Milei no quiere política en los edificios públicos

A través de dos decretos, el presidente Javier Milei continúa con sus microregulaciones para insistir en su «batalla cultural». Por un lado, con el decreto 1084/2024, Milei ordenó la prohibición de nombrar edificios públicos o destinar fondos en homenajes a personalidades político-partidarias que no hayan fallecido hace más de diez años; mientras que con el decreto 1086/2024 modificó la reglamentación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para explicitar el «adoctrinamiento político» como una vulneración. 

El decreto 1084, que contiene la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rememora el 4161 de la denominada Revolución Libertadora, el golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón y prohibió en todo el territorio nacional, la «afirmación ideológica peronista». 

En este caso, el decreto de Milei ordena la prohibición de «la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política» en los edificios o los bienes muebles e imuebles del Estado nacional. Lo ordenado por decreto, Milei ya lo llevó a la práctica con la modificación del nombre del Centro Cultural Kirchner, por Palacio Libertad.   

El decreto avanza especifica que la prohibición recaerá sobre «nombres de personalidades políticas antes de transcurridos 10 años desde su fallecimiento o desaparición física o desde los acontecimientos históricos que se pretenda honrar». Por lo que sí podrían seguir mantiendo el nombre de Néstor Kirchner edificios y escuelas públicas. Sin embargo, el gobierno ordenó retirar algunos homenajes al expresidente, como ocurrió en el edificio de la Anses. 

En el tercer artículo, Milei prohíbe también a los funcionarios públicos utilizar recursos o bienes del dominio público o privado del Estado nacional para  «promocionar, celebrar, conmemorar u homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal».

En esta cruzada de su batalla cultural, Milei invita a «todo ciudadano» a denunciar ante las autoridades nacionales cualquier violación a las disposiciones; y  advierte a los funcionarios que el incumplimiento de la disposición  será tomada como «una infracción grave en el ejercicio de la función pública». 

En tanto, el decreto 1086/2024 –con las firmas de Francos y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello– apunta contra el «adoctrinamiento político de los niños, niñas y adolescentes», una cruzada que la ultraderecha conservadora ve tanto en la libertad de participación en los centros de estudiantes como en la Educación Sexual e Integral (ESI). 

En ese sentido, los considerandos del decreto sostienen que el Ejecutivo toma una actitud positiva para defender los derechos de la educación de niños, niñas y adolescentes y advierte que «dada la importancia del rol que cumplen los docentes en el desarrollo de la vida y la libertad de los niños, es fundamental que estos no impongan una determinada forma de pensamiento ni limiten de ninguna manera el libre desarrollo de las ideas, evitando cualquier posible adoctrinamiento».

Para ello, el Ejecutivo consideró que «resulta necesario modificar la Reglamentación de la Ley N° 26.061, incorporando de forma expresa al adoctrinamiento político como hecho que transgrede sus derechos». 

En la parte resolutiva, Milei modificó los artículos 9, 15 y 19 de la Reglamentación de la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para incoporar un apartado que expresa «la imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo» vulnera los derechos  a la dignidad y la integridad, a la educación y a la libertad, respectivamente. 

El decreto no especifica cuáles serían las formas en las que los docentes serán considerados como fuentes de adoctrinamiento, cuando aún se mantiene latente la denuncia hecha por la fundación de ultraderecha Natalio Morelli contra el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, por la incorporación de los libros Cometierra de Dolores Reyes, Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, Las primas, de Aurora Venturini y la obra de no ficción Si no fueras tan niña. Memorias de la violencia, de Sol Fantin, en la colección “Identidades Bonaerenses”, que se distribuye en las escuelas secundarias e institutos terciarios de la provincia.