Alejandro Slokar: «Se están restaurando condiciones pre-democráticas»

Éste es un año de aniversarios relevantes para el Poder Judicial. Días atrás se cumplieron 40 años desde el inicio del juicio a los excomandantes, una piedra fundamental sobre la que se edificó la democracia tras una dictadura brutal. En junio, se cumplirán 20 años desde que la Corte declaró inconstitucionales las leyes que impedían el juzgamiento de quienes secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron. Desde entonces, los tribunales condenaron a casi 1200 represores, pero falta mucho aún y el tiempo apremia. El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar sostiene que, mirando ese pasado reciente a través del prisma de los juicios, aparece la necesidad de refundar el pacto democrático del Nunca Más.

“Cuando hay relativismos, banalizaciones, negacionismos y hasta reivindicaciones que glorifican el pasado dictatorial, lo que definitivamente hay que entender es que se persigue la tolerancia en el presente de la represión ilegal del pasado con un propósito disciplinador”, afirmó el camarista en diálogo con Página/12.

–¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el proceso de juzgamiento?

–Los desafíos parten de las exigencias políticas y legales del presente. No es un mero historizar. Las reflexiones tienen que llevarse adelante desde los 40 años del Juicio a las Juntas, desde los 20 años del fallo Simón, pero hay necesidades que fincan en el momento. Cuando hay relativismos, banalizaciones, negacionismos y hasta reivindicaciones que glorifican el pasado dictatorial, lo que definitivamente hay que entender es que se persigue la tolerancia en el presente de la represión ilegal del pasado con un propósito disciplinador. Es claro que, por primera vez en 40 años de democracia, este discurso es política oficial. Además, se libra en el marco de la mentada batalla cultural en la que terminan legitimando la identificación de enemigos a combatir con una clara política de odio y hostigamiento que llega hasta la deshumanización de las disidencias políticas. El equivalente funcional de lo que es la subversión pueden ser los pueblos originarios, la invocación de los terrorismos, el feminismo, los grupos ecologistas.

–¿Qué aportan los juicios en este sentido?

–El valor del Juicio a las Juntas particularmente es el de la reconstrucción ética y política democrática. Entonces se trató de un presupuesto: no hay democracia sobre la base de la impunidad de los crímenes de la dictadura. En ese sentido, el Juicio fue el acontecimiento histórico más importante de la democracia incipiente. No habría una segunda generación de juicios –como se conoce la etapa actual– sin el famoso punto 30 de la sentencia, que extendía el enjuiciamiento a todos los oficiales a cargo de zonas y subzonas junto con los responsables operativos. Luego del Juicio y su valor emblemático, lo que ocurrió fue una dolorosa defección jurídica a partir de las leyes de impunidad. Estamos a 20 años del fallo Simón, que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que ya en origen fueron plagadas de objeciones. Desde el punto estrictamente jurídico hubo reproches porque fueron posteriores a la ratificación por parte de nuestro país de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH). Todo esto se inscribe en el diferencial argentino, que algunos lo comparan con Nüremberg, pero es mucho más.

–¿Por qué?

–Porque acá sin fuerza de ocupación, leyes especiales y tribunales ad hoc se siguen llevando adelante los juicios respetando el debido proceso, con judicatura independiente, con defensores y con sentencias que son revisadas por todas las instancias hasta llegar a la Corte Suprema. Ahí aparece la paradoja: el intento de una fractura entre los juicios de la primera con respecto a los de la segunda generación. Me queda claro que esto proviene de parte de abogados de genocidas, pero también hay algunos teóricos bastante marginales, casi terraplanistas. En su construcción conceptual parece que no habría genocidio ni centros de exterminio ni desaparecidos ni criaturas apropiadas. El problema no es únicamente la mutilación de la historia sino el desprecio de la Constitución y los deberes frente al sistema internacional de los derechos humanos. Se les plantean como estorbos la doctrina del derecho de gentes –el ius cogens–, las obligaciones de perseguir crímenes imprescriptibles, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Todo esto en la lectura de estos sectores, que son minoritarios, sería parte de una suerte de conspiración universal de orden neopunitivista.

–Usted habla de impunización, ¿qué quiere decir con esto?

–La impunidad es un defecto inevitable de todo sistema penal. Si, en cambio, lo que existe es una decidida voluntad de vaciar de responsabilidad como estrategia, lo que se hace es mutilar el pasado, abjurar del derecho y deshonrar a las víctimas.

–¿Inscribiría la falta de respuestas institucionales a la reunión de diputados y represores dentro de este proceso de impunización?

–Revela la alianza de sectores hegemónicos. No fue una mera visita. No es Mateo 25. Esa fue una comisión oficial destacada de la Cámara de Diputados con pasaje gratuito, con autorización por parte de autoridades, con representación de un solo elenco dentro del abanico político, no se trata de una mera verificación en torno a las condiciones de detención –que, por otra parte, están garantizadas a través del control judicial permanente. En este caso, hubo lisa y llanamente una reivindicación con solo estar a la foto que se exhibe en la llamada visita.

–Hay una diputada que semanas atrás dijo que los detenidos de lesa están siendo sometidos a tormentos, que por eso habían ido sus colegas a Ezeiza…

— No sé cómo lo acredita. No sé de quién habla. Pero yo creo que se complementa con este traslado a otro ámbito que se conoció en estos días. En rigor habría que conocer las necesidades para el traslado a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Mi intuición es que nunca puede ser desfavorable. De modo que alguien va a tener que justificar por qué. Beneficios indebidos no pueden operar para ningún detenido.

–¿Qué opina de la decisión de la Cámara del Crimen de reinstalar la placa en homenaje a Jorge Quiroga, juez del «Camarón»?

–Se inscribe en la construcción de sentido de este tiempo, de esa alianza estratégica entre algunas de las fracciones más concentradas del poder jurídico, económico y sus intelectuales orgánicos que suena casi a provocación. Me ajusto al voto de la disidencia en el sentido de la necesidad de que estas medidas sean adoptadas por mayoría calificada o por unanimidad porque forma parte de la lógica de cualquier reconocimiento, distinción o entrega de honores. Lamento, además, que se trabe una lógica de pretendida simetría, paridad o equivalencia con la ministra Carmen Argibay. Su lugar de reconocimiento tiene que ser otro, tiene que ser el Palacio de Justicia. Ella fue jueza de Corte. Pero, además, sospecho que, de ninguna manera, ella habría querido ser parificada con la imagen del controvertido juez Quiroga.

–¿Cuánto afecta el desmantelamiento de distintas áreas que funcionaban en el Poder Ejecutivo al desarrollo de los juicios?

–Eso es lisa y llanamente un incumplimiento de obligaciones internacionales que vinculan a todos los poderes del Estado. Si lo que están dinamitando gubernamentalmente son estructuras o equipos que están orientados a la reparación de las víctimas de los crímenes de la dictadura, no se facilita el acceso a la verdad, no se evita la repetición de lo ocurrido y, en definitiva, lo que están desatendiendo son exigencias del derecho internacional de los derechos humanos, y eso acarrea consecuencias. Hay un deber ineludible de cautelar toda la estructura de la memoria y los equipos.

–En este estado de cosas, ¿considera que la Corte debería convocar a la comisión interpoderes?

–Honestamente no sé si es el camino más idóneo. En definitiva creo más en procesos colectivos al resguardo de la memoria. Tantas veces, en la trayectoria de estos 40 años, la Justicia como administración se reveló más como obstáculo que como facilitadora. Eso habla de continuidades y de reversiones. Hablábamos antes de la primera y segunda generación de juicios, yo hablaría también de la primera y segunda generación de impunización.

–¿Dónde pondría esa marca histórica de segunda generación de impunización?

–Actualmente con la actuación de aquellos que identificamos antes –abogados de genocidas y algunos teóricos marginales. En el plano local, resulta indispensable refundar el consenso democrático. El pacto del ’83 y el Nunca Más marcan algunos límites por su agotamiento. Parece indispensable recuperar el diálogo de aquellos sectores democráticos en una suerte de estrategia para detener este crescendo autoritario y negacionista.

–¿Y ese consenso dónde podría forjarse?

–Yo creo que es indispensable la actuación de los partidos políticos frente al negacionismo y esta versión de una cultura de odio y crueldad, que genera segregación y lleva implícito el germen de una eventual violencia política. La otra reacción, desde siempre, es el plano internacional con la denuncia y la obtención de alguna condena por parte de instituciones que provoquen el aislamiento de estas políticas. Se trata de actualizar el consenso del ’83. Entonces se hablaba de salir de la selva para insertarse en la ley. Éste es un buen paradigma.

–¿Qué le pasa como juez que interviene en las causas de lesa cuando escucha desde la cima del poder político que todo lo que se dijo en los últimos años es un invento de las Madres, las Abuelas y la izquierda?

–La primera reacción es el rechazo abierto. Definitivamente no hubo una guerra, no hubo excesos. Existió un plan sistemático. Yo llamo las cosas por su nombre, yo califiqué esto como genocidio en todo el alcance técnico que tiene la categoría desde el punto de vista de la Convención. No se puede decir que no fue un sistema de planificación y aniquilamiento selectivo de un grupo nacional para destruir su identidad, mal que le pese a cada quien. La calificación es ésta y no puede ser otra, partiendo desde la desaparición de padres hasta la apropiación de los hijos. Frente al terraplanismo, hay que reaccionar, y alguien lo tiene que decir. El olvido, la negación o la reivindicación del Estado terrorista durante el último régimen de facto tienen que ser repudiados por todos, y éste es el cordón. Hay que decir que esto no solo fue sino que sigue siendo porque muchos de los delitos se siguen cometiendo: hay cuerpos no hallados y hay hijos no restituidos.

–¿Cómo ve la incursión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior?

–Vuelven a sortear los límites que ponía el triángulo estratégico –la ley de Defensa Nacional, la ley de Seguridad Interior y la ley de Inteligencia Nacional, todas modificadas por decreto. Y hasta modificado desde el punto de vista de la nominación: el ministerio se llama de seguridad nacional. De ahí al control de la contrainsurgencia, de la guerra interna, de llevar esto al campo de un conflicto ideológico, se está a un solo paso. Se están restaurando las condiciones pre-democráticas. Ahí aparece una remake burda de la doctrina de la seguridad nacional. Cuando se glorifica la violencia por vía de estas famosas resoluciones que restringen la protesta, es grave. También lo son los decretos de diciembre del año pasado. 

«No son delitos de lesa humanidad»

El 24 de marzo, el gobierno anunció que había remitido un acuerdo de solución amistosa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para catalogar como crímenes de lesa humanidad –y, por ende, imprescriptibles– las acciones de las organizaciones político-militares durante los años ‘70. El año pasado, la vicepresidenta Victoria Villarruel había dicho que quería a “todos los montoneros presos”. Y hubo algunos guiños a favor por parte del Poder Judicial.

“Esta reapertura de procesos que buscan reeditar la teoría de los dos demonios procura trazar un equivalente entre genocidas y organizaciones guerrilleras –sostiene Alejandro Slokar. Los hechos de las organizaciones no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad ni graves violaciones a los derechos humanos porque el derecho internacional no los considera así. Ello es imposible porque el concepto mismo de los derechos humanos vincula siempre la relación de fuerza entre el poder de Estado y su conversión en una maquinaria criminal. Esto es jurisprudencia consolidada en la Argentina. Mi criterio fue fijado claramente como estándar en la causa Larrabure, que todavía está a resolución de la Corte”.

«La dictadura no fue un genocidio de carniceros; hubo negocios asesinos»

El año pasado, desde la Cámara de Casación Federal, Alejandro Slokar impulsó una publicación que repasa la jurisprudencia en materia de responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad, uno de los ejes en los que el Poder Judicial mostró sus limitaciones. En los últimos tiempos, desde ese tribunal, hubo señales para apurar el juzgamiento de estos delitos en los casos de los ingenios Ledesma y Fronterita. Hubo una inspección ocular recientemente en la planta de Mercedes Benz y en el juicio del Villazo (Acindar) hay alegatos.

“El plan de represión esencialmente de gremialistas y de trabajadores contó con el acompañamiento del poder económico, ya sea por vía de facilitación de información o por la presencia de centros clandestinos al interior de los establecimientos fabriles. Las sentencias ponen al descubierto que la dictadura no fue el genocidio de apenas unos carniceros sino antes una alianza con sectores del poder económico. Fueron negocios asesinos –como decía María Seoane. Se trató de asestar un golpe a un modelo industrial y a los asalariados con todo el desguace de la legislación protectora así como con la persecución, desaparición y muerte de trabajadores y dirigentes”, sostiene el camarista.

“De entonces a hoy, de lo que hablamos es de industricidio, deudicidio y el desmonte de la legislación protectora en materia de trabajo. Cuando se lee que el 26 de marzo de 1976, a 48 horas del golpe de Estado, reciben el primer préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), la matriz está clara. Lo que se trató de trazar fue un nuevo orden social. Se podría decir que se trata del primer experimento en la Argentina de reconversión a un capitalismo tecnológico. Hoy aparece vinculado a este tiempo. El modelo de acumulación que supone el patrón de exportación y extranjerización frente al de la sustitución de importaciones con inclusión tiene por característica, de un lado o del otro, el exterminio o la democracia”, afirma Slokar.