Repudian las ‘amenazas’ de Morales y señalan su violación a artículos constitucionales
Referentes de la Multisectorial contra la reforma constitucional de Jujuy repudiaron este martes las “amenazas y las intimidaciones públicas» del gobernador Gerardo Morales contra los sectores que se oponen al texto aprobado y afirmaron que “el trámite se apresuró desmedidamente» a raíz de su precandidatura a vicepresidente en la interna de Juntos por el Cambio.
Además, anunciaron que pedirán una certificación de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a que “hay pruebas” respecto a que se vulneraron artículos constitucionales como ser la publicación de la declaración de la necesidad de reforma y la convocatoria a elecciones, lo cual «invalida todo el proceso» realizado.
En una conferencia de prensa brindada este martes, referentes de la Multisectorial -que integran sindicatos, organizaciones sociales, campesinas, de derechos humanos y comunidades indígenas- plantearon en un comunicado los diversos aspectos que dan origen a su rechazo a la reforma constitucional aprobada y jurada el 20 de junio en la Legislatura provincial, en cuyos alrededores se desató ese día una represión que duró cuatro horas con más de 50 detenidos y numerosos heridos.
La Multisectorial solicitó a la ciudadanía su colaboración «para demostrar la irregularidad» cometida en el proceso de reforma
“Señor gobernador, no es como usted dice, para decir lo que quiere decir es evidente que necesita una puesta en escena bien orquestada más cercana a la propaganda electoral o una entrevista organizada por sus compinches y de una prensa obsecuente», indicó la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa, al dar lectura a un comunicado de la Multisectorial.
La dirigente gremial se refirió a las declaraciones de Morales del viernes y lunes pasados a través de «un discurso grabado y una entrevista pautada», en las que “continuó con las amenazas y las intimidaciones publicas hablando para una audiencia ajena a la provincia que gobierna”.
Asimismo, le recordó que “hace más de un mes amplios sectores sociales sin pertenencia política partidaria vienen reclamando para que se anule una reforma constitucional viciada y nula desde sus orígenes hasta su aprobación que, además, carece de consenso social”.
Además, marcó que “el inicio de este conflicto fue porque usted fue el que metió la política partidaria nacional en los asuntos de Jujuy dado que el trámite de la reforma se apresuró desmedidamente a raíz de su candidatura en la fórmula presidencial”.
Por su parte, la secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc), Susana Ustárez, afirmó que la gestión de Morales «nunca incluyó el diálogo sincero y honesto” para las negociaciones paritarias que “siempre fueron impuestas” y tampoco garantizó la “consulta previa libre e informada no solo a las comunidades que tienen un derecho constitucional a ello sino para ningún otro actor de la sociedad jujeña”.
“Impone multas con trámites exprés, sin derecho a la debida defensa. Impone luego anuncia que dialoga, es decir, primero voltea, criminaliza y defenestra y luego ofrece un diálogo casi magnánimo a quienes no entienden nada”, aseveró.
La dirigente acusó a Morales de gobernar una provincia que “tiene el primer puesto en cuando a provincias con mayor nepotismo”.
Por otro lado, la Multisectorial solicitó a la ciudadanía su colaboración «para demostrar la irregularidad» cometida en el proceso de reforma.
Los representantes de la multisecorial pedirán una certificación de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a que “hay pruebas” respecto a que se vulneraron artículos constitucionales como ser la publicación de la declaración de la necesidad de reforma y la convocatoria a elecciones
“No está la publicación sobre la necesidad de declaración de la reforma y la convocatoria a elecciones en los diarios locales desde el 24 de noviembre hasta el 25 de enero. El Gobierno no publicó esa noticia”, expresó el secretario adjunto del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), Santiago Seillant, sobre el plazo de sesenta días para realizar tal publicación.
El dirigente apuntó que, según el artículo 98 inciso 3 de la Constitución de 1986, dicha publicación debería haberse hecho en el boletín oficial y en los dos diarios locales de la provincia, en virtud que “es un requisito fundamental para que toda la convención sea válida”.
“Necesitamos que aporten las versiones impresas de los dos diarios locales porque eso va a ser la prueba de la presentación que vamos a hacer ante la Corte Suprema para denunciar esta irregularidad que le da nulidad a todo el acto y a todo lo que están actuando tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial en nombre de la nueva constitución”, insistió.
