Jubilados: reclaman que se declare la emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional  

Tras la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de incremento a las jubilaciones, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, reclamó la declaración de una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional para los adultos mayores al sostener que «no tienen red social ni política, literalmente, se están muriendo de hambre».

«Hay que evitar que se muera la gente, porque esto es a lo que estamos asistiendo», denunció. 

Semino, en diálogo con Splendid AM 990, calificó la realidad de los jubilados y pensionados como «un permanente ‘deja vu'», respecto de la decisión presidencial de vetar una ley que ordena incrementar los haberes. «Hace un año estábamos en el mismo escenario. Se sancionó lo mismo (en el Congreso), se vetó y el sistema político abandono el tema por un año», denunció.

Aquel veto ocurrió también en agosto y dio el inicio a la marcha de los miércoles, que se transformaron en un símbolo de resistencia al modelo de Milei. «Hay 5 millones de personas que perciben en este momento 379.000 pesos y un millón más, que son las personas con discapacidad, que no llegan a los 320.000«, precisó el defensor de la Tercera Edad. 

«Nadie puede suponer en Argentina que con eso se puede subsistir en medio de esta crisis que viene de hace tiempo», sentenció Semino antes de considerar la declaración de una «emergencia». 

«La emergencia permitiría emplear recursos del Presupuesto Nacional, pero también permitiría que no se desentiendan los gobernadores de los presupuestos provinciales y los municipales», apuntó. 

El defensor de la Tercera Edad describió que los jubilados no están consiguiendo atención médica en tiempo y forma, mientras que la decisión del PAMI de quitar la cobertura en medicamentos provocó que no lleguen a comprar su medicación. 

Además, denunció que «hay pilas de jubilados en las grandes ciudades viviendo en pocilgas» y ejemplificó el caso de la Ciudad de Buenos Aires con el precio de los alquileres, desde la decisión de Milei de eliminar la Ley de Alquileres con el DNU que inauguró su gestión: «En Ciudad de Buenos Aires, una habitación con baño compartido cuesta más de 200.000 pesos, para alguien que cobra poco más de 300.000″.