Burla y cinismo en el operativo de represión

A 17 días de la represión de la protesta en defensa de los jubilados donde un gendarme le disparó e hirió gravemente a Pablo Grillo y dos policías lastimaron a la jubilada Beatriz Blanco, entre otras aberraciones, la Cámara Federal resolvió que la investigación debe quedar a cargo de la jueza federal María Servini. Durante estas dos semanas el expediente estuvo dando vueltas por el fuero penal ordinario y, luego, por juzgados de Comodoro Py. Hasta ahora, todo lo que se logró reconstruir fue gracias a diferentes colectivos y personas que convergen en el Mapa de la Policía, que a través de las imágenes que recopilaron pudieron identificar al cabo que lanzó un cartucho de gas lacrimógeno en forma horizontal que impactó en la cabeza del joven reportero gráfico. 

«Hay que ser muy cagón…» 

Servini debería investigar no sólo al autor del disparo a Grillo, identificar al policía federal que gaseó a Blanco y al que la golpeó con una tonfa (lo que provocó su caída) sino analizar las detenciones sin respaldo, las agresiones a otros manifestantes, quiénes dieron las órdenes y las responsabilidades de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios. Pero, además, hay dos elementos muy llamativos para analizar que fueron revelados en la resolución en la que la jueza porteña Karina Andrade se declaró incompetente para el caso de Blanco: por un lado, el acta policial de ese hecho era imprecisa e incumplía requisitos básicos y, por otro lado, la declaración del oficial Leonardo Tomás Núñez –jefe de Servicio de la Comisaría de Intervenciones Judiciales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal– que decía sin ningún prurito que ese día, el 12 de marzo, «a las 12 horas aproximadamente implantó en las inmediaciones del Congreso de la Nación la Orden de Servicio 659/2025 identificada ‘POR QUE HAY QUE SER MUY CAGÓN PARA NO DEFENDER A LOS JUBILADOS'» (sic), en alusión a la frase célebre de Diego Maradona.  

Era la jornada de protesta en defensa de jubilados y jubiladas que estuvo convocada por múltiples hinchas de fútbol, lo que el Gobierno tergiversó al decir que eran barrabravas que iban a generar violencia. La frase de Maradona circulaba con fuerza por esos días como fuente de inspiración de la protesta. Y la Policía Federal, según la declaración de Núñez a la que accedió Página/12, la utilizaba en una suerte de gesto de cinismo. «Una orden operativa habitualmente tiene solo un número y a lo sumo un nombre técnico, nunca una denominación como esta, que es una expresión política», explicó la exministra de Seguridad Sabina Frederic a este diario. «Una orden de servicio es la que indica qué, dónde, cuándo y cómo a quienes serán desplegados en un operativo», señaló. El testimonio de Núñez fue ante el comisario Carlos Romualdo Coronel, y decía también que «había gran cantidad de manifestantes de distintas organizaciones sociales, jubilados, integrantes de asociaciones gremiales e hinchas de diversos clubes de fútbol argentino, quienes se hallaban manifestándose en primera instancia pacíficos con cánticos alusivos a la marcha». 

Coronel, comisario de Intervenciones Judiciales, labró el acta con la misma información que dio Núñez donde en forma genérica dice que de pronto, a las 16.55, «se encontraba tirada en el suelo una señora de 87 años de edad, de nombre Beatriz Blanco, la cual poseía corte en el cuero cabelludo» y que llamaron a una ambulancia. Está filmado y lo vieron todos los que estaban ahí que la mujer fue agredida por policías, pero eso no fue documentado como mandan las normas procesales en los casos de flagrancia, y fue enviado a la fiscalía por «lesiones» dos horas después.  Aún habrá que ver qué dice el acta referida a Grillo, situación por la que en un comienzo intervino otro juzgado porteño subrogado por Gonzalo Rúa, que mandó todo a Comodoro Py. 

Aún sin querellantes 

La decisión de dejar la investigación en manos de Servini fue firmada por el presidente de la Cámara Federal, Mariano LLorens, con el criterio –que es el habitual– de que ese juzgado fue el que recibió la primera denuncia vinculada con la represión del 12 de marzo. Hay presentaciones hechas por la propia Blanco, por la Red Federal por los Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria, el abogado Gregorio Dalbón y la diputada del PO-FIT Vanina Biasi, entre otros. El viernes, la familia de Grillo pidió ser querellante, para poder impulsar la investigación. Ya lo había solicitado también la jubilada que fue herida en la cabeza. En el limbo judicial, hasta ahora, ninguno de los dos obtuvo una respuesta que les reconozca esa condición. 

Servini está de licencia hasta el jueves de la semana que viene, señalaron allegados a su juzgado. La subroga el juez Sebastián Ramos. Hace algunos días, ante las indefiniciones y la disputa de competencia, la magistrada ordenó algunas medidas urgentes para preservar pruebas que podían estar en riesgo: le pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que analice los registros fílmicos que se obtengan de «las cámaras pertenecientes a edificios, comercios y entidades públicas y/o privadas ubicadas» en «el perímetro comprendido entre las calles Combate de los Pozos, Adolfo Alsina, Balcarce y Bartolomé Mitre; la Avenida Hipólito Yrigoyen entre las calles Solís y Virrey Cevallos; y la esquina de Entre Ríos y Rivadavia». Todo eso entre las 14 y las 20 horas.

También le requirió «la compulsa de redes
sociales, fuentes abiertas de internet, y portales periodísticos con el objeto
de obtener material audiovisual con relación a la actuación de las fuerzas
de seguridad durante la manifestación» y si es necesario que se les pida a los medios el material correspondiente a las coberturas periodísticas. Al Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de
la Ciudad le pidió urgente «la
totalidad de los registros fílmicos obtenidos» el mismo perímetro y horario.  

Ramos, en reemplazo de Servini, le pidió a la jueza Andrade que le envíe la lista de los detenidos, las actas de detención y «soltura», así como las declaraciones de policías que tenga. Como es conocido, Andrade liberó a 114 personas porque la policía no le especificaba dónde, cuándo y por qué habían sido detenidas, que es lo que debería constar en las actas. De todos modos, como ya quedó claro en una causa en la que precisamente intervino Servini sobre las 33 detenciones el 12 de junio del año pasado en la movilización contra la Ley Bases, muchas de las actas policiales de detención son truchas, dicen cosas que no ocurren o de las que no existen pruebas como, por ejemplo, que Fulano golpeó a un policía o que Mengana tiró piedras. Es lo que escriben habitualmente para justificar detenciones por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. 

Las denuncias de Bullrich

Con la táctica habitual, el Gobierno, a través del ministerio de Seguridad, hizo una denuncia penal por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada por la movilización. 

El fiscal Franco Picardi le pidió a Bullrich y al funcionario Fernando Soto una serie de datos básicos y pruebas sobre lo que afirmaban: qué registros tienen en la línea 134 de denuncias que señalen la presencia de barrabravas ejerciendo violencia y portando armas; cuáles eran los grupos que, según el Gobierno, estaban presentes pero «no tenían nada que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas» y situaciones que hayan registrado agresiones dirigidas a los agentes de seguridad (en las filmaciones se ve lo contrario, que los agentes agreden a manifestantes); todos los datos y documentación que muestren quiénes fueron los supuestos organizadores y que den cuenta de que los principales grupos de barras partieron de La Matanza y Lomas de Zamora y llevaban distintos tipos de armas. Hasta este viernes a última hora la cartera de Bullrich no había presentado absolutamente nada en la fiscalía de Picardi. 

Ante la fiscalía de flagrancia porteña presentaron una lista de 29 supuestos barras, ninguno de los cuales estaba en la nómina de 114 detenidos original. El único detenido hasta el momento por orden de la jueza Andrade por la quema de un patrullero en avenida de mayo al 1200 es Fernando David Yurquina, un aparente hincha de All Boys marginal, a quien el club dice no conocer. No estaba en ninguna lista de detenidos ni identificados por Bullrich. El único prófugo cuya foto la ministra tuvo la gran idea de difundir cuando la fiscalía había pedido su detención.