El radical cambio que sufrirá el negocio de las comunicaciones con la Ley ómnibus de Javier Milei

El proyecto de «ley ómnibus» denominado, con reminiscencias alberdianas, «Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, impulsa una revolución desregulatoria y de reformas de corte liberal, incluyendo las comunicaciones.

Sus cambios pueden verse como una ambiciosa refundación jurídica, económica y política del país, enmarcada en un clima de época y consenso social que avala la reducción del gasto público, la eliminación de normas burocráticas que coartan el desarrollo de actividades y la conveniencia de privatizar.

Pero, además de los apoyos, el proyecto suscita críticas por su delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, y en múltiples temas de importancia, calificada por los opositores como «suma del poder público«

En el oficialismo ven irónico que se quejen de autoritarismo quienes usaron profusamente los DNU en su momento, trataron al Congreso como una escribanía sin admitir debates o cambios a proyectos, actuaron activamente para deslegitimar o perseguir desde el Estado a la oposición o al periodismo, o bien simpatizan en forma activa con regímenes autoritarios externos.

Otras críticas opositoras apuntan al inmenso número de reformas del proyecto sin ser explicadas o fundamentadas, ni tampoco debatidas. Y se observa la reacción de algunos grupos o sectores cuyos privilegios se ven afectados.

Ley ómnibus de Milei: inconsistencias en comunicaciones

Al igual que el DNU 2023/70, las medidas sobre comunicaciones pueden considerase positivas en general, quizás con algunas excepciones en temas de promoción cultural. La profundidad y audacia de las reformas en algunos puntos es notable, pero en otros es muy limitada.

Esto puede deberse al trabajo de personas con distintos criterios o con grados dispares de conocimiento de normas o los diferentes rubros. En este contexto, aparecen inconsistencias. Si se derogaron o cambiaron normas consideradas como «intervencionistas«, ¿por qué no se eliminaron o reformularon otras más restrictivas?

En el DNU 2023/70 se cambiaban topes de redes de emisoras o se liberaba el mercado de comunicación satelital. Pero ni en ese decreto ni en este proyecto de ley ómnibus se modifican los mecanismos de adjudicación de licencias de radio y TV o regulaciones de contenidos.

Por ejemplo, no se puede abrir un nuevo canal de TV abierta en la ciudad de Buenos Aires. Y debe pedirse permiso para transmitir en red programas de Córdoba a Buenos Aires. Además, la música y las películas están sujetas a ciertos porcentajes.

Para concursar por una emisora de radio o TV, en una ubicación geográfica y en un lapso decididos en forma unilateral por el Poder Ejecutivo, debe presentarse una «propuesta comunicacional», con compromisos de programación en teoría inamovibles. Las publicidades deben ser autorizadas conforme a constatar su «producción nacional».

Todas estas disposiciones subsistentes, algunas quizás inconstitucionales en términos de libertad de expresión, alcanzan a radio, TV abierta y señales de cable, pero no a las plataformas, como los servicios sobre la red (OTT, sigla en inglés) o de streaming.

Con miles de opciones para elegir, en TV abierta y/o paga o Internet, esto tiene poco sentido. En todo caso puede beneficiarse vía impuestos a quienes ofrezcan contenidos originales o locales, aspectos que ni el DNU ni la ley ómnibus plantean.

La ley ómnibus mantiene el bloqueo para abrir un nuevo canal de TV abierta en la ciudad de Buenos Aires.

Otro tipo de inconsistencia son las reformas que alteran la arquitectura jurídica y pueden provocar vacíos normativos. Por ejemplo, la ley ómnibus deroga la Ley 23727 del año 1989, que convalidó el uso de antenas satelitales privadas.

Como ninguna ley posterior trató en forma explícita este tema, puede interpretarse que tras esta derogación se restablece la disposición de la Ley de Telecomunicaciones de la dictadura militar encabezada por Agustín Lanusse, sancionada en 1972, que prohibía esas antenas satelitales particulares.

Insólitamente y a pesar de la existencia de un DNU desregulatorio en el 2001 y leyes generales de medios (2009) y de telecomunicaciones (2014), varias veces modificadas, no se derogó nunca la ley de Lanusse, que sigue vigente, confundiendo el marco regulatorio general con disposiciones obsoletas.

Tampoco se deroga el DNU 2020/690 que declaró «servicio público» a las telecomunicaciones y estableció un control deficiente de precios, y que es rechazado por todos los actores del sector de las telecomunicaciones e Internet.

Ley ómnibus: empresas de comunicaciones para privatizar

La ley ómnibus menciona 41 empresas a privatizar, de las cuales casi el 25% del total tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones, y los medios. Se trata de:

• RTA (Radio Nacional y TV Publica).
• Los medios de las universidades de Córdoba (SRT) y Santa Fe (RUNL).
• Contenidos Públicos SE (Encuentro y otras señales).
• La agencia Télam.
• Arsat (telecomunicaciones).
• Correo Argentino.
• Educ.ar.
• EANA (navegación aérea).
• Polo Tecnológico Constituyentes SA.

Para concretar esas privatizaciones, la ley ómnibus remite a la Ley 23696 (1989), que establece los mecanismos para utilizar: licitación, concurso, remate o venta de acciones en bolsa.

También permite la «contratación (adjudicación) directa» si se hace en favor de empleados o «usuarios» de la empresa. Así se podría, por ejemplo, como lo mencionó el propio Milei en la campaña electoral, ceder Aerolíneas Argentinas a su personal por un peso.

La privatización «parcial» o «total», mencionada en la Ley 23696, podría interpretarse como que una misma empresa puede ser dividida en partes o unidades para su enajenación.

Esto ocurra posiblemente con RTA, compuesta por las 40 emisoras AM/FM de Radio Nacional, el canal TV Pública en Buenos Aires (con cobertura nacional) y otro en la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen (un excanal privado).

No suena lógico privatizar RTA entera. La disparidad entre sus emisoras, desde el imponente edificio de Canal 7 en la avenida Figueroa Alcorta en Buenos Aires hasta la modesta emisora radial en la ciudad neuquina de Chos Malal, hacen inevitable el déficit, aun con saneamientos de todo tipo.

Hay otras situaciones incongruentes: emisoras duplicadas de Radio Nacional en Mendoza (LRA6 y LV8) o Comodoro Rivadavia (LRA11 y LV4) que transmiten frecuentemente lo mismo.

Edificio de la TV Publica en una de las zonas más cotizadas de Buenos Aires.

Se estima que se privatizarán algunas frecuencias, pero no todas. Predios o terrenos quizás sean descartados o vendidos por los nuevos titulares. Y hasta podría ser que solo les interese el edificio, como el caso de la TV Pública en Buenos Aires.

Contenidos Públicos SE está a cargo de señales de cable como Encuentro, Paka Paka y otras parecidas. Estas señales tienen funciones más parecidas a las secretarías de Cultura y de Educación. Enajenarlas sería algo parecido a conseguir interesados para privatizar un museo o una biblioteca.

Ley ómnibus en comunicaciones: ¿hay opciones más creativas?

Podría haber otra opción, más creativa y que preserva un sector de la comunicación con objetivos culturales al margen del mercado. Se trata de privatizar los medios públicos en favor de una fundación no gubernamental, con independencia programática y de gestión.

Sin propaganda, sin carga alta para el erario, con profesionales, y que puedan beneficiarse con archivos o y personal competente. Este modelo implica un entramado de alianzas público-privadas, incluso con un aspecto competitivo para desarrollar contenidos educativos, culturales y artísticos, con ingresos propios y algunos aportes del Tesoro, pero también con donaciones, auspicios deducibles o venta de programas.

No es el modelo de la BBC, el servicio público de radio y televisión del Reino Unido, sino el de la TV Pública estadounidense, que ofrece en el país norteamericano medios públicos de alta calidad cultural, con participación privada e ingresos genuinos.

La agencia Télam, en cambio, no parece tener destino como entidad gubernamental. El presidente mexicano Andrés López Obrador, en las antípodas ideológicas de Milei, cerró su equivalente, Notimex, por su alto déficit y calidad baja. Con la ley 23696, Télam puede cederse por un peso a sus empleados o cerrarla.

Sede de la agencia Télam en Buenos Aires.

Hay una inconsistencia que es la privatización de las emisoras universitarias de Córdoba, que incluye al importante Canal 10, y de la Universidad del Litoral, pero no al resto de las cerca de 40 radios y televisoras universitarias del país.

Esto ocurre porque la lista de privatizaciones sólo incluye organizaciones constituidas en forma de «empresa», como las emisoras cordobesas y santafesinas, pero no actividades estatales adosadas a la administración central, como, por ejemplo, las rutas nacionales, que en algunos casos se privatizaron en el pasado. Este es un error importante del proyecto.

Volviendo a las emisoras universitarias, aunque algunas fueron reductos sectarios de propaganda, militancia y negocios políticos, otras cumplieron un rol plural cultural, como la propia Radio UBA (87.9).

No parece justo privar a las universidades de tener medios, como ocurre en casi todo el mundo. Pero no deberían distraer en forma desproporcionada recursos educativos y cumplir una función de extensión cultural, no de programación general.

Ley ómnibus: el futuro de Arsat

La empresa estatal Arsat tiene tres funciones:

• Operar dos satélites en posiciones orbitales reservadas al país.
• Operar una red terrestre interurbana mayorista de fibra óptica que llega a zonas apartadas.
• Operar los transmisores de la TV Digital Abierta (TDA).

Antenas satelitales de Arsat.

Arsat tiene actividades rentables y otras que no lo son. Sus dos satélites, ensamblados en el país con materiales críticos externos y lanzados desde el exterior, compiten con más de una docena de empresas internacionales, por lo cual su rentabilidad es baja. Sus principales usuarios son organismos estatales, desde canales de TV hasta loterías provinciales.

Quienes compren los satélites de Arsat solo podrán usarlos entre siete y ocho años más hasta el fin de su vida útil. Luego deberán lanzarse sus reemplazos, a un costo de 300 millones de dólares cada uno, para competir con múltiples satélites internacionales, desde bolivianos hasta canadienses.

Todos estos artefactos ya operaban en la Argentina antes de la desregulación satelital del DNU de Milei. Se trata de satélites de naciones donde recíprocamente puede operar Arsat, aunque en algunas de ellas casi no tiene clientes.

Menos glamoroso que los satélites, pero más relevante, es el caso de la fibra óptica. Arsat tendió una extensa red de fibra óptica interurbana que llega a lugares donde no arriban empresas privadas o llegan con vínculos de capacidad baja.

Esa red de Arsat es mayorista: no presta servicios a usuarios finales pero es crucial para que los pequeños proveedores, como pymes y cooperativas brinden Internet en sus pueblos. Esta es una función de promoción.

La privatización de Arsat podría derivar en el retiro de tramos de esos lugares, como el oeste de Formosa y el vínculo entre el continente y Tierra del Fuego, por su no rentabilidad o bien no continúe avanzando hacia zonas similares.

Camiones de Arsat llevan materiales para la Refefo.

Durante el menemismo, se les impuso a las telefónicas fijas la meta de funcionar en toda localidad de 500 habitantes o más, lo que llevó la telefonía a muchos pueblos que nunca la habían tenido.

Esas mismas metas de servicio de promoción se le podrían fijar a un futuro titular privado de Arsat para conectar a los proveedores de Internet de localidades aisladas. Arsat mantendría su rentabilidad con los trayectos atractivos de su red.

Casi todos los países del mundo tienen tramos de fibra óptica mayoristas promocionales para hacer llegar la banda ancha a lugares apartados. Pueden ser estatales, cedidos en concesión a privados o subsidiados, aun en naciones como los Estados Unidos.

La red de transmisores de la TDA de Arsat puede ser privatizada en favor de una empresa que le cobre a quienes la utilizan. Además de las señales estatales (TV Pública y otras), Arsat aloja «a dedo» y sin costo a señales «invitadas», desde Rusia Today y la venezolana Telesur hasta C5N, El Destape y aún LN+) al margen de la propia Ley de Medios.

El proyecto contempla más empresas a privatizar, así como otras reformas y desregulaciones. Todas aquellas que estén relacionadas en forma directa o indirecta con las comunicaciones serán analizadas en otro artículo de iProfesional.