Encerrar a los pibes no es la solución

Sentada frente a una docena de diputados nacionales, Agustina tomó aire, acomodó el micrófono y les largó la frase. “Ustedes les dan mucho presupuesto a las cárceles, mientras nosotras nos tenemos que arreglar solas”, les dijo. Llevaba puesta una remera con el slogan “Ni un pibe menos por la droga” y el logo de su organización, Chicos del Pueblo. Sus compañeras llenaron con aplausos el silencio incómodo que siguió en la sala. Eso fue lo que habían ido a buscar: que se oigan en la Cámara baja algunas verdades propias aprendidas a lo largo de años en los barrios y las parroquias, en el contacto cotidiano con problemáticas complejas, como el consumo y el delito. La actividad fue convocada por el Equipo de Curas para las villas y los movimientos sociales con la idea de poner en cuestión –más bien de rechazar– el avance de los proyectos de ley que proponen la baja de la edad de imputabilidad, en especial el que impulsa el gobierno de Javier Milei.

«Si el problema que se quiere resolver es la inseguridad, les decimos que encerrar a los pibes no es la solución», planteó Agustina, una de las tantas voces de los barrios que les hablaron de los diputados. Y siguió: «Si los pibes no vinieran a nuestros espacios, estarían en la calle, o presos. Cualquiera que haya estado en una cárcel sabe que ahí no se aprende nada, y que para los más chicos es peor». «¿Por qué, entonces, en lugar de fomentar el encierro, no fomentan a los clubes de los barrios, a las parroquias, a las organizaciones?”, les preguntó. 

La charla fue organizada por las distintas organizaciones juveniles y con asiento en los territorios de la Iglesia Católica. Desde los «Jóvenes de las Parroquias de los Barrios Populares (LI.PO.VI)» a los colegios parroquiales de «Cuota Cero», la Unión de Clubes Parroquiales y los Hogares de Cristo. También hubo organizaciones como Chicos del Pueblo y Juventud Villera, entre otras. Todos coordinados por los curas “Toto” De Vedia, “Tonga” Colombes y Adrian Bennardis, además del obispo auxiliar y vicario general de Buenos Aires, Gustavo Carrara.

Bennardis fue el primero en tomar la palabra. “Tenemos muy claro algo –introdujo–. La baja de la edad de imputabilidad no es la solución a la inseguridad”. “Creemos que es necesario un nuevo régimen penal adolescente, pero el eje no puede ser la baja, porque eso desvía el verdadero foco de la discusión. Y el foco debe estar puesto en la pobreza y la exclusión. Y la respuesta, en una comunidad que abraza. Nuestra propuesta es llegar antes que la droga y la violencia, y para eso trabajamos”, argumentó.

Los diputados presentes –desde Daniel Arroyo, Paula Penacca y Eduardo Valdés de UxP hasta Maxi Ferraro de la Coalición Cívica, además de las libertarias Marcela Pagano y María Celeste Ponce– fueron convocados vía carta por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Carlos Ojea, y por el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

El mensaje político estuvo explícito desde el vamos: la Iglesia Católica, a partir de su pata territorial y social, rechaza la criminalización de las infancias, una posición que mantiene desde que el tema de la baja de la edad de punibilidad se instaló en el debate público hace ya varios años y que también expresó recientemente el Papa Francisco. 

Los pibes alzan la voz

La charla tuvo lugar en el Salón Grande del Anexo C 2° piso de la Cámara de Diputados de la Nación, el mismo que se viene utilizando para los plenarios de comisión en los que discuten los proyectos del nuevo régimen penal juvenil. Muchos de los que estarían alcanzados por la norma en caso de que se aprobase tuvieron la oportunidad de alzar la voz:

*»Nosotros sabemos muy bien lo que es vivir con el problema de la droga y también con la ley. Pero creemos en sanar, en el amor. Por eso estamos en contra de convertir a las víctimas en culpables, que es lo que proponen con la baja de la edad de imputabilidad», dijo Ariel, de Villa Oculta, que leyó el documento firmado junto a sus compañeros de los «líderes positivos» de las villas.

*»Yo estuve en situación de calle a los 12 años, cuando comencé a consumir. También salí a robar. Pasé gran parte de mi juventud preso. Me ayudaron los Hogares de Cristo, me dieron una mano cuando estuve tirado en un pasillo de la Zavaleta. Hoy tengo una familia, pero sin ayuda no hubiera podido salir», relató Marcelo, que nació en Villa Itatí, en Quilmes, y ahora vive en Marcos Paz, donde tiene una huerta.

*»Creo haber escuchado al Presidente decir que si un pibe tiene a los 13 años la voluntad de delinquir, entonces ya es lo suficientemente adulto como para ir preso. ¿Alguna vez se preguntó qué puede llevar a una criatura a agarrar un arma? Porque yo no podría, pero puedo ponerme en el lugar del otro», dijo Valentina, catequista de la parroquia San Martín de Porres de Moreno.

*»Los pibes no somos el peligro. Somos las víctimas del gatillo fácil, de la persecución policial. La sociedad necesita un poco más de empatía a la hora de discutir esto», reflexionó por su parte Ayrton, de Ciudad Oculta, quien recordó (para el aplauso de toda la sala) al padre Carlos Mugica.

El debate parlamentario

El Gobierno lanzó el debate en torno al tema en junio pasado y envió al Congreso un proyecto con la firma de los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, que propone penas para adolescentes a partir de los 13 años. Ya hubo cinco plenarios de las comisiones de Legislación Penal, Niñez, Justicia y Presupuesto y Hacienda para tratar el tema (ninguno de los diputados que presiden esas comisiones bajó de sus despachos para escuchar a los jóvenes de los barrios). El oficialismo negocia consensuar con el PRO y la UCR (cada bloque tiene su propio proyecto) que la imputabilidad se compute a partir de los 14 años y no de los 13, para poder emitir un dictamen de mayoría; mientras que un sector mayoritario de Unión por la Patria propone como piso los 16. 

«En la exposición de los jóvenes quedó claro que el camino es fortalecer las redes comunitarias, el trabajo de los clubes, de las capillas, de las escuelas y tener un régimen penal juvenil que sea integral y no que se ponga el eje sólo en la baja de la edad de punibilidad», le dijo Arroyo a Página/12.

Mas allá de lo que resuelva el Congreso, entre los actores sociales de la Iglesia también preocupa la posibilidad de que el plan motosierra –apalancado por la regla fiscal de déficit cero anunciada por Milei para el 2025– impacte en un recorte de los fondos que algunos de sus resortes necesitan para sostenerse en el territorio. Tanto los Hogares de Cristo como las escuelas y los clubes de las parroquias están aguantando en los barrios, como pueden, el impacto del ajuste y la crisis. 

De las «Tres T» a las «Tres C» 

El cura Bennardis se presentó a él a sus colegas de los barrios como miembros de «la pastoral de las tres C», un emblema análogo al de las «Tres T» (Techo, Tierra y Trabajo) adoptado por Francisco y la Economía Popular. En este caso, las «Tres C» son Capilla, Colegio y Club. «Una suerte de política pública desde la fe», la presentó. «El desafío es saber leer ese territorio en el que viven cientos y
hasta tal vez, miles de niños/as, adolescentes y jóvenes, expuestos a distintas formas de violencia,
de explotación y de descarte. Es necesaria la mirada de un mundo adulto que no quiere dejarlos en
orfandad, y busca modos lo más concretos posibles de hacerse cargo», dice el texto inaugural. 

Y concluye: «Hay que por lo menos comenzar con el deseo de correr la frontera pastoral, para que no quede
nadie afuera».