el inquietante riesgo que asume Massa

Al final, podría hacerse realidad el peor temor de Sergio Massa: que justo en la previa de las elecciones se produzca una disparada simultánea en los precios y en el dólar paralelo, echando por tierra con la precaria estabilización lograda en los últimos meses. Ocurre que las medidas que se le proponen al Fondo Monetario Internacional como alternativa para esquivar una devaluación, no lograrían evitar del todo el peor efecto de la depreciación de la moneda, que es el contagio a los precios domésticos.

Esta es, al menos, la advertencia que están haciendo los economistas, los empresarios del negocio agropecuario y los comerciantes en general, que se preparan para un encarecimiento de sus insumos.

El nuevo impuesto que se aplicará a las importaciones tiene un doble cometido: por un lado, desestimular las comparas de todo producto «no esencial», de manera de cuidar las castigadas reservas del Banco Central; y por otra parte, contribuir con una nueva fuente de ingresos a la caja de la AFIP, que viene cayendo en términos reales a un ritmo de 3% interanual.

La solución pergeñada por los asesores de Massa es, tal cual se venía hablando desde hacía tiempo, un desdoblamiento del cepo cambiario, con el efecto equivalente a una devaluación parcial.

Así, para algunos productos -energía, principalmente- el dólar relevante seguirá siendo de $270, mientras que para otros de una categoría intermedia de insumos industriales rondará los $300 y, finalmente, para los considerados suntuarios trepará a $350.

Tomando como referencia la composición de las importaciones de junio -que totalizaron u$s7177 millones- esto implica que se aplicaría el impuesto al 85,6% que no es combustibles. Eso dejaría una base de u$s6.142 pasible de tener subas.

En caso de que la exoneración se hiciera extensiva también a alimentos importados -considerando en un sentido amplio todas las compras de carnes, pescado, productos lácteos, frutas, cereales, semillas, forrajes, grasas y aceites-, entonces eso dejaría fuera del alcance del nuevo gravamen a un 14% del total importado.

Aun así, al menos unos u$s5.200 millones -un 70% del total importado- tendría algún grado de encarecimiento. De ese monto, más de un tercio pagaría la alícuota más alta por tratarse de bienes de consumo final, autos o productos no esenciales.

En definitiva, la medida pensada para no devaluar tendría un efecto de encarecimiento directo sobre no menos del 70% de las importaciones, cual seguramente se verá reflejado en los precios al consumidor, dado que muchos empresarios no cuentan con margen suficiente como para absorber un aumento súbito de los costos.

Pero, además, entre los bienes importados que se encarecerán debe contarse a los rubros de bienes intermedios y a las piezas y accesorios para bienes de capital, lo que significa que la industria nacional que produce para el mercado interno también tendrá un encarecimiento en su costo operativo porque el impuesto recaerá sobre parte de sus insumos.

Los analistas del mercado ya se descuenta el impacto inflacionario. Un informe de Fundación Mediterránea apunta que desde diciembre de 2021, los precios de importados subieron un 227% contra un tipo de cambio que subió un 144% y un contado con liquidación que aumentó en 135%.

«El tipo de cambio implícito de los productos importados sería entonces de $ 320, una brecha de 20,3 % sobre el tipo de cambio oficial. Este dato es muy relevante, en caso que se confirme que una de las medidas en ciernes es la generalización del Impuesto País», señala el informe.

Un desdoblamiento en carpeta

Por cierto que nada de esto es algo que desconozcan los funcionarios del equipo de Massa. Después de todo, fue el propio viceministro Gabriel Rubinstein quien, antes de ocupar el cargo, ya abogaba abiertamente por un desdoblamiento en el cepo cambiario.

En aquel momento, los economistas notaron que el cepo en su segunda versión tenía menos eficacia y un desgaste más rápido que el cepo «original» de Cristina Kirchner: mientras en la primera experiencia la brecha entre el blue y el tipo de cambio oficial era de 45% tras cuatro años de aplicación de los controles, en la nueva versión bastaron pocos meses para que se superase el 70% de brecha.

Actualmente se ubica en 88%, y el temor de los funcionarios es que se aproxime al pico de 118% que se había registrado en la reciente corrida de abril.

El viceministro Gabriel Rubinstein, ideólogo del nuevo esquema cambiario, viene advirtiendo sobre la necesidad de encarecer importaciones «suntuarias»

Rubinstein, al ser convocado por Massa hace un año, compartía la visión de que no se debía devaluar, pero sí modificar el cepo de tal forma que el Banco Central no siguiera sufriendo una sangría de reservas en importaciones de productos suntuarios. Y lo expresaba con elocuencia en un artículo de opinión, cuando todavía Silvina Batakis ocupaba el sillón del quinto piso del palacio de Hacienda.

«Si se nos permite ahorrar, viajar al exterior, pagar con tarjeta afuera, al valor de un dólar diferente al del MULC (por ejemplo un mercado MEP), OK. Si con eso, y alguna medida adicional se descomprime la compra de insumos y bienes importados de uso corriente y extendido (por ejemplo ¡café!), se entiende en esta economía en ‘emergencia’, que coquetea con la hiperinflación», argumentaba el hoy viceministro.

Su visión era que la restricción de importaciones era una de las peores medidas que se podían tomar, porque obligaba a muchas empresas a usar sus propios dólares para importar, lo que llevaba a que los costos de producción o comercialización quedaran valuados al del mercado MEP. Es decir, que la inflación actual ya contuviera el efecto de una devaluación para productos de consumo masivo.

Más costo financiero para importar

Un año más tarde, aquellos temores de Rubinstein se convirtieron en una profecía autocumplida, porque ya buena parte de los importadores deben acceder al crédito privado para poder pagar sus obligaciones con el exportador, lo cual agrega un costo financiero a la operación de comercio exterior.

Se estima que ya supera la cifra de u$s11.000 millones la deuda que el Banco Central tiene con importadores, por la diferencia entre las compras devengadas en la estadística del Indec y la efectivamente pagadas. Ante la falta de divisas, las empresas se han visto obligadas a financiarse con crédito comercial de muy corto plazo, una situación cuyo impacto pleno recién se va a sentir el año próximo.

Como complemento de esta situación, Massa está redoblando la presión sobre los exportadores para que apuren la liquidación de las divisas, bajo amenaza de sanciones.

Fue el director de Aduanas, Guillermo Michel, uno de los colaboradores de mayor confianza del ministro/candidato, quien dejó en claro el nuevo mantra oficial: «El que quiere dólares para importar, primero tiene que liquidar sus divisas en el país; hasta tanto no regularice eso, no va a tener la capacidad económico financiera para poder acceder».

La estimación oficial es que son unos u$s3.100 millones que están en esa situación de retraso en la liquidación.

El nuevo dólar preferencial para el agro también podría tener impacto inflacionario al encarecer actividades conexas, advierten en el campo

Efecto negativo en el dólar agro

Pero el impuesto a la importación no es la única medida con posible correlato inflacionario. También el dólar especial para el agro -otra medida pensada para adelantar la liquidación de divisas y para recaudar más por concepto de retenciones a la exportación- podría tener su coletazo sobre los precios internos.

Un efecto inmediato del incremento del precio de estos productos agrícolas podría ser el aumento en el costo de actividades asociadas, como la ganadería y la lechería, que utilizan al maíz y otros productos del campo como insumo para la alimentación animal.

Lo peor de la situación es que los supuestos beneficiarios de la medida tampoco se muestran muy entusiasmados, y así se lo hicieron saber el viernes a Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en su presentación en la Rural de Palermo.

«Este tipo de medidas dejan al descubierto los desequilibrios macroeconómicos de nuestro país. Si hay un nuevo dólar diferencial, seguiremos con parches que benefician a algunos y perjudican a otros. Las medidas tienen que generales y beneficiar a todo el sector», dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, en el acto de inauguración.

Cambio de clima para Massa

Lo cierto es que lo que se presumía que sería un final de campaña estable para Massa podría traer algunas complicaciones imprevistas. Mientras se aguardaba la definición de las negociaciones con el FMI, el dólar blue seguía escalando hasta cerrar el viernes en $529.

Y, de hecho, los economistas creen que esto ya está teniendo su impacto sobre los precios.

«La inflación ya se vio afectada por la suba del dólar blue y la expectativa de un incremento del tipo de cambio oficial. Bajo las condiciones actuales, vemos difícil que se pueda sostener la desaceleración de la inflación durante el mes de julio», observa un reporte de la consultora LCG.

Esta sensación del mercado se contradice con la expectativa oficial de que en el próximo IPC se repita la tendencia a la moderación que se vio en junio, cuando se produjo una caída de 1,8 puntos respecto del registro de mayo.

Massa confiaba en el efecto estacional favorable, sobre todo por el abaratamiento relativo de la carne, que por un exceso de oferta está tirando hacia abajo el promedio del rubro alimentos, el de mayor ponderación en la canasta del Indec.

Sin embargo, la escasez de dólares y la renuencia del FMI a firmar un acuerdo antes de que el panorama político argentino esté más claro están obligando a medidas que lograrán el objetivo a medias: no tendrán el impacto traumático de una devaluación «de verdad», pero no podrán impedir que los precios sientan el efecto de la devaluación indirecta.