La Cámara de Diputados aprobó la emergencia económica

La Cámara de Diputados aprobó este martes por 134 a 121 votos el artículo primero de la ley «Bases» que establece la declaración de emergencia en las materias económicas, administrativa, financiera, tarifaria, energética y de seguridad.

El oficialismo contó con el voto de 37 votos de la Libertad Avanza, 37 del PRO, 13 de Hacemos Coalición Federal, 1 de Creo, 1 de Unión Mendocina, 1 de Avanza Libertad, 28 de la UCR, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 de Buenos Aires y 3 de Independencia.

Los votos en contra fueron 98 de Unión por la Patria (UxP), 6 de la UCR, 10 de Hacemos, 2 de Por Santa Cruz, y 5 de del FIT (izquierda).

Posteriormente, el plenario legislativo aprobó por 140 a 115 el artículo que establece los principios y objetivos de esa emergencia pública.

El primer artículo aprobado establece que la iniciativa «tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales»

Por otra parte, el artículo 2 fija que la meta de la ley es «la promoción del derecho fundamental a la libertad individual. Los habitantes de la Nación tienen derecho a ejercer sus libertades constitucionales sin injerencias indebidas por parte del Estado».

También destaca «la protección de los habitantes y de su propiedad privada. El Estado debe garantizar la seguridad y propiedad de las personas y fomentar un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento. Debe asegurar el efectivo ejercicio del derecho a transitar libremente en la vía pública evitando situaciones que pongan en riesgo la vida, la propiedad y la seguridad de los habitantes de la Nación».

Además fija que el Estado «debe procurarse su concentración en los sectores esenciales de la sociedad y su ejercicio con criterios objetivos de eficiencia, eficacia y razonabilidad» y la «organización racional y sustentable de la Administración Pública Nacional a fin de garantizar una actuación administrativa de calidad y respetuosa de la dignidad humana»

También establece como otro de sus principios «la creación, el fomento y el desarrollo del empleo productivo privado, con la inclusión de quienes enfrentan mayores dificultades de inserción laboral, la protección de los trabajadores desempleados y la regularización de las relaciones laborales existentes».

La sesión

La sesión se reinició tras el cuarto intermedio al que se pasó el viernes por lo que no requería del quórum reglamentario y en el primer tramo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio lugar a planteos de los diputados sobre cuestiones de privilegio.

Los primeros planteos provinieron del bloque de la Izquierda, donde los diputados Nicolás Del Caño y Romina del Plá cuestionaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo desplegado durante las manifestaciones en contra de la ley registradas la semana pasada.

Luego, fue el turno de las cuestiones de privilegio, oportunidad en la que el diputado nacional Pablo Carro, de Unión por la Patria por Córdoba, rechazo la decisión de intervenir los medios públicos adoptada por el Gobierno nacional en los últimos días.

Cuando se comenzó a tratar en particular la Ley «Bases», se llegó a un acuerdo para que el proyecto sea debatido por capítulos y para que cada orador tenga tres minutos por discurso.

En el caso de que no existan modificaciones en particular, los capítulos serán votados de manera completa. En cambio, cuando haya discusiones por capítulo, y ante la eventualidad de un cambio, los artículos cuestionados serán votados uno por uno.

Negociaciones

Tras reuniones por separado de cada bancada, Martín Menem mantuvo este mediodía un encuentro con los diputados Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo de Loredo (UCR) del que también participaron el ministro del Interior, Guillermo Francos, y legisladores del oficialismo.

En las últimas horas, los legisladores -incluso de la oposición más afín al gobierno- anticiparon que «el trámite va a ser largo» y «puede extenderse al miércoles y al jueves», ya que se tratará de un extenso debate que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar el dictamen en general.

La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta este martes para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.

De acuerdo con las fuentes, la intención de algunos diputados es desarrollar la sesión, pasar a otro cuatro intermedio a la medianoche y retomar el miércoles para repetir esa estrategia, aunque no descartan seguir otro día más si no agotan las instancias de acuerdos.

Los bloques cercanos al gobierno esperan una respuesta del Gobierno a sus pedidos de reformulación un conjunto de artículos.

El oficialismo necesita alcanzar un acuerdo con las bancadas que apoyaron en la aprobación del proyecto para votar en particular los 383 artículos del dictamen, ya que si una veintena de esos legisladores votan en contra y sumados a los 109 que ya rechazaron la iniciativa pueden caer artículos promovidos por el Gobierno nacional.

Los bloques afines al oficialismo están de acuerdo en votar a favor la declaración de emergencia que quedó limitada a seis materias -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética- y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.

En cambio, una decena de diputados no quiere votar artículos sobre facultades delegadas referidos a las facultades administrativas que permite disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y las que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales.