Deportaciones y aranceles: la doble ofensiva de Trump contra Venezuela

El gobierno de Venezuela denunció este lunes una «cacería de brujas» contra los migrantes venezolanos en Estados Unidos, luego de la deportación de más de 200 de sus ciudadanos a El Salvador, en medio de la reanudación de las repatriaciones. La medida, que el presidente estadounidense Donald Trump sustentó en una ley de guerra de 1789, se suma a la imposición de aranceles de hasta el 25 por ciento a países que compren petróleo o gas a Venezuela, lo que las autoridades venezolanas consideran una «guerra económica» en su contra.

«Hay una cacería, como se decía antes, de brujas contra los venezolanos en general. Comienza con el muchacho que tiene tatuajes, con el muchacho morenito, pero se extiende a todos«, afirmó el ministro de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, durante un acto en Caracas en apoyo a los migrantes deportados. Según el funcionario, hay venezolanos que, pese a estar «legalmente viviendo en los Estados Unidos» y tener empleo estable, «no salen de su casa ya que están en un estado de terror y de pánico por la persecución».

«Un acto de crueldad e injusticia»

Caracas y Washington reanudaron los vuelos de repatriación, con un primer grupo de 199 venezolanos llegando a Maiquetía, la madrugada del lunes en un avión desde Honduras, donde habían sido enviados tras ser deportados de Estados Unidos. Se suman así a los 919 ciudadanos venezolanos que retornaron en cuatro vuelos desde febrero. La reanudación de los vuelos, anunciada el sábado, ocurre en medio de acusaciones mutuas entre ambos gobiernos sobre el incumplimiento del acuerdo migratorio alcanzado en enero.

«Hoy estamos recibiendo 199 compatriotas», confirmó el ministro de Interior, Diosdado Cabello, desde el aeropuerto. El funcionario recordó que este es el cuarto vuelo con deportados desde Estados Unidos: los dos primeros salieron de El Paso, Texas, el 10 de febrero, seguidos de otro con 177 venezolanos que habían sido retenidos en la prisión de Guantánamo y luego repatriados vía Honduras. «Esperamos que la próxima llamada estadounidense sea para anunciar la liberación de los que están secuestrados en El Salvador», expresó Cabello.

Maduro calificó como un «secuestro cruel e indignante» la deportación de 250 venezolanos a El Salvador, donde fueron encarcelados bajo sospecha de pertenecer al cártel El Tren de Aragua. «Las acciones de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador contra nuestros jóvenes trabajadores constituyen un acto de crueldad e injusticia, un secuestro cruel e indignante. Desde Venezuela, exigimos al gobierno de los Estados Unidos que cese la persecución y violación de los derechos de los migrantes venezolanos», publicó el mandatario en sus redes sociales.

Esto, según Freddy Ñáñez, es consecuencia de lo que llamó un «decreto de guerra que ha firmado Donald Trump contra Venezuela», aludiendo a la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros, cuya última aplicación fue para la organización de campos de concentración para prisioneros japoneses durante la segunda guerra mundial, que se tradujo en «el secuestro y la violación de todos los derechos humanos de los venezolanos». Incluso la jueza federal Patricia Millett, nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama, dijo que «los nazis recibieron mejor trato bajo la ley de enemigos extranjeros» porque tuvieron derecho a «audiencias» antes de ser deportados.

El acuerdo de Trump con Bukele

Los deportados fueron recluidos en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo salvadoreño, en un acuerdo por el cual el gobierno de Nayib Bukele habría recibido seis millones de dólares de Washington para apresar 300 prisioneros por un año. «Fueron vendidos sin juicio previo, sin derecho a la defensa», acusó Ñáñez, quien afirmó que Bukele «simplemente es un accidente de la política» y que impuso en El Salvador un modelo de represión similar al aplicado contra los venezolanos donde a «pobres, trabajadores y disidentes» se les aplica la «ley del fierro». 

Trump, por su parte, defendió la deportación masiva asegurando que los migrantes fueron sometidos a un «riguroso» proceso de verificación para determinar su vinculación con organizaciones criminales. El gobierno del republicano anunció el 21 de marzo la revocación del estatus migratorio de unos 532 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que habían llegado a Estados Unidos bajo un programa impulsado por el gobierno de Biden. Una vez publicada la orden en el Registro Federal, estos migrantes perderán su protección legal en 30 días. Cabello estimó que unos 155 mil venezolanos se verán afectados por la medida.

La guerra económica contra Venezuela

En paralelo con las deportaciones, Trump anunció este lunes la imposición de un arancel del 25 por ciento a los países que compren petróleo o gas de Venezuela, argumentando que el país fue «muy hostil» hacia Estados Unidos. y que ha enviado «decenas de miles de criminales de alto nivel» a territorio estadounidense. China e India figuran entre los principales compradores de crudo venezolano, pero la amenaza de Trump no discrimina en función del volumen de compra, afectando también a otros países como España, donde opera la petrolera Repsol.

«Todas las naciones que compren petróleo y gas a Venezuela deberán pagar un arancel del 25 por ciento a Estados Unidos», publicó el republicano en su plataforma Truth Social. Trump afirmó que entre los migrantes enviados a Estados Unidos está la banda criminal Tren de Aragua, recientemente designada como «Organización Terrorista Extranjera» por la justicia estadounidense. «Estamos en el proceso de devolverlos a Venezuela. ¡Es una tarea enorme!», agregó Trump.

La administración de Maduro respondió a través de un comunicado que «Venezuela ejercerá todas las acciones pertinentes ante los organismos internacionales para hacer valer sus derechos y denunciar esta nueva violación al orden económico mundial». A juicio del país caribeño, la decisión de Trump «viola flagrantemente las normas del comercio internacional», es «arbitraria, ilegal y desesperada» y, además, «confirma el fracaso rotundo de todas las sanciones impuestas» por Estados Unidos contra Venezuela.

«Hoy, esa misma estrategia fallida pretende ser reeditada con medidas coercitivas que buscan socavar el desarrollo de nuestra nación», afirma el comunicado. Pese a esto, agregó, Venezuela «avanza en su ruta de crecimiento y prosperidad, junto a un pueblo que ha resistido con dignidad y ha derrotado cada intento de sometimiento promovido por los extremistas de siempre».

Se amplía la licencia de Chevron

El deterioro de las relaciones entre Caracas y Washington ya había tenido consecuencias económicas. En semanas recientes, en descontento con el ritmo de repatriaciones de venezolanos, Trump revocó la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela, ordenándole cerrar sus operaciones en el país antes del 3 de abril. 

Este lunes Trump anunció su decisión de prolongar el plazo para que la petrolera liquide sus operaciones en el país hasta el 27 de mayo, según informó la Oficina de Control de activos Extranjeros. La nueva licencia impone restricciones a Chevron, única petrolera estadounidense en Venezuela.  La empresa no podrá pagar «impuestos o regalías al gobierno de Venezuela», ni dividendos a Petróleos de Venezuela (PDVSA) o a cualquier compañía en la que esta posea una participación igual o superior al 50 por ciento.

También queda prohibida la venta de petróleo venezolano «a cualquier jurisdicción que no sea Estados Unidos» y realizar transacciones con empresas controladas por compañías rusas o personas sancionadas por Washington. Venezuela es el tercer proveedor de petróleo de Estados Unidos, con una producción de 296 mil barriles diarios en diciembre de 2024, según la Administración de Información Energética (EIA).

Las relaciones entre Caracas y Washington se rompieron en 2019, durante el primer mandato de Trump. Con su sucesor, el demócrata Joe Biden, Maduro sostuvo diálogos esporádicos en torno a las elecciones presidenciales de julio pasado, que Estados Unidos calificó de fraudulentas. Tanto Trump como Biden respaldan al opositor Edmundo González Urrutia, quien se proclama ganador de los comicios y asistió a la investidura de Trump el 20 de enero.