empleo (minería, intermediación financiera), mientras que industria o construcción siguen planchadas. Peor aún, la decisión del gobierno de condenar la actividad en pos de contener el tipo de cambio hace proveer que no habrá mejoras hacia adelante.

2. Salario: los datos del Indec, a junio de 2025, muestran una caída de casi 6% de los salarios de trabajadores registrados respecto a noviembre 2023. Un piso, si se considera que el cálculo se realiza usando la inflación sin corregir ponderadores.

3. Informalidad laboral: no solo no disminuyó, sino que aumentó. De acuerdo con los datos del Indec, la tasa de empleo no registrado en los aglomerados urbanos alcanzó el 42,0% en el cuarto trimestre de 2024. Milei promovió la eliminación de las multas de no registración, con lo cual, y dado que no hay sanción, el incentivo es a no registrar trabajadores.

4. Aportes y contribuciones y tercerización: aunque la reforma laboral sea una cuenta pendiente (pedida hasta por el FMI), el gobierno avanzó en modificaciones que desfinancian el sistema. El Régimen de Colaboradores, que convierte en monotributista a quien otrora era empleado en relación de dependencia, y el blanqueo laboral del paquete fiscal de 2024, implican menores ingresos al sistema. Por cierto, si el objetivo de la reducción de contribuciones era promover la registración, fue un rotundo fracaso: entre el régimen de colaboradores, el blanqueo laboral se incorporaron sólo veinte mil puestos al sistema, el 10% de los puestos perdidos.

Nada de esto parece casual, sino más bien premeditado. Hace uno días, en un streaming pseudo oficial, el presidente del Banco Central y el ministro de Economía se ufanaban de querer convertir a la Argentina en Perú, porque “tiene el 70% de los trabajadores en la informalidad, pero una macro estable”.

Evitar convertir al mundo laboral argentino en Perú es el primer paso. Pero ello, y la necesidad de recomponer los haberes no exime de la discusión estructural del financiamiento. Argentina necesitará de un Plan Quinquenal, con objetivos y pautas claras, que permitan tanto la mejora de jubilaciones como la recuperación del empleo y los salarios.

Pero hay algo que hay que resulta indubitable: el sistema se financia si a los argentinos les va bien. Entiéndanlo.