Especialistas celebraron la aprobación del Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027, que fue publicado este martes en el Boletín Oficial, el cual propone políticas públicas centradas en las personas, sus comunidades, vínculos y contextos, y advirtieron que se deberá trabajar sobre la implementación de la norma en cada una de las provincias.
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El Plan Nacional, junto a la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos planteada el año pasado, propone políticas públicas centradas en las personas, sus comunidades, vínculos y contextos, «entendiendo a la territorialidad en el marco del abordaje comunitario y las políticas de proximidad para garantizar la continuidad de cuidados desde una perspectiva de salud integral», según explicó la publicación.
«El plan cumple con todos los requisitos para ser una continuidad con el plan nacional anterior que era del 2013 y con los principios básicos de la Ley de Salud Mental, que están fundamentados en una serie de principios internacionales», dijo a Télam la reconocida psicóloga Alicia Stolkiner, titular histórica de la cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA, y valoró que la nueva norma «refuerza la cuestión de género y diversidades».
«Hay que destacar el modelo de atención centrado en la persona, se enfatiza mucho la estrategia y el modelo de salud mental comunitaria, con mucho fortalecimiento en los primeros niveles de atención», explicó Stolkiner y comentó que «hubo un aviso de un incremento importante en el gasto salud mental» en el presupuesto.
La resolución, que lleva el número 1997/2023, además de aprobar el proyecto estableció que el área ejecutora será la Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y Consumos Problemáticos (dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos de la Secretaría de Calidad en Salud), que tendrá la responsabilidad de instrumentar y conducir el Plan.
«Esta crisis se suma a una deuda histórica que nuestro país tuvo con el campo de la salud mental en general, y con las personas con padecimiento mental en particular», explicó la resolución.
En este contexto, el plan propuso «abonar al camino de saldar esa deuda en el marco de un proyecto socio-sanitario centrado en las personas en sus comunidades, vínculos y contextos, entendiendo a la territorialidad en el marco del abordaje comunitario y las políticas de proximidad para garantizar la continuidad de cuidados desde una perspectiva de salud integral».
«Ello implica también incorporar un enfoque de cursos de vida, especialmente para incluir a niñeces y adolescencias como sujetos protagónicos de la transformación en salud mental», indicó.
En el prólogo del Plan se advirtió que la pandemia del Covid-19 «ha trastocado la vida de las comunidades, las familias y las personas en forma global, tanto por la pérdida de vidas, como por las consecuencias sobre las condiciones socioeconómicas, los cambios en las pautas de vida cotidiana, la inserción en los espacios de pertenencia y los vínculos en general».
En ese sentido, Stolkiner opinó que la pandemia «produjo un aumento de las formas de manifestación del sufrimiento psíquico de las poblaciones».
La psicóloga explicó también que la situación económica impacta sobre la salud mental de las personas.
«La pandemia fue un factor pero también lo es la inflación, que es determinante porque se trata de la transformación acelerada de las condiciones de vida, de producción y de trabajo de la gente», afirmó.
«El plan y la Ley Nacional de Salud Mental son de avanzada, pero como todo en nuestro país habrá que hacer foco en la implementación, ya que hoy en día se ve como se aplica de distintas maneras en algunos lugares del país a diferencia de otros»Alicia Stolkiner
El Plan publicado en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, es el resultado de un trabajo de elaboración colectivo llevado adelante en once rondas consultivas realizadas desde noviembre de 2020 a marzo de 2021 con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las y los responsables de Salud Mental y Consumos Problemáticos de las 24 jurisdicciones del país y el Órgano de Revisión Nacional de la Ley 26.657.
También participaron de estos encuentros el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones con las 30 organizaciones que lo componen, 14 organizaciones de personas usuarias y familiares vinculadas a los servicios de Salud Mental, ocho asociaciones de profesionales del mismo campo, 12 organismos públicos entre los cuales se encuentra la Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina), cuatro organizaciones de la sociedad civil, dos sindicatos, 10 espacios académicos y 10 expertas y expertos en la materia, además de diversas áreas del Ministerio de Salud de la Nación.
«El plan y la Ley Nacional de Salud Mental son de avanzada, pero como todo en nuestro país habrá que hacer foco en la implementación, ya que hoy en día se ve como se aplica de distintas maneras en algunos lugares del país a diferencia de otros», concluyó Stolkiner.
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