La caída de la Junta, la vuelta de la democracia y el plan para justificar la represión

La nueva colección «Democracia 1983» del Proyecto Desclasificados echa luz, a través del análisis de documentos de organismos de inteligencia estadounidenses, sobre la evaluación que hicieron del proceso de transición democrática en Argentina, las acciones que marcaron la salida del poder de la Junta Militar y las perspectivas sobre los primeros pasos del gobierno de Raúl Alfonsín, a 40 años de los comicios que permitieron el retorno democrático en el país.

Los 129 documentos seleccionados se centran en el proceso político de los años 1982 y 1983, y dan cuenta de las comunicaciones diplomáticas, políticas y de inteligencia desclasificadas, principalmente del Departamento de Estado y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en torno al «contexto de incertidumbre» que transitó Argentina hacia el proceso electoral que culminaría el 30 de octubre de 1983.

Varios de esos documentos le dan centralidad a la gesta y posterior difusión en abril de 1983 del «Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo», la proclama política del discurso oficial militar que intentó justificar el accionar represivo a través de la noción de «guerra» en la que se «habían visto obligados a defender a la nación».

Al respecto, un cable del Departamento de Estado fechado en febrero de 1983 -dos meses antes de la difusión del Documento Final- hizo referencia a la iniciativa de la Junta que intentó resolver uno de los problemas «más explosivos» del retorno de la democracia: las desapariciones.

«La iniciativa de la Junta tiene por objeto solucionar uno de los problemas más explosivos en la planificación argentina del regreso a la democracia. Lo que está en cuestión es el destino de hasta 30 mil personas que desaparecieron durante la campaña antiguerrilla», expresó textualmente el documento.

También sostuvo que -según fuentes militares- la propuesta de documento «sería más una explicación de cómo y por qué se había realizado la campaña antiguerrilla» y no «una explicación detallada» de lo que pasó con «las personas oficialmente listadas como desaparecidas por los grupos de derechos humanos».

En este mismo documento, al igual que en otros de la colección, se hizo referencia a otro hito de ese año que sería la promulgación el 22 de septiembre de la Ley 22924 de Autoamnistía (o de Pacificación Nacional), un elemento de defensa jurídica clave para el intento de salida del poder con impunidad de una Junta Militar ya seriamente debilitada además por una profunda crisis económica.

«Grupos de derechos humanos ya se han opuesto a los indultos diciendo que las Fuerzas Armadas carecen de autoridad moral para absolverse de responsabilidad por los actos que cometieron», refirió al respecto y con seis meses de anticipación a la promulgación de la ley el documento desclasificado.

Según explicaron a esta agencia miembros del equipo interdisciplinario que trabaja desde 2019 en el Proyecto Desclasificados son numerosos los documentos que dan cuenta de las discusiones internas entre las fuerzas así como de «las reacciones adversas de los organismos, referentes políticos, religiosos y sociales».

Otro documento del Departamento de Estado fechado el 3 de mayo de 1983 relevó las reacciones mayoritariamente negativas a nivel nacional e internacional luego de la difusión del Documento Final y anticipó la autoamnistía con miras a las elecciones de octubre.

«La abrumadora reacción negativa al informe de la junta, tanto en Argentina como en el extranjero, asegura que la cuestión de las personas desaparecidas y la responsabilidad por posibles crímenes seguirá siendo explosiva durante algún tiempo», auguró el archivo desclasificado y afirmó que la inminente promulgación de la Ley de Autoamnistía «sólo aumentará la controversia actual».

«(Jorge Rafael) Videla admitió que las Fuerzas Armadas habían cometido errores ‘que casi excedieron los límites éticos’. Videla afirmó también que la lucha contra el terrorismo de izquierda no podría haberse abordado de forma distinta a la adoptada«, informó aquel documento sobre los dichos de uno de los máximos responsables del terrorismo de estado.

Un documento de la CIA del 3 de septiembre de ese mismo año describió las crecientes tensiones internas entre las Fuerzas Armadas y con sectores de la Policía por denuncias en curso, y señaló la presión explícita de oficiales de la Armada para la sanción de la Ley de Autoamnistía.

«Los oficiales de la Marina comenzaron a hacer lobby para la aprobación inmediata de la Ley de Autoamnistía«, detalló el cable de la CIA y adujo que la «actitud de los oficiales» de la Armada se encontraba fundada en «los procedimientos judiciales civiles contra el Almirante retirado Emilio Massera» y por el «involucramiento de la Escuela Mecánica de la Armada en la campaña antisubversiva de los años 70′».

También el documento comunicó que miembros del Ejército y la marina se estaban «molestando mucho como resultado de varios escándalos y casos judiciales que implican a miembros de alto rango de sus servicios».

«Los doscientos oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que actualmente enfrentan cargos por excesos cometidos durante la campaña antisubversiva han amenazado con contactar a los periodistas e implicar a otros miembros del personal de las Fuerzas Armadas en estos incidentes», detalló el documento desclasificado.

Además indicó que «policías federales y provinciales que fueron llamados a declarar en relación con acciones legales iniciadas por familiares de personas desaparecidas» estaban «presionando al Ejército para que los proteja», dado que «actuaron bajo su control operativo» durante el terrorismo de Estado.

«Lo primero que surge del análisis de estos archivos es lo que nosotros después -con la historia a nuestro favor- sabemos sobre ese quiebre definitivo de la legitimidad de la Junta Militar, que está presente en los documentos que son contemporáneos al tiempo histórico y dan cuenta de un contexto de mucha incertidumbre», dijo a Télam Federico Ghelfi, coordinador del Área de Investigación del CELS e integrante del Proyecto Desclasificados.

Y remarcó: «Se efectúan lecturas a través del monitoreo de los agentes de inteligencia y diplomáticos, de cómo se desarrollaría finalmente todo el proceso e inclusive si el gobierno de (Raúl) Alfonsín tendría el poder político suficiente para llevar a cabo las propuestas de campaña vinculadas fuertemente a los derechos humanos».

Una vez efectuados los comicios del 30 de octubre de 1983 que ungieron como presidente al candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), y tras su asunción el 10 de diciembre, el Congreso derogó antes de fin de año la Ley de Autoamnistía.

Otro de los documentos, en este caso del Directorio de Inteligencia de la CIA, fechado en diciembre de 1983, efectuó un análisis del contexto complejo de la asunción de Alfonsín, delineó los principales desafíos y perspectivas del nuevo gobierno e inclusive esbozó una serie de escenarios futuros posibles.

«La sorprendente victoria electoral del presidente Alfonsín sobre los peronistas, combinada con su voluntad de llegar a acuerdos y el desorden dentro del ámbito militar, debería darle al menos seis meses de gracia para introducir reformas«, vaticinó el informe estadounidense.

Asimismo, la agencia de inteligencia argumentó que Alfonsín tenía «ventaja sobre los militares que dejan el cargo después de siete años de fracaso económico, violaciones masivas de derechos humanos y la amarga derrota de las Malvinas el año pasado».

Además pronosticaron que «para impedir la intervención militar en política» era «probable» que el presidente radical hiciera «concesiones en dos cuestiones críticas para los militares, derechos humanos y corrupción, dejándolos en manos de los tribunales para investigar y decidir».

Sobre la propia figura de Alfonsín, el directorio de la CIA sostuvo que «el nuevo presidente de 56 años» había «demostrado coraje y paciencia» para «perseguir un compromiso de por vida con los ideales democráticos, los derechos humanos y la justicia social» y que su «reputación le permitió postularse como un hombre decente y honesto que ofrecía una genuina alternativa al peronismo».

«Sobre la base de su trayectoria, creemos que Alfonsín tiene la capacidad y el temperamento para moderar su retórica de campaña, adaptarse a las realidades políticas y, en la medida que pueda, caminar sobre la cuerda floja siendo fiel a sus principios mientras trabaja para unir las fuerzas dispares que componen la sociedad argentina», se sostuvo en el informe.