Sandra Pettovello no acata ninguna resolución judicial por el reparto de alimentos

Parece mentira, pero es real: El Ministerio de Capital Humano no acata las resoluciones judiciales que le ordenaron garantizar el derecho a la alimentación a quienes asisten a comedores comunitarios. Peor aún, la cartera a cargo de Sandra Pettovello incumple sus propias resoluciones, como la que publicó el 2 de diciembre para “dar cumplimiento” –decía—al duro fallo del juez Enrique Lavié Pico que le ordenaba incorporar a 66 comedores al Programa Alimentar Comunidad en un plazo de tres días. Ninguno recibió nada. Tampoco se entregaron los fondos al comedor Mártires Populares de la Fundación Isla Maciel aún después de varias inspecciones y pese a que ya forma parte de un programa. No obtuvieron respuesta otros 54 que reclamaron en el expediente y mostraron que tienen su documentación y rendiciones de cuentas al día. Una nueva presentación judicial de los afectados exige sanciones a la ministra.

Una colección de intimaciones

Capital Humano decidió dejar de entregar alimento a los comedores y merenderos vinculados con movimientos sociales apenas Pettovello puso un pie en el gobierno de Javier Milei. Es decir, hace más de un año cientos de espacios que ofrecían alguna o más de una comida en los barrios, no reciben nada de parte del Estado pese a que estaban incluidos en distintos programas alimentarios. Solo reciben acusaciones de que son “fantasmas” y cuestionamientos a que las organizaciones sean intermediarias (aunque la ministra se procuró su propio intermediario, la fundación CONIN).

En el fuero contencioso administrativo, ante un amparo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), a lo largo de 2024 hubo cinco órdenes judiciales para que Pettovello distribuya alimentos, lo que incluyó una sentencia sobre el fondo que condenó al Estado y advertía que ninguna medida de gobierno puede estar destinada a empeorar la situación de la población según los estándares internacionales de derechos humanos. Señalaba que el acceso a los alimentos no es un “privilegio” sino garantía “del principio de igualdad” y que las “restricciones financieras no pueden usarse como excusa para justificar violaciones constitucionales”. También en Comodoro Py tuvo sentencias adversas en todas las instancias por la comida acopiada en dos galpones. Lo asombroso es que hasta ahora ni Pettovello ni ningún funcionario/a con responsabilidad en el tema fueron sancionados por los incumplimientos sistemáticos.

A principio de enero, el juez Lavié Pico admitió habilitar la feria judicial a pedido de las organizaciones, cuando ya había pasado un mes tras la última y contundente intimación judicial a Capital Humano en relación a 66 comedores y merenderos de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros. El magistrado había establecido que si en 72 horas el ministerio no hacía nada, aplicaría “sanciones conminatorias” (por ejemplo, multas, que pueden ser personales). ¿Qué hizo Pettovello? Sólo publicó la resolución que decía que los incorporaba al programa Alimentar Comunidad para acatar el fallo, pero no puso en práctica nada. La Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada había pedido también que fueran incluidos en el programa alimentario otros 54 comedores, pero no tuvo respuesta. Después que reclamó a fin de diciembre el cumplimiento de la cautelar, la cartera le puso más requisitos y exigió más documentación. A esta altura ya pasaron casi dos meses.

Nuevo reclamo urgente

En un nuevo reclamo presentado esta semana, el CELS y la UTEP denunciaron que Capital Humano actúa con “mala fe” ya que, por un lado, dice que los programas para garantizar el acceso a la alimentación están vigentes, pero en los hechos genera los obstáculos para “evitar el acceso de los comedores comunitarios” a ellos. Señalaron que la cartera no respeta “los principios básicos del derecho administrativo”, vulnera “el derecho al debido procedimiento” “dilatando el cumplimiento de la medida cautelar dictada y entorpeciendo el derecho a la alimentación de los beneficiarios de la presente acción”.

La presentación tiene tres pedidos específicos:

*Que se incorpore a los 54 comedores y merenderos gestionados por la Federación de Cooperativas de Reciclado en las políticas alimentarias vigentes “bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias diarias. Sin perjuicio de las potestades que tiene el Poder Ejecutivo Nacional de auditar todo lo que considere necesario”.

*Que “se hagan efectivas las sanciones conminatorias en forma retroactiva en cabeza de la ministra Sandra Pettovello” por el incumplimiento respecto de los 66 comedores de la Asociación El Amanecer de los Cartoneros.

*Piden “que se ordene la inclusión en la política y la transferencia efectiva de los fondos previstos por el programa Alimentar Comunidad al comedor ‘Mártires Populares’ en plazo perentorio, también bajo apercibimiento de sanciones conminatorias diarias”. Este comedor ubicado en Avellaneda es gestionado por la Fundación Isla Maciel. Junto con otro, en Merlo, llamado Monseñor Angelelli, durante 2023 alimentaban a diario a 653 personas, 390 de las cuales son niños y niñas. La fundación es parte del Programa Alimentar Comunidad, pero Mártires Populares no recibió fondos de 2024 pese a que en junio se lo incluyó en una lista de 21 comedores a los que se les restituiría el dinero correspondiente para compra de alimentos. Le hicieron tres inspecciones y les pidieron la firma de un nuevo convenio, pero nada llegó.

El escrito, que deberá resolver Lavié Pico es categórico: “Los hechos narrados reflejan una conducta sistemática de incumplimiento por parte del Ministerio de Capital Humano –advierte– caracterizada por maniobras dilatorias, imposición de requisitos innecesarios y falta de respuestas concretas”. “Esta actitud –sigue– no solo vulnera los principios básicos del derecho administrativo y la buena fe procesal, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales como el acceso a la alimentación”. El texto pide “medidas sancionatorias inmediatas para instar al cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales y el respeto a las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en el marco de sus programas sociales” ante “el evidente perjuicio causado a los comedores comunitarios y los beneficiarios finales de estas políticas”.