Mercenarios en América latina: el regreso de Blackwater
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha posibilitado el retorno de algunos de los personajes más temibles y oscuros de la política estadounidense y tal parece que, en esta oportunidad, su despliegue en América Latina podría tener un carácter prioritario.
El exoficial de la Marina Erik Prince fundó Blackwater en 1997 la que, en pocos años, se convertiría en la empresa de seguridad privada más grande a nivel mundial, principalmente, gracias a sus lazos con el Pentágono y con el establishment militar de los Estados Unidos.
Verdaderos ejércitos de mercenarios actuaron en los lugares más recónditos del planeta, en general, bajo el auspicio de gobiernos satélites, y sin mayores preocupaciones por la expansión del número de denuncias por abusos y violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, el combate a todo tipo de enemigos posibilitaba que la empresa aumentara su volumen de ganancias y se apropiara de territorios con valiosos y estratégicos recursos naturales.
Pero todo cambiaría en 2007 tras la Masacre de la Plaza Nisur, en Bagdad, cuando un grupo de soldados de Blackwater abrió fuego y mató a 17 civiles iraquíes, lo que rápidamente planteó bajo el ojo público la ausencia de una supervisión efectiva a este tipo de organizaciones y la falta de mecanismos de rendición de cuentas por parte de los contratistas privados de seguridad.
Fue el comienzo del fin para una de las corporaciones más poderosas e intocables de los Estados Unidos y, ya sin protección política, una señal clara para Erik Prince de que, al menos por tiempo, su nombre debía ser olvidado.
La campaña presidencial republicana de 2024 favoreció la reaparición del soldado-empresario quien se mostró desde un inicio cercano a la candidatura de Donald Trump. El triunfo del republicano contribuyó a encaramar al antiguo fundador de Blackwater, dispuesto una vez más a realizar redituables negocios con el Estado, y siempre con una clara proyección internacional.
Ahora Prince pretende llevar su modelo de negocios a un tema fundamental para la política estadounidense: el control migratorio, a través de un plan para llevar a cabo deportaciones masivas según métodos y estructuras establecidas en el negocio de la seguridad privada.
El proyecto enviado a la Casa Blanca plantea el objetivo de deportar a 12 millones de personas antes de las elecciones de medio término de 2026. Para ello, propone el establecimiento de una red de “campos de procesamiento” dentro de las bases militares, y la disponibilidad de una flota privada de un centenar de aviones únicamente dedicada a efectuar traslados internacionales. Asimismo, establece un “programa de recompensas” que ofrecería pagos a aquellos ciudadanos que colaboren en la denuncia y captura de migrantes indocumentados.
Todo el proyecto tiene un costo estimado de más de 25 mil millones de dólares, siempre bajo la impronta de que el Estado no tiene capacidad para encargarse de una misión como ésta y que, por lo tanto, debería delegarla, necesariamente, en el sector privado.
Para llevar adelante esta propuesta, Prince cuenta con un importante aliado, Nayib Bukele, con quien forjó una estrecha relación por su común participación en CPAC (Conservative Political Action Conference), la internacional de la ultraderecha que cuenta al ex militar en su comisión directiva. Aparentemente, la aceptación del salvadoreño para encarcelar a miles de inmigrantes que hoy se encuentran en Estados Unidos e, incluso, a recibir en sus famosas cárceles a peligrosos delincuentes estadounidenses, habría surgido de un pedido del propio Prince.
Además de Bukele, su otro aliado en la región es Daniel Noboa, el mandatario que, en un contexto electoral, apunta a fortalecer su propuesta de mano dura mediante una asociación estratégica con el fundador de Blackwater. El descontrol en el que se encuentra Ecuador, asolado por bandas de narcotraficantes y con uno de los índices de homicidios más altos a nivel global, termina siendo aprovechado por el gobierno, que no duda en vincularse con una figura altamente controversial, pero con clara llegada al centro del poder en Washington.
Sin embargo, todo indica que la apuesta de Prince es todavía más alta y que no se conformaría solamente con su intervención en El Salvador y en Ecuador.
El objetivo prioritario sería utilizar a esos dos países como base de sus ejércitos de mercenarios para, de ese modo, amenazar directamente a Nicolás Maduro, un viejo proyecto que reactivó en agosto de 2024, en medio de las repercusiones por las elecciones presidenciales en Venezuela y que cuenta con el apoyo de referentes de la oposición como María Corina Machado, la que sin tapujos manifiesta su opinión favorable a la intervención extranjera en su propia nación.
Como Prince explicó en un podcast el 20 de marzo, nada menos que junto a Don Trump Jr., hijo del presidente y además uno de sus más cercanos asesores, “hay que sacar a Maduro y no se requieren militares estadounidenses. Puede ser una actividad encubierta de la inteligencia o de patriotas venezolanos ayudados por extranjeros y debería ser ésta la política de Estados Unidos”.
Con el deliberado apoyo de Trump, y en el medio de las deportaciones masivas y de las aventuras militares, hoy Blackwater está de regreso. Y, sin duda alguna, si no hay una reacción rápida y coordinada por parte de los gobiernos progresistas, será una muy mala noticia para toda la región.
