El proyecto de Ley de Amnistía que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) negoció con los independentistas catalanes abarcaría a los dirigentes del ‘procés’ que declaró unilateralmente la independencia en 2017, a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por «Tsunami Democrátic» tras las condenas de fines de 2019.
Así consta en el texto, que acota la amnistía a un plazo que va desde el el 1 de enero de 2012, «año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista», y este 13 de noviembre de 2023, destaca un informe elaborado por la agencia Europa Press.
La iniciativa -que estará en el centro del debate político español antes, durante y después de su aprobación- también delimita los delitos que serán amnistiados, que incluyen los de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación, y alcanzará a los líderes independentistas que ya están condenados y a los que permanecen procesados en rebeldía y huidos de la Justicia.
A quienes beneficia
El texto no precisa nombres, pero la medida incluiría al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación.
También alcanzaría a los dirigentes condenados por desórdenes públicos tras la reforma, y a los legisladores condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal.
Respecto a los independentistas huidos, la amnistía beneficiaría al expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, sobre los que pesa una orden nacional de detención por delitos de desobediencia y malversación, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que permanece en Suiza procesada por un delito de desobediencia.
El proyecto de ley también contempla a los 35 ex altos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del plebiscito unilateral, a los que se reclama una suma que ronda los 10 millones de euros.
Por otra parte, la ley dejaría sin juicio oral a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista que, según la Audiencia Nacional, planearon ocupar el Parlament de Cataluña y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.
También en el seno de la Audiencia Nacional, la amnistía abarcaría a los 10 investigados por los disturbios presuntamente organizados por Tsunami Democràtic tras las condenas por el ‘procés’ en 2019, y que fueron desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en las calles de Barcelona.
La ley explica que quedan excluidos de la amnistía únicamente «los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el capítulo VII del Título XXII del Código Penal siempre y cuando haya recaído sentencia firme».
La causa de los CDR está pendiente de juicio y la relativa a Tsunami sigue en instrucción, por lo que no hubo fallo en ninguno de los dos casos.
