CPM: «La más cruenta, la que más duró»

«La noción de ‘terrorismo’ de la que hacen uso las autoridades del gobierno nacional remite de manera directa a la de la última dictadura militar: clasificar a la disidencia política como ‘elementos disolventes’ del orden público». Esta es una de las conclusiones del informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre la represión en el Congreso del pasado miércoles 12 contra la multitudinaria manifestación de protesta en las calles. Será presentado en estas horas ante los bloques de la Cámara de Diputados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los órganos de tratados internacionales de Naciones Unidas y ante las autoridades provinciales. «De todas las manifestaciones que la Comisión viene monitoreando desde la sanción del protocolo antipiquetes, ésta fue la más extendida», dijo a Página12 Roberto Cipriano García, coordinador ejecutivo de la CPM. «Hubo 638 personas heridas y 35 detenidas, y además de ser la más cruenta y la que más tiempo duró es un nuevo escalón en la criminalización de la protesta y en el avance de las políticas represivas del estado nacional»,

Este salto al que se refiere Cipriano García implicó «que los detenidos sean imputados por delitos federales, un cambio de jurisdicción, cuya gravedad dificulta que sean excarcelados, en definitiva la novedad es la intervención de la justicia federal alineada con la construcción que hizo el gobierno de los hechos, diciendo que se trata de un golpe de Estado terrorista». De hecho, otra conclusión del informe al que accedió Página12 indicó que la acusación del fiscal Carlos Stornelli «fue un intento de validación judicial de la persecución política, un paso más en la escalada antidemocrática del gobierno nacional, así como también lo fue en términos de acción represiva, por la cantidad de heridos y detenidos, por la cantidad de tiempo y el trato violento dispensado a ellos, por el uso de todos los dispositivos de la violencia represiva: gas pimienta, gas lacrimógeno, balas de goma, hidrantes, tonfas, y golpes». 

En este sentido, la CPM aseguró que la decisión de la jueza María Servini de liberar a 27 de las 33 personas da cuenta de lo «endeble de las imputaciones del fiscal Stornelli».

Integrantes de la CPM estuvieron aquella jornada monitoreando en la calle el uso de la fuerza represiva estatal, junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Para el caso de Argentina, organismos internacionales ya habían advertido sobre el uso excesivo de la violencia de parte de agentes de seguridad y detenciones colectivas a grupos vulnerables como indígenas que participan de protestas. «Estas situaciones generan la necesidad de reforzar el monitoreo y supervisar el accionar de los funcionarios en manifestaciones y protestas sociales», apuntó el informe.

Disparar al rostro  

Un capítulo poco mencionado es el de las personas heridas –entre ellas periodistas y defensores de los derechos humanos– aquel miércoles de neblina y balas, de uniformes de todos los colores: Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria y de la Ciudad. Varios de los 638 heridos fueron lastimados de gravedad. 

● Heridas de bala de goma en zonas próximas a los ojos y en la zona posterior de miembros inferiores, al menos 20 personas. 

● Heridas irritantes por gas pimienta en ojos, rostro, nuca, brazos, antebrazos y manos.

● Quemaduras químicas en espalda y tórax por gas pimienta.

● Traumatismos de cráneo, al menos 30 personas.

● Dificultad respiratoria aguda por gas lacrimógeno, situaciones de broncoespasmos. Convulsiones.

● Crisis de angustia y ansiedad.

Los casos fueron relevados y constatados por la CPM, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), Rescatistas Voluntarios de Argentina (RVA) y tres postas sanitarias del MST, del PTS e independientes y del Partido Obrero. 

Tareas de inteligencia

La CPM denunció que los eventos represivos fueron ejecutados de manera indiscriminada y con extrema violencia, justificados por el protocolo antipiquete; que hubo disparos de postas de goma a quemarropa, gas pimienta lanzado en el rostro de personas seleccionadas arbitrariamente; que hubo potenciales tareas de inteligencia y utilización de infiltrados para la comisión de delitos. «El primer incidente de violencia fue un gendarme que le dió un golpe de puño a un manifestante», precisó el documento.

Por otra parte, todas las detenciones fueron entre una y dos horas después de finalizada la manifestación en zonas alejadas del Congreso, y ninguna de estas personas –ya sean vendedores ambulantes, transeúntes, diputados o manifestantes– puso resistencia, pero las fuerzas policiales ejercieron un uso desproporcionado, desplegando violencia física y verbal. «Es de
destacar que los cortes a la circulación vehicular se produjeron por los
propios cordones policiales que se desplegaron sobre las principales avenidas,
no por los manifestantes», dijo la CPM.

También hubo «maniobras temerarias y peligrosas realizadas por efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM) de la Policía de CABA y del Cuerpo Motorizado de la PFA, circulando en contramano sin que el tráfico estuviera cortado o por las veredas, portando escopetas de postas de goma, tonfas y gas pimienta, usando los vehículos como armamento al arrojar de manera violenta e imprudente los mismos contra manifestantes y personas que circulaban». En ese marco, la CPM denunció ante la justicia federal la utilización de una tonfa por parte de un policía del Cuerpo Motorizado de la PFA para golpear indiscriminadamente en el rostro a Nicolás Peralta produciéndole desmayo y pérdida de conocimiento, dejándolo tirado en el piso sin ofrecer atención alguna en la calle Santiago del Estero al 100.

«La acción represiva finalmente logró lo que se proponía: desarmar la movilización e impedir la libre expresión política de la ciudadanía que se oponía a la aprobación de la Ley bases en el Senado de la Nación», concluyó el organismo. 

¿Terrorismo?

En 2011 la CPM se opuso a la incorporación de la figura del terrorismo al Código Penal. «Lejos de constituirse en una herramienta para perseguir a grupos que ejercieran con alcance nacional o trasnacional actos tendientes a causar terror en la población y su posible financiamiento, ofrece la excusa perfecta para perseguir y judicializar a organizaciones sociales y políticas», indicó el informe. La actual gestión de gobierno dictó el decreto
496/2024 por el cual podrá incluir en el Registro público de personas
vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento a quienes se piense que son una amenaza actual o potencial a la seguridad de la Nación. «La amplitud de esta norma está a la medida de las desmesuradas definiciones del ejecutivo nacional y de la justicia federal al calificar los hechos ocurridos durante la manifestación del 12 de junio como actos de terrorismo», afirmó la CPM.

A esto se agregan «la continuidad de tareas de inteligencia, incluida la video filmación o fotografías de manifestantes, potencialmente ilegales realizadas por personal policial de civil y/o de otra agencia estatal sin identificar debe ser también investigado». La utilización y destino de estos registros deben contar con el debido control judicial. A ello debemos sumarle la posibilidad de la utilización de personal inorgánico y/o “infiltrados”, atento a diversas manifestaciones públicas vertidas en medios de comunicación.

La Comisión explicó que «el delito de terrorismo y sedición permite amplios
márgenes de arbitrariedad a las fuerzas de seguridad, en este caso con la clara
intención de criminalizar la protesta social». Y agregó que «la aplicación del derecho penal
frente a conductas de los participantes en una manifestación constituye una
restricción grave y con serias consecuencias para la libertad de expresión y
los derechos de reunión, asociación y
participación política, que solo pueden utilizarse de modo muy excepcional y
está sujeto a un mayor nivel de escrutinio».