¿Murió el cine argentino? Reflexiones sobre la «destrucción» del INCAA

El decreto 662/2024 de Javier Milei publicado en el Boletín Oficial significa otra estocada para la actividad cinematográfica nacional, no sólo porque se eliminó la cuota de pantalla (en rigor quedó a libre arbitrio del presidente del INCAA, Carlos Pirovano, pero considerando su historial en la gestión pública eso equivale a haberla dinamitado) sino también porque se anunciaron varias modificaciones en el sistema de subsidios que pondrán en clara desventaja a las producciones nacionales –sobre todo las de mediana y pequeña escala– frente a los tanques hollywoodenses. 

En una industria cada vez más concentrada, este tipo de medidas sólo refuerzan esa concentración y otorgan beneficios a los monopolios ya constituidos. El capítulo VII del anexo detalla algunos cambios que impactarán negativamente en la producción. Por un lado, el art. 29 establece que «el subsidio a la producción de películas nacionales no podrá exceder el 20% del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC)», mientras que el art. 31 determina que «el subsidio otorgado, en ningún caso podrá significar más del 50% del costo de producción total del proyecto». 

Por otra parte, se pide que el aspirante asuma en forma obligatoria el costo de producción restante y que haya acreditado por adelantado el financiamiento equivalente al menos al monto del subsidio
solicitado. Y no se podrá presentar otra solicitud de subsidio hasta transcurrido un año
calendario desde la percepción total del último subsidio o desde que la producción beneficiada se haya exhibido en la forma establecida en el proyecto aprobado. Las medidas generan gran incertidumbre en el sector y Página/12 consultó a varixs hacedorxs del campo audiovisual sobre el impacto que tendrá el decreto en la actividad.

Las voces del sector audiovisual

Carmen Guarini (cineasta y vicepresidenta de DAC): «En primer lugar, el decreto altera el régimen de la ley vigente (17.741) de apoyo a la producción audiovisual nacional. Bajo la pátina de mejorar la calidad de nuestro cine, se autoatribuyen propiedades de veto, ya que no es de resorte del Ejecutivo decidir por ‘buenas o malas’ peliculas o ‘más o menos taquilleras’. No se puede saber de antemano si una película tendrá o no audiencia. Esto es claramente un disparate y un sentido de la omnipotencia que ejerce el Ejecutivo diariamente. El decreto reduce drásticamente los subsidios al fomento y esto va en contra no sólo de las películas sino de quienes las producen, y aquí se afecta el trabajo de miles de personas, no sólo de lxs directorxs y de lxs productorxs a quienes inhabilita con períodos y cupos de presentación de proyectos imposibles de cumplir. 

Entendemos que esto es parte de un plan sustentado en un discurso ideológico que considera al cine un gasto y a lxs directorxs una casta. Pero esto es llanamente un disparate. Hacer una película es un trabajo como cualquier otro y raramente uno acumula dinero haciéndolas. Tenemos el ejemplo de famosos directores y productores que han perdido sus bienes apostando a la creación. Desde el Espacio Audiovisual Nacional tenemos una propuesta a todo este sinsentido. Venimos trabajando desde hace 4 años junto con todas las asociaciones de la industria en una Ley Federal para la Producción Audiovisual que ya tiene estado parlamentario.

Esta ley es la solución al latiguillo de ‘no hay plata’. Grave error en nuestro caso, dado que esta industria no se financia con dinero del Estado sino con lo que produce. Y en esta ley tenemos la alternativa para gerenciar más fondos y una distribución equitativa y federal de los mismos. No es dejando de producir cultura como crece un país sino todo lo contrario. Tenemos propuestas, tenemos el capital humano que permitirá hacer que nuestra industria audiovisual no se esfume y que, por el contrario, permita que los dólares que tanto ansía tener el gobierno nacional, lleguen a nuestro país en forma de coproducciones. Sin una correcta legislación eso será imposible».

Rita Cortese (actriz): «Lo más complejo es que todo esto va en contra de la cultura. El cine es parte de ella y en este momento vivimos en un proyecto que fue votado por una parte del pueblo argentino, un proyecto de achicamiento del pensamiento. Lo que ocurrirá es que los realizadores que recién comienzan y necesitan apoyo del INCAA no podrán hacer sus primeras armas, entonces van a consolidarse aquellos proyectos ya consumados que tienen grandes producciones detrás. Si la experimentación en el cine se corta, vamos camino hacia la destrucción. A los nuevos valores no les será nada fácil desarrollarse en Argentina y probablemente tendrán que irse a otros países. Ya lo dijo la canciller Mondino: ‘No hay para todos’. Algunos podrán y otros morirán. Es terrible».

Benjamín Naishtat (director): «Este decretazo está hecho de forma muy autoritaria porque no está funcionando el Consejo Asesor del INCAA, órgano que por ley debe cogobernar la institución con representantes del sector. En un funcionamiento normal, estos cambios hubieran sido consultados y consensuados a través de sus organismos correspondientes pero hoy no existe, no está designado y ni siquiera está funcionando. En relación a los cambios, el hecho de poner un tope del 20 por ciento para fomentar la actividad a través de subsidios y el 20 para el funcionamiento de la estructura supone un avance hacia la discrecionalidad porque queda en evidencia que el 60 restante estará destinado a lo que se le ocurra al presidente del INCAA. Esto nos hace sospechar que habrá un uso político del dinero del cine. Hoy se anuncian concursos pero no se entiende quiénes son los jurados ni cómo se van a elegir.

Al mismo tiempo, se acaba de reinstalar la SIDE con fondos monumentales, totalmente discrecionales y reservados. Es plata que, parece, estará al servicio de objetivos políticos. Y resulta incomprensible que se quite la cuota de pantalla. Es cierto que en los últimos años no estaba aplicándose del todo, pero quitarla nos deja en situación de desventaja sobre la posición hegemónica que tiene en este país y en todo el mundo el audiovisual norteamericano. Es un absurdo e implica un daño para la industria audiovisual argentina. No hay razón económica para derogar la cuota de pantalla, que es muy magra si la comparamos con industrias más fuertes como Europa o Corea del Sur. Es una cosa anti-Argentina».

Vanessa Ragone (productora): «La limitación de subsidios implica una restricción grave a la posibilidad de producir, de estructurar un proyecto cinematográfico, de armar una coproducción. A su vez, la nueva restricción temporal de un año calendario para presentar solicitudes implica que un productor o una empresa productora deja de poder avanzar con varios proyectos al mismo tiempo, convirtiendo lo que es una cadena productiva en una actividad puntual que acabaría con cualquier expectativa industrial de producción en proyectos individuales, y desnaturaliza el concepto de industria que se ha construido con enorme esfuerzo.

Dejar sin efecto la cuota de pantalla (más allá de que estuviera funcionando bien o no) es una decisión completamente errada ya que está demostrado en el mundo (por ejemplo en Francia o Corea del Sur) que la cuota de pantalla, vinculada a una política de fomento de producción nacional, es vital para el crecimiento de las audiencias. Sólo se puede entender esta suspensión como una confrontación directa al cine nacinonal, en lo concreto y en lo simbólico. No aparecen en este decreto propuestas para desarrollar la industria. El propio presidente del INCAA dijo en un posteo: ‘El uso eficiente de los recursos a partir de una propuesta de valor que busque resultados es el camino de esta administración. El cine no se promueve repartiendo plata, el cine se fomenta construyendo talento’. En este sentido, el INCAA aparece más como un ‘cazador de talentos’ (que abundan en Argentina y todo el mundo reconoce) que como el organismo de promoción de una actividad cultural e industrial, que es su verdadera razón de ser».

Fernando Krichmar (director): «Es una modificación hecha a la medida de la industria del entretenimiento que tendrá penosas consecuencias para una industria que no solo da trabajo de calidad a 600 mil personas sino –y esto es lo más importante– elimina su importancia como capital y acervo cultural. Lo de la cuota de pantalla, que ya desde otras gestiones venía muy deficitario, directamente excluye de las salas a las pocas obras nacionales que accedían a ella».

Andrea Testa (directora): «El decreto modifica la Ley de Cine sin ninguna instancia democrática con mayor participación. Desde diferentes sectores tuvimos reuniones con Pirovano en sus primeros meses de gestión y le acercamos nuestras necesidades y análisis con la intención de poder llevar adelante un diálogo (aunque tenso, diálogo al fin) para que pueda atender alguna de las demandas sin destruir toda la matriz productiva. Justamente es lo que están haciendo con este decreto. 

La Asamblea Federal, conformada por secretarios y asesores culturales de todas las provincias, dio un gran debate sobre cuál debe ser la perspectiva del INCAA y qué políticas hacen falta para incentivar y proteger una industria pujante que no sólo se realiza en el centro del país sino en todo el territorio. Y rechazó muchas resoluciones de la gestión Pirovano, pero él desoye las demandas y actúa bajo un criterio que va en contra de la comunidad audiovisual de todo el país. Por otra parte, despidieron a un montón de trabajadorxs del INCAA y con su falta decayeron muchos programas que incentivaban la participación comunitaria. También se redujo el porcentaje de fondos destinados a la producción y un artículo impide que personas físicas (directores) y jurídicas (productoras) puedan tener activos varios proyectos en diferentes etapas. Esto es un ataque muy fuerte a la posibilidad de que subsistan las pequeñas y medianas empresas audiovisuales que fomentan el trabajo de profesionales que hoy están viendo cómo llegar a fin de mes.

El decreto tira por la borda un derecho que teníamos como ciudadanxs y espectadorxs: la cuota de pantalla. Ahora la deja a criterio del presidente del INCAA y no hay ningún tipo de reglamentación para proteger o abrir más espacios para el cine nacional. Es la destrucción de lo que conocemos como una industria representativa en todo el mundo. Y algo más que está bueno no pasar por alto: en uno de los considerandos se habla de ‘preferencias ideológicas’ y ahí hay un sesgo de persecución que Pirovano ya dejó entrever en las reuniones. Esto ataca la diversidad de relatos y las miradas críticas, por lo tanto, hay que denunciarlo».

Marcelo Piñeyro (director): «Los fondos destinados al cine no son un privilegio de la gente que hace cine sino que garantizan un derecho de la sociedad argentina: el de contar con sus propios relatos, sus propias historias y su propia mirada. Por ende, al atacarlo no se ataca a la gente de cine sino a la sociedad toda. La Ley de Cine data de 1956 y fue renovada en 1994: no es el capricho de una administración sino que lleva garantizando ese derecho a lo largo de casi tres cuartos de siglo. Las leyes de fomento a la producción y de protección de la exhibición de películas nacionales rigen en casi todos los países que tienen industria cinematográfica, son la base sobre la que se asientan todas las cinematografías europeas y latinoamericanas. El auge de la cinematografía coreana sólo se produce a partir de la sanción de férreas leyes proteccionistas.

La producción cinematográfica argentina hoy está virtualmente paralizada gracias a esta gestión. Paradójicamente, nuestras películas están representando al país en los principales festivales y se exhiben habitualmente en las carteleras comerciales del mundo. Nada ha hecho tanto por la marca país en el mundo como la cultura argentina. La falta de protección a la exhibición de cine argentino en el país es su condena a muerte: legaliza el cierre de las pantallas para nuestro cine, con excepción de alguna película que alguna distribuidora americana decida tomar para colar entre sus tanques. 

Estas modificaciones ponen la cuota de pantalla a criterio del presidente del INCAA y es un tema demasiado importante para depender de la discrecionalidad de alguien, más aún si se trata de alguien que hasta aquí sólo mostró su voluntad de destruir. También se bajó del 50 al 20 por ciento el procentaje de los fondos destinados a subsidios. Tormenta perfecta: a la vez que se castiga a la producción, se desprotege su exhibición. No puedo dejar de preguntarme qué es lo que se persigue con estas medidas y no puedo ver otro objetivo que la destrucción del cine argentino».