Para que el río Atuel sea para todos 

Javier Milei se vanagloria en ser el primero en muchas cosas: dentro de un tiempo, puede ser el primer presidente argentino que niega los problemas ambientales condenado por la CIDH por violar el ambiente. La CIDH admitió una causa por un diferendo entre la provincia de La Pampa y Mendoza por el río Atuel. Esa disputa ya tuvo un fallo de la Corte Suprema que Mendoza no cumple, donde se reconoció que la provincia cuyana se apropió de las aguas del río, provocando sequía en La Pampa. Como el fallo de la Corte nunca se cumplió, la disputa escaló a tribunales internacionales. Ahora el Gobierno argentino tendrá tres meses para contestar la demanda y explicar por qué no está violando el ambiente. La causa involucra a su aliado, el gobernador radical Alfredo Cornejo.

La disputa por el río Atuel es histórica y llevó décadas de diferendos judiciales hasta que se llegó a un fallo de la Corte. Al no conseguir que el fallo se cumpla, La Pampa acudió a la CIDH, que tomó la decisión de darle curso a la demanda y le dio al Estado nacional tres meses para que responde por qué no se cumple un fallo de la Corte Suprema de junio pasado que obliga a Mendoza a garantizarle a La Pampa un caudal mínimo del río. El Gobierno de Milei podrá pedir una prórroga de cuatro meses más pero, tarde o temprano, tendrá que inventar una respuesta. 

Ante la noticia, el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto salió a hablar acompañado por funcionarios de su gobierno y representantes de las organizaciones ecologistas, que reclaman por la desertificación de La Pampa. «Este es un nuevo paso que damos como provincia de La Pampa. A mediados de agosto se inició un proceso en el cual las ONG, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy podemos decir que la Comisión aceptó la presentación que se hizo desde La Pampa y dio traslado al Estado Nacional para que, en un tiempo perentorio, dé respuestas sobre por qué no se está cumpliendo con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia», remarcó Ziliotto. «Esto muestra que La Pampa no abandona la lucha por sus ríos. Vamos a seguir insistiendo en todos los estamentos que tienen competencia sobre la materia y, día a día, sumamos pruebas y entendimientos».

El gobernador recordó que en junio se hizo «una presentación en la Corte Suprema diciendo que agua hay. En estos días, Mendoza anuncia un nuevo reservorio para detener el Atuel. Está justificando que no solo hay agua, sino que sobra agua en Mendoza. Como pampeanos, vamos a seguir insistiendo, utilizando todas las herramientas que nos da la institucionalidad, para que el Atuel, definitivamente y en forma permanente, escurra por La Pampa. Siempre vamos a defender esta causa, que nos atraviesa a todos, que está internalizada y que tiene que ver con el sentido de pertenencia que los pampeanos tenemos sobre nuestros recursos hídricos. Y a esa lucha no la vamos a abandonar».

En diálogo con este diario, otro de los actores de la causa, el abogado Andrés Gil Domínguez destacó que «Es muy importante porque pasamos una primera etapa donde la CIDH analiza la procedencia formal del caso. Hoy por hoy la CIDH hace muchos rechazos. Ya pasar esta etapa es importante y se le notificó al Estado argentino». «Ya la pelea de La Pampa ha dejado de ser con la provincia de Mendoza y por la falta de respuesta de la Corte Suprema y pasó a ser con el Estado Argentino en una corte internacional«, remarcó.

«Se comprobó que Mendoza viola el ambiente al haberse apropiado el río Atuel. Y la Corte Suprema viola un derecho: que se si se obtiene una sentencia, la sentencia de cumple. El Estado Argentino tiene tres meses y puede pedir cuatro meses más y tiene que contestar. Dar los fundamentos de por qué no violó el derecho al ambiente, cuando existe una sentencia de la Corte que dice que Mendoza violó el ambiente. Mendoza está intentando con fondos nacionales crear en la provincia reservorios de agua: riega y lo que sobra, se lo guarda. Es indefendible«, remarcó. «Cornejo le mide el republicanismo a todo el mundo y él como gobernador hace esto: no cumple una sentencia de la Corte», advirtió.

Y también consideró que esto representará un problema para el actual presidente: «Si sigue con su discurso de negar los problemas ambientales, Milei recibirá una condena como Estado violador de los derechos humanos».

Después de ver conspiraciones comunistas en la lucha por el ambiente, solo es posible conjeturar lo que puede llegar a ser la respuesta del Gobierno nacional a una demanda ante la CIDH por el manejo de los ríos que viene de uno de los gobernadores peronistas que Milei más castigó en el reparto de fondos discrecionales.