El Pro y LLA se pelean en Diputados para ver quién proscribe primero a Cristina Kirchner
Tras fracasar durante años en instalar el tema en la agenda pública, el PRO consiguió el visto bueno del Gobierno para impulsar un proyecto de «Ficha Limpia» que prohíba la candidatura de cualquier dirigente condenado por delitos de corrupción. El macrismo viene ensayando estrategias para diferenciarse del oficialismo sin herir susceptibilidades y encontró terreno fértil en este proyecto de reforma electoral que, de aprobarse en su versión más restrictiva, impediría una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. En efecto, La Libertad Avanza no quiso regalarle el debate al partido amarillo y presentó su propio proyecto que inhabilita la presentación para cargos electivos a cualquier persona condenada aunque su sentencia no esté firme: un proyecto con nombre y apellido.
Tras fracasar durante años en instalar el tema en la agenda pública, el PRO consiguió el visto bueno del Gobierno para impulsar un proyecto de «Ficha Limpia» que prohíba la candidatura de cualquier dirigente condenado por delitos de corrupción. El macrismo viene ensayando estrategias para diferenciarse del oficialismo sin herir susceptibilidades y encontró terreno fértil en este proyecto de reforma electoral que, de aprobarse en su versión más restrictiva, impediría una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. En efecto, La Libertad Avanza no quiso regalarle el debate al partido amarillo y presentó su propio proyecto que inhabilita la presentación para cargos electivos a cualquier persona condenada aunque su sentencia no esté firme: un proyecto con nombre y apellido.
El debate comenzó este martes en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. El proyecto de «Ficha Limpia» había encabezado el pliego de condiciones que el PRO había presentado hace un par de semanas, poco después de que Mauricio Macri definiera que, aprobada la Ley Bases, había llegado el momento de que el macrismo comenzara a ratificar su «identidad» y empujara su propia agenda legislativa. El oficialismo se lo concedió y se convocó el plenario de comisiones con el objetivo de consensuar una iniciativa que encabezara la reforma electoral integral que el Gobierno viene queriendo impulsar (hasta ahora, sin mucho éxito).
El principal proyecto de Ficha Limpia es el de Silvia Lospennato, que prohíbe presentarse a cargos electivos a cualquier persona que haya sido condenada en una causa de corrupción (como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública, entre otros). La propuesta de Lospennato, sin embargo, exige un «doble conforme», es decir que la condena sea ratificada por un segundo tribunal (en este caso, Casación Penal). Y este es el foco del debate: cuál es la instancia mínima de condena que se habilita para impedir la candidatura.
El oficialismo presentó su propio proyecto, que lleva la firma de Nicolás Mayoraz (presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales), así como la del mismo Martín Menem y Gabriel Bornoroni (presidente del bloque oficialista). En esta versión del proyecto de Ficha Limpia, que LLA presentó para no regalarle del debate al PRO, no hace falta una sentencia firme para impedir la candidatura de una persona. A ningún dirigente se le escapa que esta imposición está direccionada a la figura de CFK, condenada a seis años de prisión en la causa de Vialidad (una sentencia que está siendo revisada ahora por Casación Penal). «Es una ley hecha a medida para proscribir candidaturas», mascullaban en Unión por la Patria.
Las posturas están divididas y se definirá a lo largo del debate. Hay radicales que coinciden con el proyecto de LLA, mientras que otros insisten en que tiene que garantizarse la presunción de inocencia y demandar que se arribe a un «doble conforme». Hay legisladores que, incluso, sostienen que solo con un procesamiento sería suficiente. En el debate en comisiones se escuchó la voz de constitucionalistas que defendían esta postura, como por ejemplo Antonio Hernández: «Me opongo a los que piden sentencia firme. Lo único que se garantiza es la impunidad porque todos sabemos que para que haya sentencia firme hace falta que intervenga la Corte Suprema», indicó el abogado en el plenario de Diputados, y agregó: «Con procesamiento o con elevación de la causa a juicio por agente fiscal es suficiente».
Hay, además, una discusión respecto a qué delitos se incluyen dentro de los requisitos de eligibilidad. El proyecto de Lospennato es exclusivo sobre los delitos vinculados a la corrupción, pero la iniciativa del oficialismo incluye también otros delitos, como aquellos crímenes contra la integridad sexual, homicidio, abandono de persona, entre otros. El debate continuará las próximas semanas y LLA buscará dictaminarlo junto al PRO y anotarse, así, al menos una victoria referida a la reforma electoral que prometió pero que, hasta ahora, no ha podido impulsar.