El debate sobre una ley antinegacionista se reflotó tras el acto de Victoria Villarruel
El acto que la diputada libertaria Victoria Villarruel realizó el lunes pasado en la Legislatura porteña, denominado «Homenaje a las víctimas del terrorismo», vuelve a traer a debate la posible sanción de una ley antinegacionista para «ponerle un límite» a los funcionarios públicos y generar un «reaseguro» de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
La convocatoria encabezada por la candidata vicepresidencial de La Libertad Avanza (LLA) generó ese mismo día una marcha en su rechazo y el repudio generalizado de organismos de derechos humanos junto a organizaciones sindicales, políticas y sociales.
Frente a la proliferación de este tipo de discursos, vuelve a aparecer en escena la posibilidad de que Argentina sancione una ley antinegacionista y que se avance en un consenso en torno a alguno de los proyectos sobre los que se está trabajando.
La directora de Memoria Abierta e integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Verónica Torras, distinguió dos modalidades entre la «decena» de proyectos que se vienen presentando en el Congreso desde 2016 sobre esta temática.
«Hay proyectos que eran indiscriminados en términos de quién podía ser el sujeto de aplicación de la ley y planteaban como agravante el caso en que el delito fuera cometido por un funcionario público. Preveían además una sanción de prisión, y definían el tipo penal de modo relativamente abierto bajo la categoría de genocidio«, señaló, en diálogo con Télam.
En esa categorización podrían ser incluidos tres proyectos de ley, que actualmente tienen estado parlamentario, presentados por los diputados del Frente de Todos (FdT) Eduardo Fernández, Estela Fernández y Carolina Moisés, que incorporan el delito de negacionismo al Código Penal con sanciones del tipo penal que incluyen la prisión, y que se agravan en el caso de los funcionarios públicos con la inhabilitación del cargo.
Las propuestas plantean tiempos similares de prisión, a partir de los dos o tres meses -dependiendo la iniciativa- hasta los dos años, pero en el caso del proyecto de la diputada jujeña Moisés esta condena se restringe a los funcionarios públicos, agentes de las fuerzas de seguridad o integrantes de las Fuerzas Armadas que nieguen o reivindiquen crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Sobre la otra modalidad, Torras explicó: «Son más acotados, restringen el tipo únicamente a los funcionarios públicos y no plantean la prisión como sanción sino la inhabilitación o destitución. Por otro lado, incluyen un componente fuerte vinculado al fortalecimiento y la protección de las políticas de Memoria, de Verdad, y de Justicia».
Este tipo de iniciativas contemplaría entonces la incorporación al Código Penal del negacionismo como delito agravado pero con la aplicación de multas y la inhabilitación o pérdida del cargo del funcionario.
Torras destacó que si bien todavía «no hay ningún proyecto presentado formalmente por los organismos de derechos humanos», existe uno sobre el que «está trabajando» la organización HIJOS, que seguiría esta última modalidad.
Pese a que la integrante de la Comisión Directiva del CELS aclaró que esta institución «analizará cada proyecto de manera puntual», opinó que un tipo de iniciativa «acotada a los funcionarios públicos, que descarte la prisión y defina con rigurosidad el tipo penal, podría funcionar para poner un límite» a las expresiones relativistas del terrorismo de Estado, además de generar un «reaseguro que proteja el proceso de Justicia que hasta aquí ha tenido Argentina con un apoyo transversal importante de diferentes fuerzas políticas y un apoyo social muy fuerte«.
«En función de todo lo que el Estado argentino ha avanzado en materia de justicia y de verdad por la Comisión de Verdad, por la Conadep y por todos los juicios, desde el Juicio a las Juntas hasta los que todavía se siguen desarrollando, hay una producción de prueba realizada por el Estado a partir de este proceso de verdad y justicia que hace que esta verdad sea incontrovertible para los funcionarios públicos», explicó.
Y valoró que «una ley de este tipo podría proteger este proceso para su transmisión a futuras generaciones sin ser objeto de falseamiento o tergiversación«.
Pero igualmente, para Torras, la normativa sería «una herramienta más» porque, en realidad, dijo, hay que «trabajar desde una perspectiva no penal, más vinculada al trabajo de prevención, educación, formación, de política pública de memoria, de sitios de memoria, que justamente fortalezca el debate público sobre estos temas».
«Pensar solamente en las restricciones es insuficiente, necesitamos ampliar y no restringir la conversación social sobre lo que pasó durante el terrorismo de Estado: por qué pasó, qué impactos tuvo y tiene todavía en el presente», agregó.
Frente a la proliferación de discursos que banalizan el terrorismo de Estado, Torras consideró que «justamente en este contexto se está revisando si las estrategias que hemos tenido hasta ahora han sido suficientes o es necesario pensar algún tipo de refuerzo».
Y sobre la posibilidad de avanzar con alguna iniciativa, reflexionó que «si se aprobara una ley de este tipo debería ser con consensos más o menos transversales, como los que se han logrado hasta aquí para llevar adelante el proceso de Memoria, Verdad y Justicia».
