140 trabajadores de la Defensoría del Público en riesgo de quedarse en la calle

El desmantelamiento del Estado por parte del gobierno de Javier Milei no para, ahora las y los trabajadores de la Defensoría del Público alertaron sobre los posibles despidos de más de 140 empleados ante el inminente cierre del organismo. Se sumarían a las decenas de cesantías ya confirmadas. Indicaron que “la intervención de Soher El Sukaria modificó el estatuto del organismo sin la participación de la bicameral», lo que representa un acto «ilegítimo».

En un comunicado difundido por los trabajadores, explicaron que la interventora hizo cambios en el organismo creado por la Ley de Servicios de comunicación audiovisual sin respetar los pasos procesales. No convocó –por ejemplo– a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual «ni a ningún otro ente que le de legitimidad institucional». Además, indicaron que El Sukaria realizó “una reestructuración de la planta que elimina áreas fundamentales que son la que tienen capacidad de sanción, las de capacitación, las de protección de derechos y las pedagógicas”.  Con esos recortes, solo quedan en funcionamiento los sectores encargados de hacer informes y tomar denuncias.

“Sin capacidad de acción, la Defensoría, que ya sufría desde hace varios años, las consecuencias de limitaciones en su labor, quedará obsoleta”, indicaron los trabajadores. Además, denunciaron que el gobierno de La Libertad Avanza pasó a disposición a 40 personas que eran de planta permanente. «Quienes trabajaron hasta el mes pasado en el organismo afirman que por reglamento, en caso de que la Defensoría del Público cierre, deberían pasar a cumplir tareas en el Congreso Nacional”, señalaron.

Por otra parte, resaltaron el impacto que el desmantelamiento del organismo tendrá para el público:  “¿Quién garantizará que se respete el horario de protección al menor? ¿Cómo harán las audiencias para denunciar la violencia a diversos sector sociales por parte de los medios?”, se preguntaron en el comunicado.

Esta decisión tiene un antecedente. A fines de diciembre, el Gobierno despidió a más de 100 trabajadores y anticipó su intención de eliminar el organismo encargado de tomar reclamos de las audiencias en materia de desinformación, fake news y cuando sus derechos no son respetados. Para defender esa decisión, Federico Sturzenegger afirmó que la administración de Javier Milei «respeta plenamente el derecho de expresarse».

En agosto del año pasado, el gobierno de Javier Milei intervino la Defensoría luego del final del mandato de Miriam Lewin, el 24 de junio. Meses después designó como interventora a la diputada nacional del PRO Soher El Sukaria. Y lo hizo de una manera peculiar, los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, Victoria Villarruel y Martín Menem, aprovecharon que la comisión bicameral encargada de proponer un candidato no estaba conformada y le pusieron el gancho a la resolución. Una designación que fue denunciada como ilegítima «ya que fue realizada por acto administrativo dirigido desde el ejecutivo, una entidad que no debería tener injerencia sobre la Defensoría que es un entidad perteneciente al poder legislativo”.