Una tabacalera en problemas
Avanza la causa contra el empresario tabacalero Pablo Otero por falsificación de estampillas y venta de cigarrillos truchos. Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, es investigado por la Justicia Federal de Mar del Plata en una causa que involucra a seis empresarios PyME que ya fueron citados a indagatoria acusados de comprar cartones de cigarrillos ilegales con estampillas apócrifas. Las marcas correspondían a la tabacalera Sarandí y Bronway, propiedad Darío Ippolito, por lo que el juez intenta determinar si los dueños de las fábricas de cigarrillos están involucrados en la maniobra para evitar el pago de impuestos y obtener mayores ganancias.
Avanza la causa contra el empresario tabacalero Pablo Otero por falsificación de estampillas y venta de cigarrillos truchos. Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, es investigado por la Justicia Federal de Mar del Plata en una causa que involucra a seis empresarios PyME que ya fueron citados a indagatoria acusados de comprar cartones de cigarrillos ilegales con estampillas apócrifas. Las marcas correspondían a la tabacalera Sarandí y Bronway, propiedad Darío Ippolito, por lo que el juez intenta determinar si los dueños de las fábricas de cigarrillos están involucrados en la maniobra para evitar el pago de impuestos y obtener mayores ganancias.
El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, citará a indagatoria a Pablo Otero, a quien en el ambiente llaman “El señor del Tabaco”, por la fuerte influencia que tiene en el sector. Así una causa que comenzó en el 2019 cuando la AFIP detectó que en kioscos de la costa argentina se ofrecían cigarrillos truchos, con las estampillas falsificadas. El avance de la investigación judicial llevó a la acusación de los empresarios PyME Daniel Hernández, Pablo Hernández , Leonardo Dari, Sebastián Ponce, Carlos Mónaco y Alcides Mónaco por formar parte de la maniobra de la venta de los cigarrillos de forma ilegal, de marcas vinculadas a las que produce Otero y también a las que produce Ippolito.
En el escrito el juez detalló que los empresarios «Adquirían y recibían con habitualidad y ánimo de lucro paquetes de cigarrillos de las marcas Red Point, Dolchester con sus estampillas insertas apócrifas o bien sin instrumento fiscal de control para su acopio, distribución y comercialización al por mayor y menor». La hipótesis sobre la que trabaja la justicia es que las dos tabacaleras formaban parte de la venta ilegal de los cigarrillos con estampillas falsas para no pagar impuestos y beneficiarse con mayores ganancias.
La semana pasada la justicia citó a indagatoria a los seis empresarios PyME y se estima que cuando se haya terminado de tomar las declaraciones, citará a Otero e Ippolito.
