Avanza en la Cámara de Diputados una ley que penaliza a los negacionistas de la dictadura
El Frente de Todos buscará avanzar en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en un acuerdo con bloques opositores para consensuar un proyecto que establezca penas ante las posiciones negacionistas del terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad, donde se propone, entre otras medidas, que no podrán ser candidatos a cargos electivos y sanciones de hasta 10 años para ocupar funciones públicas, así como la creación de un Observatorio de la Convivencia Democrática.
La intención del oficialismo es acordar un texto unificado en base al proyecto presentado en las últimos días por los organismos de derechos humanos, avalado desde el Gobierno, y un conjunto de iniciativas impulsadas por diputados del FDT que buscan evitar que puedan ser candidatos los dirigentes políticos que reivindiquen la dictadura cívico militar.
Los legisladores que presentaron proyectos para sancionar el negacionismo fueron los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta, Blanca Osuna, Carolina Moisés, Hugo Yasky y Carolina Gaillard, mientras que la legisladora massista Mónica Litza presentó una iniciativa para crear un Observatorio para la Convivencia Democrática.
Para reformar una ley electoral se requiere una mayoría absoluta de votos en la Cámara de Diputados (129 legisladores) y del Senado (37 senadores), con lo cual se necesitan amplios consensos para poder sancionar un proyecto como el que se propone.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky, dijo a Télam que el objetivo de las reuniones informativas «es avanzar en un consenso entre los bloques parlamentarios para tener un texto unificado», que estará basado en crear «un Observatorio para la Convivencia Democrático» para la «formación en materia de derechos humanos» y las «sanciones que tendrán los funcionarios públicos que tengan conductas y posturas negacionistas».
«Nosotros queremos tener un proyecto que cuente con el mayor consenso posible» destacó el legislador oficialista.
Para avanzar en el debate, la Comisión de Derechos Humanos convocó para este martes, a las 10, a los representantes de los organismos de derechos humanos para que expongan sobre el proyecto que presentaron el viernes pasado, titulado «Formación obligatoria en derechos humanos y sanción del negacionismo».
Allí proponen sanciones de hasta 10 años de inhabilitación para aquellos funcionarios que reivindiquen la dictadura.
Referentes de los derechos humanos
Ante la Comisión expondrán la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la titular de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida; y Charly Pisoni, integrante de la agrupación HIJOS.
También fueron invitados Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos; Luis María Alman Bornes, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; y Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
La del martes será la segunda reunión después de que este miércoles expusieron los abogados Pablo Llonto y Valeria Thus, y el sociólogo Daniel Feierstein, quienes plantearon que la solución no es aumentar las penas previstas en el Código Penal, expresaron algunos reparos vinculados a la libertad de prensa y se mostraron partidarios de insistir con la concientización del negacionismo en la sociedad.
El debate resurgió a partir de los cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA) al número de desparecidos en la última dictadura cívico militar y las críticas a la política de derechos humanos de los últimos 40 años.
Los organismos de Derechos Humanos proponen sancionar con una inhabilitación «absoluta» de cinco a diez años para ejercer cargos de funcionario a quien «negara, minimizara, justificara, legitimara o reivindicara los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país; y/o los genocidios reconocidos por el Estado argentino».
La iniciativa solicita que la misma pena se aplique a los candidatos a puestos electivos que reivindiquen el terrorismo de Estado durante la campaña electoral, un planteo que requiere una reforma de la Ley de Partidos Políticos.
También fija que no podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios, las personas con procesamiento por genocidio o crímenes de lesa humanidad.
El proyecto también establece la realización de una capacitación obligatoria a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en materia de derechos humanos, «con especial énfasis en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país; como así también en los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino».
«La capacitación está destinada a la totalidad de los/as funcionarios/as y empleados/as públicos/as de los tres poderes del Estado Nacional, ya sea que se desempeñen en forma permanente o transitoria, que hayan accedido por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, independientemente de su modalidad de contratación», fija que en el primer articulo del proyecto impulsado por los organismos de derechos humanos.
Además, fija que «las personas obligadas que no hubieran realizado la capacitación serán intimadas a hacerlo por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. La persistencia en la falta sin justa causa o el hecho de negarse explícitamente a cumplir con lo dispuesto dará lugar a la sanción disciplinaria pertinente», agrega.
Tras la exposición de los representantes de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos deberá definir si continúa la ronda de consultas o emitirá dictamen, pero lo más probable que no lo haga antes del balotaje del 19 de noviembre, según señalaron fuentes parlamentarias del oficialismo.
