La parroquia de San Patricio fue declarada patrimonio cultural de la Ciudad

La parroquia de San Patricio –donde el 4 de julio de 1976 fueron masacrados tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos– es patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires por decisión de la Legislatura porteña.

El miércoles 4 de diciembre se colocó una placa en la que se resalta el valor histórico del lugar y se celebró una misa. En el evento estuvieron el embajador irlandés John Gerard McCoy, el provincial de los palotinos Liam McClarey y los legisladores Claudio Ferreño y Maia Daer.

«Además de homenajear a nuestros cinco mártires, quiero recordar especialmente a Mariano Pinasco, Adrián Francioli y Eugenio Lynch, tres sacerdotes palotinos que trabajaron siempre para que ellos no fueran olvidados», resaltó Ferreño, que fue el legislador que impulsó la declaración de San Patricio como patrimonio cultural.

Ramiro Varela, de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, destacó que desde 1996 se vienen dando pasos en la Ciudad para preservar la memoria de lo sucedido en San Patricio y explicó que trabajan en un proyecto para que la iglesia sea declarada monumento histórico nacional.

“Pero nuestra labor no se circunscribe únicamente a la construcción de la memoria, sino que comprende también la permanente búsqueda de verdad y el reclamo de justicia en relación a este crimen de lesa humanidad que constituye el mayor ataque contra la Iglesia católica en nuestro país”, resaltó Varela.

Desde Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia explicaron que están impulsando la investigación como querella y reclamaron mayor celeridad en la pesquisa. Inicialmente, la masacre de los palotinos se investigó dentro de la megacausa de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), pero ante elementos que indicarían que la matanza fue perpetrada por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) –o que estaban bajo su órbita– pasó a tramitar dentro de la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército, a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

La masacre

El 4 de julio de 1976, un grupo de tareas asesinó a los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau y a los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio Barletti. Los asesinos dejaron una leyenda en la escena del crimen: “Por los camaradas dinamitados en Seg. Federal. Venceremos. Viva la Patria”.

Dos días antes, una bomba había estallado en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), un espacio nodal del poder de la PFA. Allí tenía sede la estructura de inteligencia de la fuerza y funcionaba uno de los centros clandestinos de la dictadura. La hipótesis que surge de distinta documentación es que los integrantes de la SSF hayan querido buscar venganza y que hayan escogido a los palotinos como sus víctimas. Esa fue la teoría que guió la decisión del juez federal Ariel Lijo –a cargo actualmente de la causa ESMA– para enviarle la investigación a su colega del Juzgado Federal 3.

En julio del año pasado, Rafecas decidió hacerse cargo provisoriamente de la investigación y detalló los elementos que le hacen creer que la SSF pudo haber estado involucrada en la masacre del 4 de julio. Entre ellos, se destacan declaraciones brindadas por exintegrantes de la PFA y cables enviados desde la Embajada de Estados Unidos.

En marzo de 1983, el exinspector de la PFA Rodolfo Peregrino Fernández declaró ante los integrantes de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) para hacer una radiografía de la represión. Él la conocía desde adentro: había sido parte de la Triple A y se había desempeñado en la Ayudantía del Ministerio del Interior de Albano Harguindeguy. Después ratificó su declaración ante Naciones Unidas. Allí contó que conservaba en su poder una agenda de uno de los sacerdotes y dijo que la guardó como prueba de que se encontraba en dependencias del Ministerio del Interior.

Armando Víctor Luchina se desempeñaba en la guardia de prevención del edificio de la SSF. Allí dijo que escuchó a personal policial adjudicarse la autoría de los crímenes. Luchina no identificó a los posibles responsables: solo sugirió que la matanza podría haber sido perpetrada por el “grupo operativo de élite de la noche”.

Documentos desclasificados por Estados Unidos a pedido de los organismos de derechos humanos abonan esta línea de investigación. Un cable enviado por la Embajada estadounidense en julio de 1976 al Departamento de Estado avisa que en esa delegación tenían información de que los religiosos habían sido asesinados por efectivos de la PFA. “Ahora resulta claro que fueron asesinados por miembros de la Policía Federal, no de la Armada. La Policía creía que los dos seminaristas estaban relacionados con el movimiento ‘tercermundista’ de sacerdotes, que tiene sedes cerca de la iglesia, por lo tanto, se los consideró un blanco fácil en la ola de ejecuciones extrajudiciales que la policía llevó a cabo en represalia por el bombardeo a la estación de policía el 2 de julio”. Otra comunicación informaba que la Iglesia sabía que los asesinatos habían sido perpetrados por la PFA y que responsabilizaban por estos hechos a Harguindeguy.