Otra carta de Rocío Bonacci para intentar desmarcarse de la visita a los genocidas

La diputada de La Libertad Avanza Rocío Bonacci sigue jugando sus cartas para intentar despegarse de la visita que en julio realizó junto a otros cinco compañeres de bancada a un grupo de genocidas en el penal de Ezeiza. En la sesión de este miércoles votó a favor el pedido de apartamiento del reglamento, pedido por el bloque de Unión por la Patria, para tratar un proyecto que pedía la expulsión de todos los que realizaron la visita. 

El proyecto de expulsión, que iba en contra de la propia Bonacci, no llegó a tratarse en la Cámara baja debido al rechazo –121 a 102– abroquelado del resto del bloque de La Libertad Avanza, el PRO, parte de la UCR, Hacemos Coalición Federal y Coalición Cívica. La semana pasada, cuando se cayó la sesión por falta de acuerdos, la diputada compartió una nota en la que se leía los «buenos términos» que mantienen el resto de la comitiva que viajó a Ezeiza con el bloque, diferenciándola a ella. «Todos cagones», les respondió. 

«La diferencia es que yo salí a los medios a decir la verdad. Hay un común denominador entre las fuentes libertarias y es que: les gusta hablar mal de los compañeros de bloque en off», se descargó Bonacci. 

La diputada, hija de dos militantes del Modin de Aldo Rico, fue la primera en diferenciarse de la visita a los genocidas en Ezeiza. Desde un principio culpó a su compañero de bancada Beltrán Benedit como organizador de la visita y dijo haber sido engañada para asistir al penal como parte de una «visita humanitaria». 

Semanas después subió el tono de las acusaciones y fue contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Mene; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, al indicar que los tres estaban al tanto de la visita. «Pensé que esa visita estaba ok. Todo lo que se pone en el grupo (de Whatsapp) que compartimos de legisladores es oficial, todas las invitaciones son oficiales», dijo en una entrevista. 

Por último, también señaló a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsable del Servicio Penal Penitenciario. «Fue todo muy irregular. De hecho, ingresé al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos y no pasó», advirtió Bonacci sobre una posible complicidad del Misterio de Seguridad. «Parece que esto tenía el ok de Patricia Bullrich», sostuvo. 

La investigación sobre la responsabilidad del Ministerio de Seguridad está abierta en los tribunales de Lomas de Zamora –departamento judicial que corresponde a la localidad de Ezeiza– y fue pedido por el juez del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 Daniel Obligado, a cargo de la ejecución de la pena de Alfredo Astiz, uno de los genocidas que fue anfitrión de la visita.