Diputados retoma el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará el martes próximo el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en una nueva convocatoria para que los magistrados puedan hacer personalmente su descargo, luego de que se los notificara de los cargos en su contra por varias causales de mal desempeño.
De esta manera, la presidenta de la comisión, la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, convocó para el martes a las 13 para que los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda puedan hacer su descargo de manera personal, si así lo deciden, sobre los cargos provisorios elaborados por ese cuerpo por mal desempeño de sus funciones.
La reunión se realizará luego de que Rosenkrantz y Rosatti respondieran el jueves, por separado, a la Comisión sobre los cargos provisorios por mal desempeño en su contra, en tanto que Maqueda y Lorenzetti optaron por no expedirse en torno al proceso hasta el momento.
Los cargos contra los integrantes de la Corte son por las causales de los fallos del 2×1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
En los escritos presentados el jueves, día en que vencía el plazo para que los magistrados puedan realizar sus respectivos descargos por escrito, los jueces rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre «la independencia judicial».
Por separado, Rosenkrantz y Rosatti respondieron a cada uno de los cargos por los cuáles se les inició la investigación preliminar en la comisión a cargo de Gaillard.
Entre otras cuestiones, Rosatti consideró que «durante el trámite de investigación se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitucional Nacional). Más allá de la naturaleza política de estos procesos, dichas garantías resultan plenamente aplicables, como surge de la clásica y consolidada jurisprudencia de esta Corte».
Según el titular de la Corte Suprema, «la gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado -de ser necesario- por la vía y en la oportunidad que corresponda. A tal fin hago reserva de interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que me asistan, incluido el previsto en el artículo 14 de la ley 48».
Por su parte, Rosenkrantz expuso que las denuncias por mal desempeño efectuadas en su contra y «los cargos provisorios que me formula la Comisión de Juicio Político en la documentación anexada al oficio se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria».
En el marco del proceso, en la última reunión, los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto, pidieron ampliación de pruebas y testigos en la causa relacionada con el pedido de juicio político impulsado por ese espacio a Ricardo Lorenzetti.
En la última reunión, realizada el 11 de octubre pasado, no se hicieron presentes los testigos que habían pedido desde espacio. Se trata del titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato; Gustavo Francisco Tita; Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Ricardo Lorenzetti, y Adrián Walter Miretti.
La intención del oficialismo es dictaminar en otra reunión posterior, que deberá realizarse antes del 20 de noviembre, ya que ese es el último día previsto para dictaminar.
Según el artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados, se establece que las comisiones «sólo podrán dictaminar sobre los asuntos sometidos a su estudio hasta el 20 de noviembre de cada año, salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos».
Hasta el momento, la Comisión analizó la mayoría de los expedientes sobre los pedidos de juicio político contra la Corte, con lo cual quedaría en condiciones de pasar a la firma del dictamen de acusación, que luego deberá ser aprobado en el recinto con dos tercios de los presentes.
El proceso se inició el 26 de enero pasado a partir de una decisión del oficialismo que luego se plasmó puntualmente en un pedido impulsado por el propio presidente Alberto Fernández junto a un grupo de funcionarios, gobernadores y legisladores del FdT, al considerar que existen «sobrados elementos como para avanzar» en ese proceso.
