Qué pasará con Starlink en Argentina tras la pelea entre Musk y Trump, que amenazó con cancelarle contratos

La pelea pública entre el presidente estadounidense Donald Trump y el magnate Elon Musk sumó un nuevo capítulo que podría impactar de forma directa en el ecosistema tecnológico global. Entre las amenazas públicas que lanzó el mandatario del país norteamericano, se destaca la intención de cancelar contratos federales con las empresas de Musk, incluyendo SpaceX y su servicio de Internet satelital Starlink.
Aunque el foco inicial de la disputa es político y económico, las repercusiones podrían alcanzar a países como la Argentina, donde este servicio de acceso satelital a Internet se consolidó como un recurso clave para brindar conectividad en zonas rurales y remotas, donde las redes tradicionales no llegan.
En la actualidad, el servicio de Starlink está disponible en más de 150 países y representa una alternativa estratégica en contextos de baja infraestructura terrestre. En la Argentina, su despliegue creció exponencialmente tras la autorización regulatoria incluida en el DNU 70/2023, que habilitó el ingreso formal de servicios satelitales bajo un modelo de cielos abiertos.
Esta norma permitió avanzar con el establecimiento de estaciones terrenas -conocidas como «gateways«-, de las cuales ya hay al menos cuatro operativas, en las ciudades de Pilar, Bahía Blanca, Rosario y una más en el norte del país.
Pero, ¿qué ocurriría si se concreta la amenaza de Trump y se suspenden los contratos clave que sostienen la expansión global de la red de satélites? ¿Qué grado de dependencia tiene la Argentina de esa infraestructura? ¿Hay alternativas locales o internacionales capaces de suplir la capacidad instalada?
El impacto de Starlink en la Argentina
El ingreso de Starlink al mercado argentino representó un punto de inflexión en la conectividad satelital. Hasta su despliegue, las zonas rurales o remotas dependían de tecnologías inalámbricas poco estables o directamente no tenían acceso a Internet.
«La llegada de Starlink reemplazó todo lo que antes se conectaba vía wireless», explicó a iProfesional Enrique Carrier, director de Carrier y Asociados. Esta transformación se dio en paralelo al desarrollo de gateways –estaciones terrestres– en varias ciudades fuera de Buenos Aires y sus alrededores.
Con la habilitación formal a través del DNU 70/2023 y una licencia operativa que data de 2020, Starlink consolidó su presencia mediante una red que, en la Argentina, ya supera las 150.000 antenas instaladas.
Según datos del sector de telecomunicaciones, la empresa cuenta hoy con al menos cuatro estaciones terrenas activas en Pilar, Bahía Blanca, Rosario y una localidad del norte del país. Para Pablo Recalt, coordinador de la Comisión de Internet Satelital de la Cámara de Internet (Cabase), «pasar de uno a 10 estaciones terrenas es un cambio positivo que mejora la estabilidad del servicio».
La infraestructura desplegada por SpaceX permite una latencia baja y un ancho de banda creciente. «En muchas ciudades del interior, poder acceder a Starlink resolvió la necesidad de conectividad, incluso para pequeños ISP que no tenían como llevar servicio mediante fibra porque no era rentable la ecuación», agregó Carrier.
Por lo pronto, la empresa de Musk ya inició el despliegue a nivel global de su constelación de satélites LEO de segunda generación. Bajo el nombre comercial de «V2» y «V2 Mini», estos nuevos equipos presentan mejoras significativas frente a la generación anterior: Cada satélite V2 Mini ofrece hasta cuatro veces más capacidad de transmisión de datos, con hasta 200 gigabits por segundo, y están preparados para operar con enlaces láser entre satélites, lo que optimiza la cobertura global.
Hasta mayo, Starlink llevaba lanzados más de 1.700 unidades V2 Mini en órbita, de los cuales aproximadamente 200 alcanzan con su cobertura el territorio argentino. Los lanzamientos continúan con una frecuencia semanal, mientras se preparan los primeros envíos de la versión V2 completa. En la tercera generación, la red de podrá escalar a niveles de capacidad de hasta 1 Terabit, mejorando velocidad, cobertura y resiliencia del servicio a nivel global.
Mientras tanto, en la Argentina, el servicio de la compañía se mantiene fuera de la categoría de «servicio público», lo que implica que se rige por acuerdo de partes y no por normas de prestación obligatoria. Para Oscar Gonzales, consultor y abogado especializado en telecomunicaciones «el DNU que permitió la liberación de los servicios satelitales fue un acierto. Pero todavía quedan aspectos regulatorios por resolver para mejorar el alcance de este tipo de servicios a los usuarios».
Desde el punto de vista regulatorio, el DNU 70/2023 sentó las bases para la liberalización del segmento satelital, habilitando una política de cielos abiertos. «Se actualizó un código que venía de 1967. Hoy la conectividad puede cruzar fronteras sin tantas barreras formales, lo que facilita que haya múltiples operadores en simultáneo«, detalló ante iProfesional Oscar González.
¿Puede peligrar el servicio de Starlink en la Argentina?
A pesar del despliegue consolidado, las diferencias públicas entre Musk y Trump activaron alertas en la comunidad tecnológica y en los organismos reguladores. Aunque los contratos federales estadounidenses no se aplican directamente a las operaciones de Starlink en la Argentina, una ruptura política o comercial de gran escala podría derivar en alteraciones logísticas o decisiones empresariales con impacto global.
Recalt relativizó ante iProfesional los efectos inmediatos: «Hoy la sobreoferta satelital en Argentina es tan grande que, incluso si se suspendiera el servicio, habría capacidad suficiente por años».
En su análisis, el cuello de botella no está en la infraestructura espacial, sino en los sistemas de lanzamiento de satélites y en las restricciones geopolíticas futuras. «El problema real vendría si esta situación se prolonga y afecta la renovación de flotas o bloquea la cooperación internacional», agregó.
Desde el punto de vista legal, Starlink no es un servicio público, ni tiene contratos de prestación con el Gobierno argentino. Por lo tanto, si mañana interrumpe el servicio por decisión estratégica o por una sanción externa, lo que prevalece es el contrato comercial entre privados.
En este contexto, el riesgo principal no es técnico sino político. Una escalada en las tensiones entre los Estados Unidos y China, o un eventual bloqueo comercial sobre componentes estratégicos, podría limitar la fabricación de terminales o la reposición de satélites, que tienen una vida útil estimada de cinco años.
Kuiper y OneWeb: la competencia de Starlink
Ante un posible escenario de incertidumbre, surge la pregunta: ¿Qué alternativas existen si la empresa de Internet satelital de Musk se debilita o se retira del mercado argentino? En principio, existen otros operadores satelitales con capacidad limitada, como OneWeb y el proyecto Kuiper de Amazon. «Los únicos hoy operativos son Starlink y OneWeb, que si bien fue el primero, su capacidad es mucho menor«, explicó Recalt.
El resto de los proyectos, como el de Amazon, que recién estaría en condiciones de lanzar su servicio comercial en 2026, están en fases preliminares o centrados en nichos corporativos, gubernamentales o de defensa, lo que limita su disponibilidad inmediata para el mercado masivo argentino. Por otro lado, iniciativas de origen chino enfrentan restricciones geopolíticas y aún no han alcanzado acuerdos activos con el país.
Medidas posibles en la Argentina ante problemas en Starlink
Desde el sector de las telecomunicaciones coincidieron en que, ante un eventual debilitamiento de Starlink, el Gobierno argentino debería activar medidas de contingencia para proteger la continuidad del servicio en regiones críticas.
Entre las opciones que se evalúan se encuentran incentivos regulatorios para acelerar la entrada de nuevos operadores satelitales, acuerdos de roaming entre redes terrestres y satelitales, y la puesta en marcha de programas públicos de conectividad rural que contemplen tecnologías alternativas como redes comunitarias o soluciones híbridas.
Además, desde el sector de las telecomunicaciones sugirieron que la Secretaría de Innovación impulse una normativa específica para habilitar servicios directo al dispositivo o directo al celular, que amplíen el abanico de opciones en escenarios adversos.
Esta modalidad, que ya se prueba en Chile y Perú con operadores como Entel, permitiría extender servicios de voz y datos a zonas donde no llega la cobertura terrestre, sin necesidad de infraestructura adicional.
Sin embargo, en la Argentina aún no se avanzó en la regulación específica para servicios de conectividad satelital directa a dispositivos móviles. Recalt opinó que «contar con una oferta de servicio directo al dispositivo no solo mejora la calidad tecnológica, sino que multiplica la productividad y expande el acceso a IOT (sigla en inglés por la Internet de las cosas) en todo el país», afirmó. Para eso, señaló que es clave que el país desarrolle un marco normativo que habilite pruebas piloto y defina reglas de juego claras para los nuevos operadores.
La confrontación entre Trump y Musk parece, a simple vista, un conflicto interno de la política estadounidense. Sin embargo, esta fricción de intereses pone en evidencia una verdad incómoda: buena parte de la infraestructura crítica que sostiene la conectividad en zonas rurales del país depende de empresas extranjeras y de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia.
La Argentina, al igual que otros países en vías de desarrollo, necesita adoptar una estrategia de mediano y largo plazo que combine incentivos a la inversión con un esquema legal que proteja el desarrollo de la industria satelital de telecomunicaciones.